La Corte Suprema en pleno rechazó una invitación del Gobierno para capacitarse en cuestiones de género

La Corte Suprema de Justicia cruzó nuevamente al Gobierno esta vez para contestarle por la falta de respuestas ante la invitación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para que sea ese organismo el que capacite en cuestiones de género a las máximas autoridades del Poder Judicial.

En una resolución que firman los cinco jueces de la Corte, en 8 carillas, con firmeza pero con cortesía, "agradecen la invitación" para hacer esa capacitación a cargo del Ministerio de las Mujeres y le recuerdan al Gobierno que, desde 2019, rige un convenio donde la Oficina de la Mujer de la Corte se encarga de esas actividades para el Poder Judicial. A la Justicia la capacita la Justicia, no el Poder Ejecutivo, es el razonamiento que se desprende del escrito.

Señalan además que ellos, como otro poder del Estado, tienen autonomía para fijar sus propios reglamentos. Es más, le dijeron al Gobierno que los jueces de la Corte ya hicieron la capacitación obligatoria, así como la mayoría de los empleados, con actividades que se replicaron en el interior del país y en la ciudad de Buenos Aires.

Este nuevo chisporroteo entre la Corte y el Gobierno se suma a las críticas que el presidente Alberto Fernández le dedicó al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, a quien acusó de incumplir la Ley Micaela, que manda la capacitación obligatoria en materia de género para los funcionarios públicos. Se dio en medio de una pulseada con el Ejecutivo por la sentencia que debe dictar el máximo tribunal sobre los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Cuando subía la tensión a fin del mes pasado, la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, declaró que los jueces de la propia Corte incumplían esa ley porque no hacían las capacitaciones de género. Dijo que le mandó varias cartas para coordinar esas actividades y que no había tenido respuesta y que de allí derivó el reclamo público del Presidente.

En ese momento la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco, a cargo de la Oficina de la Mujer, le contestó a Fernández con un comunicado de prensa. Ahora lo hizo el máximo tribunal en pleno, con una resolución en la que recordó al Poder Ejecutivo que ellos empezaron con las capacitaciones antes que nadie, mediante Talleres de Perspectivas de Género reconocidos por las Naciones Unidas, que, de hecho, sirvieron de fundamento para la Ley Micaela que en 2019 hizo obligatorias estas capacitaciones.

Ahora, la Corte le mandó al Gobierno una larga lista de antecedentes de lo que viene haciendo en la materia, cuyas constancias dijo, están registradas y fueron informadas al el propio Ministerio de las Mujeres, antes Instituto Nacional de las Mujeres.

Enumeró que la Argentina se comprometió con incorporar la perspectiva de género en los diferentes poderes del Estado a partir de la inclusión del tema en tratados internacionales de rango constitucional, entre ellos la "Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer" (CEDAW), y la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer" (Convención de Belem do Pará).

Esta última es la que impone a la Argentina la obligación de capacitar a la administración de Justicia en perspectiva de género, y que desde 2009 la Corte creó la Oficina de la Mujer dedicada a esas tareas. Es esta dependencia quien se comunica con los otros poderes del Estado para la coordinación y gestión de los programas de capacitación.

Tal es así que desde hace 11 años esa oficina lleva adelante estas tareas junto con Capacitación de Violencia Doméstica, Debida Diligencia, Delitos Sexuales en contextos de crímenes de Lesa Humanidad, Trata de personas con fines de explotación sexual, Factores e Indicadores de Violencia Doméstica y Lenguaje y Género, entre otras actividades, destacó la Corte.

También realzó que en 2017, antes de la sanción de la Ley Micaela, la Oficina de la Mujer propuso al Sistema de Naciones Unidas de Argentina una evaluación del impacto del taller de Perspectiva de Género, proyecto inédito en el mundo.

Así se llegó al 2019 con la sanción de la Ley Micaela, que obliga a las capacitaciones que reclama la ministra Gómez Alcorta. "Esta Corte comparte plenamente los principios que inspiran su dictado, los que, desde hace tiempo, han sido instados por el Tribunal para su actuación interna, en el resto del Poder Judicial de la Nación y los Poderes Judiciales del país", señaló el máximo tribunal.

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