La Corte cambió de posición y decidió que el 2x1 no es aplicable a los represores

La Corte Suprema resolvió, por cuatro votos contra uno, que el beneficio del 2x1, que computa doble cada día de prisión preventiva, no es aplicable a los responsables de delitos de lesa humanidad.

Lo decidió en el caso de Rufino Batalla, que era personal civil de inteligencia y fue condenado a 13 años de prisión, entre otros crímenes, por el asesinato de Laura Carlotto, hija de Estela, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

El único ministro de la Corte que votó en disidencia fue el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz. La mayoría cambió, así, el criterio establecido en el caso Muiña, el 3 de mayo de 2017. En aquel fallo, por tres votos contra dos, la Corte había entendido que el 2x1 era aplicable también a los represores porque la ley no hacía excepción alguna que dejara fuera del recálculo a los delitos de lesa humanidad.

La mayoría se conformó con los votos de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que mantuvieron su postura de Muiña, cuando habían quedado en minoría, y los de Horacio Rosatti y Elena Highton, que modificaron su criterio invocando una ley sancionada por el Congreso, con posterioridad a Muiña, que sostuvo que el 2x1 no era aplicable a crímenes de lesa humanidad.

Si bien este fallo solo se aplica al caso para el que fue dictado -el de Batalla-, hay unos 140 condenados por delitos de la última dictadura que esperaban ver qué decidía la Corte porque estaban en una situación similar a la suya, de acuerdo con los cálculos que hacían fuentes del Gobierno.

En el voto que fue determinante para el cambio de criterio, Rosatti y Highton advirtieron que la nueva ley que se expidió sobre el 2x1 había sido sancionada casi por unanimidad y promulgada por el Poder Ejecutivo "sin objeciones". Que era sin dudas una norma "interpretativa" y que, por ende, era válida.

Afirmaron que el Congreso tiene la prerrogativa de dictar leyes "aclaratorias o interpretativas" para explicar cuál fue "su genuina voluntad" en la sanción de una norma anterior. Lo destacaron como una sana atribución de los legisladores en virtud de la división de poderes.

Rosatti y Highton consideraron que la nueva ley era "interpretativa" porque -argumentaron- no modifica la legislación preexistente, sino que aclara cómo debe aplicarse, y porque no alarga la pena de quien ya está condenado, sino que establece cómo debe computarse el tiempo de prisión preventiva para definir cuándo la condena está cumplida.

El artículo 7 de la ley 24.390, que preveía el beneficio del 2x1, estuvo vigente entre 1994 y 2001. Establecía que después de los primeros dos años de prisión preventiva cada día más de encierro sin condena se contaría doble, a los efectos del cumplimiento de la pena. No diferenciaba entre crímenes comunes y de lesa humanidad, que por entonces estaban amnistiados.

Highton y Rosatti conformaron la mayoría con Lorenzetti y Maqueda que, como mantuvieron el criterio que habían sostenido en Muiña, no necesitaron recurrir a la ley 27.362, de 2017.

Destacaron, no obstante, que esa norma coincidía en cuanto a sus efectos con el alcance que ellos dos le habían dado al 2x1 cuando advirtieron que no era aplicable a represores. En consecuencia, concluyeron que no correspondía que en su voto trataran el planteo de la defensa de Batalla contra la nueva ley.

La disidencia

Rosenkrantz fue el único de los jueces que habían conformado la mayoría de Muiña que siguió diciendo que el 2x1 es un beneficio que incluye a represores. Su argumento central fue que no es constitucionalmente válido aplicar la nueva ley con efectos retroactivos en contra del condenado.

En primer lugar, Rosenkrantz afirmó que no se trataba de una verdadera ley "interpretativa", porque no había sido un "intento genuino de aclarar una duda o algún concepto equívoco" de la ley anterior, sino "una respuesta" del Congreso "a una reacción social provocada por una decisión" previa de la Corte, por el fallo Muiña. Para Rosenkrantz, una ley "interpretativa" es aquella que se limita a despejar dudas sobre conceptos "equívocos, oscuros o dudosos" de la ley interpretada, pero en este caso no había ningún concepto equívoco, oscuro o dudoso: ley 24.390 era perfectamente clara.

Rosenkrantz advirtió que él compartía el objetivo social de no claudicar en la persecución de los delitos de lesa humanidad, pero sostuvo que eso debía hacerse de un modo respetuoso de la Constitución. "Debemos resistir la tentación, comprensible pero en definitiva injustificada, de juzgar a los crímenes cometidos por el recurrente [por Batalla] con normas incompatibles con las que la Constitución prevé", afirmó. Rosenkrantz subrayó que la Carta Magna exige extender las garantías que consagra -incluido el principio de irretroactividad de la ley penal- a todos por igual.

La agenda de la Corte se completará, en lo que queda del año, con otros dos fallos de alta sensibilidad política. La semana próxima decidirá si es válida la ley de lemas que todavía rige en Santa Cruz y la siguiente, qué índice debe aplicarse para reajustar las jubilaciones, un caso que le interesa especialmente al Gobierno.

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