La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por el caso AMIA

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por su responsabilidad en el caso del atentado a la AMIA. Por unanimidad, declaró al Estado Argentino responsable de no haber adoptado medidas razonables para prevenir el ataque -ocurrido el 18 de julio de 1994-, de no haber cumplido con su deber de investigarlo y de haber participado de su encubrimiento.

El fallo fue emitido esta mañana y dado a conocer en una audiencia que duró solo diez minutos.

En los 20 puntos que incluye la sentencia, el tribunal internacional sostuvo que el Estado es responsable de la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal, al principio de igualdad y no discriminación, y al derecho a la integridad psíquica y moral de las víctimas. También, a los derechos de acceso a la justicia, a las garantías judiciales y de acceso a la información.

Uno de los puntos más importantes de la sentencia es que le ordenó a la Argentina abrir los archivos y la información de inteligencia relacionada con el atentado y tomar medidas normativas con el fin de regular las condiciones de ingreso de información de inteligencia a las causas judiciales, en alusión a uno de los hechos que desvió la investigación judicial que debía dilucidar lo ocurrido. Se le ordenó al Estado sortear los obstáculos que al día de hoy mantienen la impunidad del atentado terrorista.

“El Estado removerá todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad total en este caso e iniciar, continuar, impulsar y/o reabrir las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos del presente caso y establecer la verdad de lo ocurrido, todo ello en un plazo razonable”, indica el fallo.

La causa internacional fue iniciada por la asociación civil Memoria Activa contra el Estado Argentino por privación de Justicia en la investigación del ataque terrorista. La demanda se presentó hace 25 años, en julio de 1999. En octubre de 2022, la Argentina reconoció su responsabilidad internacional por la impunidad del caso y admitió encubrimientos. El Ministerio de Justicia dijo entonces que el Estado violó derechos, encubrió, sometió la justicia a los servicios de inteligencia y protegió a acusados.

“Esta Corte concluye que el Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región. Estas faltas a la debida diligencia implicaron, por una parte, un mal manejo del material probatorio y la escena del hecho y, por otra parte, una conducción deficiente del desarrollo de la investigación. Además, se comprobaron una serie de maniobras realizadas por agentes estatales con el fin de obstaculizar la investigación y encubrir a los verdaderos autores, los cuales, a la fecha, no han podido ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados”, dictaminaron los jueces.

Y agregaron: “Frente a estas maniobras de encubrimiento, se originó un nuevo deber del Estado de investigar y sancionar a los responsables de este encubrimiento, deber que tampoco ha sido ejecutado de manera diligente ni en un plazo razonable. Por todo lo anterior, a casi 30 años del atentado todavía no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación. Esta situación de impunidad, además, contribuye a la violación de otros derechos, como el derecho a conocer la verdad, como se desarrollará infra, y facilita y promueve la repetición de hechos violentos”.

Al respecto de las fallas del Estado para prevenir el atentado contra la AMIA se refirieron a que dos años antes había ocurrido el atentado contra la Embajada de Israel y que eso hacía suponer riesgos tanto para la comunidad judía en Argentina y sus lugares emblemáticos.

Además de enumerar las violaciones a los derechos humanos la Corte dispuso una serie de medidas que el Estado deberá tomar en los próximos dos años. “La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma”, determinó el fallo.

La denuncia presentada por Memoria Activa, entidad que nuclea a un grupo de familiares de víctimas del atentado terrorista, estuvo patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La confesión del Estado argentino

En 2019, la Comisión se expresó en contra del Estado Argentino y determinó su responsabilidad internacional porque no pudo evitar el atentado teniendo la información para hacerlo. En septiembre de 2020 notificó a través de un informe presentado en este expediente que “el Estado Argentino es responsable por la violación del derecho a la vida de los 85 muertos, por haber negado el derecho a la justicia y por haber impedido y continuar impidiendo saber qué pasó aquel 18 de julio de 1994″. La Corte Interamericana comenzó su intervención en este caso en 2021.

“El juez, sus empleados, los fiscales, la SIDE, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la policía concretaron la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, había dicho ante los jueces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Natalia D’Alessandro, entonces coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, cuando expuso frente a la Corte Interamericana en representación del Estado argentino, durante la gestión de Alberto Fernández.

La Corte Interamericana, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), está integrada por siete jueces y juezas de los Estados miembros de la OEA. Son Nancy Hernández López, que hoy leyó la sentencia y preside el cuerpo; Rodrigo Mudrovitsch, como vicepresidente; Humberto Antonio Sierra Porto, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Ricard Pérez Manrique, Verónica Gómez y Patricia Pérez Goldberg.

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