La Corte falló contra Julio De Vido y respaldó el avance de la causa por las coimas para soterrar el tren Sarmiento

La investigación por el presunto cobro de sobornos de parte del exministro Julio De Vido y su entorno directo en el Ministerio de Planificación Federal en el proyecto para soterrar el tren Sarmiento registró hoy un fuerte respaldo, luego de que la Corte Suprema rechazó un pedido para descartar evidencias incriminatorias.

La Corte tomó esa decisión tras rechazar los recursos extraordinarios que habían presentado las defensas de De Vido y del exvicepresidente para América Latina de la empresa Odebrecht, Luiz Antonio Mameri. Ambos buscaban que se descartaran las evidencias que había obtenido y revelado LA NACION, que luego las aportó a la investigación penal.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal del país determinó que las apelaciones de De Vido y de Mameri no debían prosperar porque no cuestionaban una sentencia definitiva, sino evidencias probatorias que serán evaluadas, eventualmente, por un tribunal oral.

Tanto De Vido como Mameri habían objetado que el juez federal a cargo de la investigación en los tribunales federales de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgi, hubiera incorporado el material incriminatorio que recabó LA NACION, decisión que ambos apelaron, pero fue convalidada por la Cámara Federal de Apelaciones y por la Cámara de Casación Penal.

Ese material, que LA NACION comenzó a publicar en 2017 y luego aportó a la Justicia, expuso que la constructora brasileña Odebrecht admitió en Brasil que pagó millones de dólares en coimas al entorno directo de De Vido para quedarse -y luego retener- el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento, estimado en US$1500 millones.

Según surge de los documentos que obtuvo LA NACION –incluidas las delaciones de exaltos ejecutivos de Odebrecht-, la empresa detalló ante la Justicia brasileña que coimeó por etapas y que actuaron como intermediarios el ejecutivo por entonces más relevante de la constructora local Iecsa, Javier Sánchez Caballero, y el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez.

La primera etapa de esos supuestos “pagos indebidos” se desarrolló mientras Odebrecht no lideraba el consorcio. Desde Brasil, exejecutivos de la constructora le adjudicaron a Iecsa, la empresa que pertenecía a Angelo Calcaterra, primo del luego presidente Mauricio Macri, la negociación de esos sobornos con el equipo de De Vido.

La segunda etapa fue distinta. Ya con Odebrecht al frente del consorcio, los arrepentidos le adjudicaron a Rodríguez la mediación con los funcionarios para aceitar los retornos. Es decir, el mismo rol que le atribuyeron en los proyectos para la extensión de las redes troncales de gas y la construcción de la planta de Paraná de las Palmas (AySA).

La confesión de Mameri en Brasil, grabada incluso en video, no fue la única columna probatoria que complica a Odebrecht y, en particular, a Iecsa, la constructora que Calcaterra vendió luego al empresario Marcelo Mindlin, ni tampoco el único delator que admitió el pago de sobornos por el proyecto para soterrar el tren Sarmiento.

Según reconstruyó LA NACION, la Policía Federal brasileña recuperó mails de junio de 2010 en los que dos alfiles de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht -el área de la compañía creada para el pago de sobornos y aportes ilegales de campaña-, Mauricio Couri Ribeiro y Fernando Migliaccio, aludieron a una reunión con Sánchez Caballero para discutir “DGI”, el eufemismo que utilizaban para referirse al pago de coimas, según confirmó Marcelo Odebrecht a la justicia de su país.

Ante esas y otras evidencias incorporadas a la investigación de la Justicia argentina, tanto De Vido como Mameri plantearon objeciones que fueron rechazadas en primera, segunda y tercera instancia, y que hoy sumó a la Corte Suprema.

Ahora, el juez Martínez de Giorgi debe resolver los requerimientos del fiscal federal Franco Picardi para avanzar en la investigación por los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y defraudación contra la administración pública. De los tres expedientes que concentran el capítulo argentino del Lava Jato es el menos avanzado. Los restantes ya se encuentran en la etapa de elevación a juicio oral. Se centran en los presuntos ilícitos cometidos en las obras para extender la red troncal de gasoductos y para construir una planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas.

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