La Corte dejó firmes condenas a exfuncionarias que extorsionaban a beneficiarios de planes sociales
El caso ocurrió en José C. Paz hace 14 años; las extorsionadoras fueron sentenciadas a cinco años; ahora el máximo tribunal rechazó sus recursos y dejó firme el fallo original
![El exintendente Carlos Urquiaga, junto a Scioli, Insaurralde e Ishii, en José C. Paz](https://www.lanacion.com.ar/resizer/v2/urquiaga-scioli-insaurralde-e-ishii-ayer-en-jose-PII46M3M6ZCDZKCWCQ5P2TNUBI.jpg?auth=6e60b610b001b198fdda97169b0c1a5393636ea81798be21ae38b88df754e28d&width=420&height=280&quality=70&smart=true)
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los planteos de dos mujeres que respondían al exintendente de José C. Paz Carlos Urquiaga, que fueron condenadas a cinco años de prisión por extorsionar a beneficiarios de planes sociales en 2010. Lo hizo justo cuando acaban de ser judicializados casos similares, pero mucho más recientes, por una denuncia del Gobierno.
De hecho, la Justicia citó a prestar declaración indagatoria al líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni y a decenas de piqueteros de esa y otras organizaciones sociales acusados de extorsionar a beneficiarios de planes, retenerles parte del dinero u obligarlos a concurrir a marchas y desviar fondos que recibían del Estado para el funcionamiento de la agrupación.
Las condenadas en este caso de hace 14 años son Jésica Karina González y María Teresa Zamora, quienes fueron acusadas de exigir a por lo menos 15 destinatarios de los planes Trabajar y Argentina Trabaja que les entregaran la mitad del dinero que percibían, bajo amenaza de darles de baja los planes sociales.
![Piqueteros marchan de Puente Saaverdra a la Quinta de Olivos con Eduardo Belliboni a la cabeza del Polo Obrero](https://resizer.glanacion.com/resizer/v2/piqueteros-marchan-de-puente-saaverdra-a-la-7U7RGWOPEJAIPIU7W45WXZNGDI.jpeg?auth=bfcf22617c2221c74c3e2dae04ca0d6bda57bdb95d016c9223a5178314beb914&width=420&height=280&quality=70&smart=true)
Ambas mujeres eran empleadas del sector de Acción Social en la municipalidad y eran referentes de una agrupación social barrial destinataria de unos 1000 planes sociales entre marzo de 2010 y diciembre de 2012. A partir de los conocimientos que tenían acerca de los destinatarios de los planes y de las contraprestaciones que debían cumplir, las mujeres les exigían el pago de parte del dinero percibido.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín les impuso a ambas punteras políticas una pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la condena. Las exfuncionarias municipales llegaron con sus recursos ante la Corte, que rechazó todos sus planteos.
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