La Corte rechazó los planteos de Cristina Kirchner para frenar la causa Vialidad
La vicepresidenta presentó distintos recursos para cerrar el juicio que la tiene en el banquillo como supuesta jefa de una asociación ilícita; el 11 de julio serán los alegatos en el caso que se investiga corrupción en la obra pública
LA NACION
Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia rechazó hoy los planteos de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. La vicepresidenta pretendía que el caso, en el que investigan irregularidades en la obra pública, sea declarada nula.
Cristina Kirchner presentó distintos recursos contra el avance de esta investigación. Sus reclamos incluyeron desde cuestionamientos a la prueba hasta el planteo de que ya la sobreseyó otro tribunal por estas mismas acusaciones. Consideró que la causa que hoy la tiene en el banquillo de los acusados debería ser cerrada. Sin embargo, estos planteos no prosperaron, según dispusieron de manera unánime los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte sostuvo que no se había logrado demostrar que las decisiones que recurrió fuera sentencias definitivas, es decir que pusieran fin al pleito o generasen un agravio que las hiciera equiparables a sentencias definitivas. Estos son los único supuestos que la Corte puede intervenir.
Por otro lado, la Corte rechazó otros planteos en los que se cuestionó que estos hechos ya habían sido juzgados en otros expedientes, sobre la base de que no habían sido debidamente fundados. La Corte rechazó todos los planteos por falta de fundamentación.
También rechazaron los recursos de otros acusados, con lo que el juicio oral continuará sin sobresaltos para comenzar la etapa de alegatos el 11 de julio.
La vicepresidenta se enfrenta a la posibilidad de que le pidan una condena de entre 5 y 16 años de prisión, de acuerdo con la escala penal de los delitos por los que se la juzga: jefa de asociación ilícita y fraude al Estado. La causa se encamina a su resolución final en las próximas semanas.
La vicepresidenta está acusada de haber favorecido a Lázaro Báez en el otorgamiento de 51 obras públicas en la provincia Santa Cruz. Este proceso se inició el 21 de mayo de 2019 y está entrando en la recta final. En tres semanas empiezan los alegatos. Primero será el turno de los acusadores, con el fiscal Diego Luciani como protagonista central. Después, de los 13 acusados, incluida Cristina Kirchner. Además de la expresidenta se encuentran procesados en esta causa el exministro Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez y el exfuncionario José López, entre otros.
Por la dinámica que tiene el juicio, que ya lleva tres años, los interrogatorios de la fiscalía, los enfrentamientos con las defensas y el celo puesto en defender la evidencia que pretende dejar expuesta en el juicio, es de suponer que el alegato de Luciani terminará con un pedido de condena.
Los jueces que llevan adelante este proceso son Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Según la acusación que motivó este juicio, la supuesta organización criminal “tuvo como jefes a los exprimeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y como organizadores al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel de Vido, al exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, al exadministrador General de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Guillermo Periotti, al amigo personal y socio comercial de los expresidentes Lázaro Antonio Báez, entre otras personas”.
La escala de las penas
El Código Penal castiga al jefe de una asociación ilícita con penas que llegan a los 10 años de prisión y al fraude en perjuicio de la administración pública con hasta 6 años. Como los delitos son en concurso real, se suman los máximos de la escala penal y por eso la pena posible a pedir es entre cinco años de mínima y 16 años de máxima.
Esto se aplica a los jefes u organizadores de la asociación ilícita, que serían De Vido, López y Carlos Kirchner. En el caso del resto de los acusados la mínima de la escala penal a aplicar es de tres años.
Los que quedan fuera de la asociación ilícita, que son el resto de los 13 imputados, se exponen a un pedido de pena de dos a seis años de cárcel, que es la escala para el delito de administración fraudulenta. Ellos son: Abel Claudio Fatala, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
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