La Corte podría anular el fallo de un juez de Paraná que traba la integración del Consejo de la Magistratura
Es a pedido del Colegio de Abogados, la institución que inició el expediente donde se dispuso la inconstitucionalidad de la actual integración del organismo que selecciona y controla a los jueces
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El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que inició la demanda que declaró inconstitucional la actual integración del Consejo de la Magistratura, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar que anule la decisión del juez federal de Paraná Daniel Alonso, que –a pedido del Frente de Todos- le prohibió al Congreso enviar a sus representantes para la nueva conformación del organismo.
La Corte podría tratara este pedido el martes próximo, ya que se prepara para el lunes asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura, dijeron a LA NACION fuentes cercanas al caso.
En un escrito presentado hoy y firmado por su presidente Alberto Garay, el Colegio de Abogados de las Ciudad dijo que la medida precautelar que dictó el juez Alonso en tiempo récord de cuatro horas a pedido del diputado peronista entrerriano Marcelo Casaretto, impide la ejecución de la sentencia de la Corte.
“La decisión del juez federal representa un alzamiento inadmisible contra la sentencia dictada por la Corte Suprema” y de ser acatado por el Congreso “impedirá que se ejecute” el fallo del máximo tribunal, dice el escrito y señala que la decisión del juez Alonso “violenta el rango constitucional de autoridad judicial suprema, final, que la Constitución Nacional deposita en al Corte Suprema”.
En la misma línea, los abogados afirmaron que “el caso posee una gravedad institucional manifiesta, sin precedentes” y que “los anales de jurisprudencia no registran un antecedente donde un juez inferior del mismo fuero, venga a poner en entredicho una sentencia firme y en tren de ejecutarse dictada por la Corte Suprema. Es una aberración jurídica”.
Como se trata de un conflicto suscitado dentro del Poder Judicial, los abogados pidieron que la Corte se aboque y anule todo lo actuado en Paraná. Además, preparan un pedido de juicio político contra Alonso.
El máximo tribunal había ordenado en un juicio iniciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad, dictar una nueva ley que devuelva el equilibrio entre los estamentos políticos y de abogados y jueces al Consejo de la Magistratura o que se regrese a la integración del cuerpo con 20 miembros y presidida por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Todo ello debe hacerse antes del 15 de abril, o el Consejo de la Magistratura debería cerrar.
El Congreso le dio media sanción a una ley en el Senado pero el proyecto no pudo aún ser tratado en Diputados. En paralelo, para llevar de 13 a 20 miembros al Consejo, fueron elegidos nuevos consejeros: dos abogadas, una jueza, y será elegido el lunes un académico más. Pero falta que el Congreso envíe a dos representantes: un diputado y un senador por las segundas minorías.
El juez Alonso le dio una salida al kirchnerismo al dictar esta medida precautelar que le prohíbe al Congreso enviar a sus consejeros hasta tanto reciba un informe detallado de la Cámara de Diputados y la de Senadores sobre el trámite que le está dando al asunto. Con este fallo como instrumento, el oficialismo busca así frustrar la asunción de Rosatti.
Pero el Colegio de Abogados de la Ciudad, legitimado en el expediente, se presentó en la Corte con un escrito firmado por Garay, su presidente, en el que le pide que evite el cierre del Consejo de la Magistratura y hoy nuevamente con otro escrito en el que le solicita que se anule el fallo del juez Alonso.
Este juez federal adhiere a la lista Celeste de la Asociación de Magistrados, la mas cercana al Gobierno, su pliego fue enviado al Senado para ascenderlo a camarista, en un cargo donde el macrismo había propuesto a otro candidato y ya tiene antecedentes de haber acudido en auxilio de la política cuando pretendió sacar de la Justicia provincial y llevar a la federal un caso de corrupción que involucra al cuñado del ex gobernador Sergio Urribari, Juan Pablo Aguilera, condenado la semana pasada a 6 años de prisión en otra causa.
Ahora la Corte analizará los argumentos del escrito del Colegio de Abogados para anular el fallo de Alonso, que son básicamente tres:
- Que la medida precautelar dispuesta por el juez avanza y pretende impedir la ejecución de una sentencia firme de la Corte.
- No sirve el remedio intentado por el diputado de presentar un recurso de amparo, ya que la propia ley de amparos dice que no corresponden cuando se articulan contra medidas decretadas por el propio Poder Judicial.
- El juez es incompetente porque la competencia la tienen la propia Corte o el juzgado que intervino en primera instancia en este caso del Consejo.
El escrito de los abogados cita además un precedente de la Corte de hace menos de seis años por el cual anuló una decisión tomada mediante un recurso de amparo por el juez federal de Mendoza Walter Bento, que afectaba un juicio en trámite en otro tribunal. Expresamente la Corte anuló el fallo de Bento al sostener que el juicio de amparo de este magistrado no era el camino para meterse en el otro expediente en trámite.
La presentación de Garay entiende que el fallo del juez federal de Paraná entorpece la aplicación del fallo de la Corte y si el Congreso lo acata dificultaría su ejecución, pues lo privaría de mandar a sus representantes al Consejo de la Magistratura.
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