La Corte Interamericana de Derechos Humanos trata un reclamo de Memoria Activa contra la Argentina por privación de justicia en la causa AMIA
Comenzó la audiencia con denuncias de familiares; el Estado argentino se allanó sin realizar preguntas; mañana continúan y luego el tribunal dictará una sentencia inapelable y definitiva
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LA NACION
La Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó hoy a tratar el caso de Memoria Activa contra el Estado argentino, por privación de Justicia en la investigación del atentado contra la AMIA, con una audiencia donde dos familiares de las víctimas del ataque al edificio denunciaron discriminación y criticaron con dureza el accionar de la Justicia durante los 28 años que transcurrieron desde la tragedia.
El caso fue presentado por Memoria Activa, patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), tras la condena que recibió el Estado Argentino por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando admitió su responsabilidad en 2005. Las víctimas denuncian “la responsabilidad internacional del Estado argentino por el atentado a la sede de la AMIA y la falta de esclarecimiento, de verdad y de justicia”.
En la audiencia de hoy, que continuará mañana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), presidida por el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, escuchó la presentación de la Comisión Interamericana y las declaraciones que realizaron Adriana Reisfeld, presidenta de Memoria Activa y quien perdió a su hermana Noemí en el ataque que dejó 85 muertos y 300 heridos, y Diana Basner, esposa del fallecido arquitecto Andrés Malamud.
Reisfeld habló de que se perdieron pruebas -“hasta las piedras del edificio las tiraron al río”, dijo- y declaró que mediante este proceso se dicta sentencia para “enseñarle al Estado argentino a que cumpla con su deber”. Señaló que ya en 2005, cuando la Argentina reconoció su responsabilidad internacional a instancias de la Comisión Interamericana y se dictó el decreto 812, “hubo un avance” pero luego dijo que el país “no cumplió ninguno” de los puntos con los que se comprometió”.
Se quejó de la fiscalía que lleva la causa AMIA es “una fiscalía fantasma”, que nunca los citó, y que no tiene acceso a los archivos de la causa que están siendo digitalizados. “Desde el vamos no había voluntad para investigar”, advirtió.
Los jueces de la Corte Interamericana reunidos en Montevideo preguntaron con interés incluso si habían sido discriminados. Reinfeld contestó: “Que el Estado argentino no nos pregunte es discriminatorio, no tienen vergüenza”.
Lo cierto es que el representante de la Argentina, un funcionario del Ministerio de Justicia, eligió no formular preguntas. Al parecer, para allanarse al reclamo de los familiares de las víctimas. Cuando los jueces le preguntaron qué pretendía del tribunal, dijo: “Quiero que la causa AMIA se investigue de cero, quiero justicia. Si no, qué le contesto a mi nieta cuando me pregunta por qué no se qué pasó”.
A su turno, Basner dijo que los discriminaron cuando el Estado dijo que fue una atentado contra la comunidad judía y el expresidente Carlos Menem le dio su pésame a Israel. Indicó que lo mismo ocurrió cuando decían que “murieron inocentes y judíos”. Cuando uno de los jueces le preguntó detalles dijo que lo escuchó por televisión “de manera habitual”.
El representante del Estado argentino, nuevamente, eligió no preguntar.
Cómo sigue el proceso
Mañana continuará la audiencia con la declaración de peritos y la exposición de la Comisión Interamericana. Las partes harán su alegato final y el tribunal estará en condiciones de pasar a deliberar para dictar un veredicto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró, al pasar el caso a la Corte, que el Estado “conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina” y “no adoptó las medidas razonables para evitar” ese peligro. Asimismo, adujo que se cometieron “grandes irregularidades” por parte de los órganos estatales que dirigieron la investigación, la cual se desvió deliberadamente por más de ocho años.
La CIDH consideró además que existe “una demora irrazonable” tanto en la investigación del atentado como de los posteriores encubrimientos.
El atentado del 18 de julio de 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) derrumbó completamente su edificio de ocho pisos en el barrio Once, tradicional de la numerosa colectividad judía de Buenos Aires. La justicia argentina dictó la captura de funcionarios y exfuncionarios iraníes como los responsables del atentado, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani. No hay detenidos por el caso.
Hubo dos juicios por el ataque: el primero concluyó con todos absueltos y la denuncia de que el Estado se complotó par encontrar falsos culpables; y el segundo, por encubrimiento, terminó con condenas contra los funcionarios judiciales que realizaron la investigación y exfuncionarios del Gobierno.
Órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH investiga casos que presenta a la Corte-IDH cuando determina que hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los Estados. Sus fallos son definitivos e inapelables.
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