La Corte Suprema se sumerge en deliberaciones antes del fallo clave

La Corte Suprema de Justicia está inmersa en un debate interno para terminar de decidir la situación de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli y teniendo en cuenta las implicancias jurídicas y políticas de esa decisión, que probablemente se demoré unas semanas, busca sumergirse en un cono de silencio y bajar el perfil.

El volumen de ruido político que generó el caso y lamarcha opositora convocada para el lunesde la semana que viene hacen conveniente llamarse a sosiego.

La Corte le imprimió al asunto un ritmo vertiginoso la semana pasada, pues el martes, luego de aceptar el recurso de per saltum, suspendió los plazos y dispuso trabajar días corridos sin importar el calendario y los horarios judiciales. Tal es así que entre miércoles y sábado tuvo en sus manos la contestación del Consejo de la Magistratura a la demanda de los camaristas, abonando la idea de que regresen a los cargos que ocupaban en 2017 y 2018, y por otro lado tuvo el dictamen del procurador Eduardo Casal para pronunciarse en favor del trío de jueces.

Pero no dictó ninguna sentencia en lo inmediato. No había consensos.

Y en el medio pasaron cosas, pues el caso terminó exponiendo a la Corte en medio de la grieta. Cualquier sea el fallo iba a quedar en favor o en contra del Gobierno o de la oposición.

El silencio a que se llamó el Gobierno apenas se conoció la sentencia del per saltum, con la idea de recomponer con la Corte, fue quebrado horas más tarde por un pedido de juicio político que hizo el kirchnerismo contra el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz. La diputada Vanesa Siley impulsada desde el Instituto Patria fue a fondo.

Por otro lado, Rosenkrantz –tras lograr juntar a sus colegas para aceptar el per saltum- decidió avanzar un poco más e invitó esta semana a los organismos de derechos humanos y a la ministra Marcelo Losardo a relanzar los juicios de lesa humanidad.

La respuesta fue la ausencia. Losardo primero había pensado en concurrir, pero luego cerró filas con el secretario de derechos humanos Horacio Pietragalla. Ministra y secretario firmaron una carta juntos declinando el convite.

La reunión se hizo con los responsables de la Procuración, Diputados, la defensoría, la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura y el CELS. Pero la seducción no alcanzó al kirchnerismo.

En el seno de la Corte la convocatoria no sumó muchos fans. Algunos interpretaron que el Gobierno quedó mal parado con su ausencia, porque las acciones son la medida del interés, aunque otros –desconfiados de los héroes solitarios- evaluaron que toda la Corte quedó alcanzada por esas ausencias. Lo cierto es que la vocalía que tenga casos de lesa humanidad con atraso seguramente se pondrá al día rápidamente.

La situación puertas adentro del tribunal quedó definida esta semana cuando los jueces se reunieron por zoom el martes y cada quien empezó a trabajar en una sentencia.

Hoy por hoy hay cinco posiciones, aunque con matices se pueden reducir a dos o tres. Por un lado, Rosenkrantz que en su voto sobre el per saltum ya dejó en claro que de la decisión de la Corte depende lo que ocurra con las decenas de jueces trasladados en los últimos años. Y además hizo visible que se estaba ante un asunto de gravedad institucional inusitada.

Rosenkrantz firmó en disidencia la acordada 4 que avala los traslados sin acuerdo del Senado con un amplio criterio. En cambio, no firmó la acordada 7 que, si rubricaron sus colegas Horacio Rosatti, Ricardo Lorezentti y Juan Carlos Maqueda. Allí el trio de jueces ante la consulta por Bruglia estableció no es necesario un nuevo acuerdo del Senado en casos de traslados de jueces "para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, con igual o similar competencia material".

Sin embargo, hoy por hoy, Rosatti, Maqueda y Lorezentti, no tienen aún una posición común para resolver el problema. Los debates pasan por analizar una solución que impida caer en la grieta y al mismo tiempo dar una respuesta a los jueces.

Se barajan alternativas que van desde un fallo específico que se aplique en este caso o una decisión más amplia que pueda usarse como regla general para los futuros traslados. En esta posición intermedia se analizar alternativas incluso contemplan pensar en los traslados como transitorios.

NO quieren salir con votos separados por lo que siguen conversando. Algunas posiciones por momentos están más cerca de los jueces, aunque saben que cualquier cosa que escriban puede ser interpretada en clave política.

Aún es posible que la solución final sea unánime, aunque es necesario tiempo para encontrar los consensos necesarios en la manera de plantear una solución. Se habló de 15 a 20 días hábiles. Aún no hay una posición clara sobre el tema. Ni siquiera que abarque a la mayoría y mucho menos que alcance unanimidad.

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