La Corte reafirmaría la autonomía porteña, sin intervenir en lo sanitario

La Corte Suprema de Justicia espera, aunque no cruzada de brazos, la contestación que realice el Estado nacional de la demanda que planteó el gobierno porteño pidiendo la inconstitucionalidad del decreto de Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales, para dictar una sentencia que ordene tanta confusión entre padres, alumnos y baje la tensión política.

Ya está trabajando la Corte pensando ideas en borrador para encarar el conflicto donde lo que está planteado es un problema jurídico: la constitucionalidad o no de un decreto de necesidad y urgencia porque avanza sobre la autonomía de la Ciudad

Claro que el decreto proclama la intención de contener una emergencia sanitaria, cuestión sobre la que la Corte no tiene información para decidir lo más conveniente. Amén de la propia falencia en la fundamentación epidemiológica de las medidas que propone el decreto, la Corte ya viene diciendo que la autoridad sanitaria es la que sabe de pandemia, por lo que cuando tuvo que decidir sobre si decretaba o no la feria judicial por el coronavirus se remitió a los criterios de la cartera de salud.

Así las cosas, la Corte estaría en condiciones de dictar un fallo recién cuando el Estado nacional responda. El plazo para que el Estado nacional haga esa presentación haga vence en las dos primeras horas hábiles del martes (de 7.30 a 9.30 de la mañana), aunque es probable que el escrito se presente el lunes mismo.

Y de los cinco jueces de la Corte, solo votarán cuatro, ya que Elena Highton de Nolasco ya dijo que en su opinión no es un caso de competencia originaria del máximo tribunal, sino que debería empezar el reclamo por un juez de primera instancia.

Ya se presentaron otros actores en el caso como amicus curiae: son organismos defensores de los derechos humanos, que hicieron una presentación colectiva en adhesión al decreto de Alberto Fernández. En defensa del derecho a la salud para garantizar la supervivencia de las personas, en esta emergencia. “La actitud injustificada de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vulnera una multiplicidad de derechos, que incluyen a la salud y a la integridad física. Esta actitud crea un estado de completa desprotección”, señalaron e instaron a los jueces a fallar en favor del DNU.

Un posible escenario que puede darse en la deliberación es que, si la discusión es jurídica, hay un punto central en el debate que es la autonomía porteña. Los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, fueron de los convencionales constituyentes que definieron la autonomía porteña en la reforma Constitucional de 1994 y quien mejor que ellos para saber lo que quisieron decir cuando le otorgaban este estatus a la Ciudad de Buenos Aires. Alrededor de ellos podría armarse una mayoría.

Esto implica que la Corte no va a limitarse a tratar la medida cautelar que pidió Rodríguez Larreta, sino también la acción de inconstitucionalidad.

Otro escenario con el que especulan en la oposición es que la Corte aplique la cronoterapia en pequeñas dosis. Una vez que el Estado conteste la demanda, podría esperar a que se termine de acordar la “presencialidad administrada” y anunciarla antes del viernes –cuando vence el decreto. Así la Corte podría disponer que el asunto es abstracto. Aunque no se prive de escribir algunos considerandos sobre los alcances de la autonomía porteña. Ya la Corte estaba trabajando sobre esta idea en otra causa, que estudia el alto tribunal.

Esta solución donde la Corte da espacio para la negociación política es una receta similar a la que aplicó en la demanda de la Ciudad de Buenos Aires contra la Nación por los fondos coparticipables. Allí se fijó una audiencia de conciliación donde abogados de la Nación departieron con los de la ciudad un clima de cordialidad, lejos de los ácidos cruces entre el Presidente y el jefe de Gobierno.

Allí avanzó la idea de establecer reglas para negociar un acuerdo económico que se presentaría en la audiencia del 12 de mayo, si es que las conversaciones llegan a buen puerto y baja la tensión política, dijo un funcionario que está monitoreando el proceso.

La guerra judicial desatada esta semana supera la judicialización de la política. Fueron acciones disparadas en simultáneo en todas las instancias en todos los fueros como si se tratara de una estrategia prestablecida. Primero la Justicia porteña suspendió el decreto, luego la justicia federal suspendió la suspensión del decreto y envió todo a la Corte que terminó concentrando los casos.

La Corte actuó con velocidad como dando señales que no iba a dormir el caso. Dio vista al procurador a las pocas horas de recibir la demanda de la Ciudad, dijo que era competente (inusual que lo diga de entrada) y dio traslado de la demanda a la Nacion. En medio, en el caso de la coparticipación, Carlos Zannini, procurador del Tesoro, desconoció la competencia originaria de la Corte, que, en horas rechazó esa pretensión. No son los tiempos habituales del máximo tribunal.

Todos estos gestos hacen pensar que no quiere dejar la solución al tiempo, aunque llegaron los mensajes al Gobierno de la Ciudad y de la Nación acerca de que a un problema político le cabe una solución política y no judicial.

No es inmune la Corte al desprestigio generalizado de las instituciones y de la Justicia en particular, al compás del crecimiento del conflicto político. Y no puede eludir las dos caras del desafío que se le representa cuando le poder político le delega la solución de sus problemas: por un lado, se hace poderosa. Nunca tuvo tanto poder sobre la política con tantos casos penales, tributarios, constitucionales, de impacto económico). Y por el otro, busca alejarse de la idea de convertirse en el fiel de la balanza política, optando por un bando.

Por eso llamó la atención que empezaran a crujir las diferencias internas entre los jueces que estuvieron acalladas desde comienzo de año. Hoy ese poder está repartido en los votos de los jueces de tribunal.

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