La Corte se endureció con el Consejo después de recibir la queja de los jueces

El presidente de una cámara federal, un hombre de los menos politizados de la Justicia, salía el mes pasado del despacho del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y le dijo a LA NACION: "Le acabo de pedir a Lorenzetti que necesitamos que el Consejo cubra las vacantes, de una vez por todas".

El doctor Javier Leal de Ibarra viaja todas las semanas desde Comodoro Rivadavia, donde tiene su despacho de camarista federal, hasta el juzgado de primera instancia de Río Gallegos, a 800 km de distancia, donde también trabaja como juez.

En Salta y en Jujuy, donde deberían estar trabajando seis jueces federales, sólo hay dos en funciones. ¿Quién se hace cargo del juzgado federal de Orán, un juzgado complicado por el tráfico de drogas que hay en la zona y que está a seis horas de un incómodo viaje en auto? Y en los tribunales civiles y laborales que funcionan en la Capital Federal, falta nombrar más de 70 jueces.

Son sólo algunos ejemplos de la difícil situación por la que atraviesa la Justicia, un problema que esta semana llevó a la Corte a formularle un muy duro cuestionamiento al Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de hacer los concursos para cubrir las vacantes.

Antes, los juzgados vacantes eran cubiertos por secretarios judiciales y abogados. Pero eso sirvió al kirchnerismo a provocar renuncias y a colocar abogados amigos en cargos claves. Por eso, la Corte, en el caso Uriarte, de noviembre último, resolvió que un juez renunciante sólo puede ser reemplazado provisionalmente por un juez, de otro tribunal -que a veces está a cientos de kilómetros- o por un magistrado jubilado. Pero ese fallo, jurídicamente correcto, no fue un buen remedio.

El problema de la falta de jueces continúa y se reitera en todas las latitudes: de los 979 cargos judiciales, están vacíos -por renuncias, muerte o juicio político- 255 juzgados y tribunales. Y si la Justicia es lenta, esta situación la complica aún mucho más, a tal punto que, por falta de jueces, tal vez se demoren algunos juicios orales donde se dilucidarán causas de corrupción.

Ese fue el principal motivo que llevó al severo cuestionamiento del alto tribunal al Consejo: la necesidad de buscar una solución urgente a un problema grave.

Es cierto que en la Corte se acumulan muchos años de fastidio con el Consejo. El tribunal nunca vio con buenos ojos cómo ese organismo realiza los concursos o administra la Justicia. Y en los últimos 15 días quiso marcar diferencias: el administrador de la Corte, Héctor Marchi, encabezó un acto junto con Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda para demostrar frente al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, que la situación financiera del tribunal es impecable y superavitaria.

Internas e ineficiencias

Algunos ministros de la Corte -incluso los que tienen una lectura más política de la Justicia- creen íntimamente que el Consejo de la Magistratura está demasiado atravesado por intereses partidarios y sectoriales y que se volvió un organismo pesado y altamente ineficiente.

Tal vez, ese prejuicio sea lo que haya llevado a formular el reclamo al Consejo con un estilo muy particular, que asombró a los consejeros: lo hizo mediante una nota pública, inusualmente dura y que, además, lleva la firma de los cinco ministros del tribunal. "Nunca vi que la Corte dirija una simple nota al Consejo con la firma de todos los jueces. A veces hubo fallos exhortando al Congreso, firmados por todos. Pero una nota con las cinco firmas expresa cierto malhumor", dijo uno de los funcionarios que más conoce a la Corte por dentro.

Pero, más allá de cualquier interpretación, lo cierto es que la decisión de la Corte no estuvo fundada en una especulación política, sino que fue la respuesta a un grave problema que afecta a los tribunales.

El Consejo no se quedó callado y, anteayer, el presidente del organismo, Miguel Piedecasas -de muy buena relación con la Corte- decidió enviarle una nota al alto tribunal aclarando la situación de los concursos: este año, el organismo ya envió 31 ternas al presidente Mauricio Macri, y tiene otros 31 concursos en trámite. Una forma de decir que se está moviendo para cubrir las 255 vacantes existentes.

En realidad, las demoras del organismo tienen muchas explicaciones: muchos jurados, que son sorteados para hacer los concursos, no quieren aceptar el cargo.

El mecanismo de los concursos es extremadamente lento, porque está lleno de impugnaciones y muchas veces la situación de concursantes que se copian o tienen una filtración de los futuros exámenes lleva a situaciones insólitas.

Pero también la política kirchnerista tuvo su peso y, en los años más duros de su gestión, Cristina Kirchner no tuvo interés alguno en impulsar los concursos: en 2011, el Consejo sólo envió a la entonces presidenta seis ternas; en 2012, 17; en 2013, siete y en 2014, 15 ternas. Con la presidencia de la camarista Gabriela Vázquez, que fue cercana al FPV, en 2015 la eficiencia fue mayor: elevó 21 ternas.

Para entonces, el kirchnerismo ya había formado un cuello de botella, que ahora el Consejo, en su composición actual -donde el FPV es minoría- intenta solucionar, sin lograrlo completamente todavía.

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