La Corte dejó firme la condena a 11 años de prisión del prefecto que entró a robar a la casa de Sergio Massa
Rechazó los planteos del hombre que integraba el cuerpo de inteligencia de la fuerza de Seguridad; el episodio ocurrió en 2013, cuando el actual ministro enfrentaba al kirchnerismo
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 11 años de prisión del exsuboficial de la Prefectura Naval Alcides Díaz Gorgonio, preso por el robo de la casa del ahora ministro de Economía, Sergio Massa y de la titular de AySA, Malena Galmarini, en un barrio privado de Rincón de Milberg, en el partido de Tigre, en un episodio ocurrido el 20 de julio de 2013.
El 27 de marzo de 2015, el Tribunal Oral Criminal N°7 de San Isidro condenó a Díaz Gorgonio a 18 años de prisión, accesorias legales y costas, como autor del delito de robo triplemente calificado. La sentencia fue recurrida en reiteradas ocasiones y la Cámara de Casación Penal redujo la pena a 11 años. De todos modos, el caso llegó a la Corte. Ahora los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimaron los recursos y dejaron firme la condena.
Si se contempla el momento en que fue detenido y la pena de once años, Díaz Gorgonio cumpliría la sentencia el 20 de julio de 2024. Mientras, está en trámite su libertad condicional, a la espera de una pericia psicológica y psiquiátrica.
Díaz Gorgonio había sido condenado en 2015 por el robo triplemente calificado por ser miembro de las fuerzas de seguridad, utilizar un arma de fuego y forzar su ingreso a la casa con una barreta, contra la vivienda de Massa. Los jueces además tuvieron en cuenta cinco agravantes para endurecer la pena: entre ellos, el hecho de que Díaz Gorgonio era miembro de inteligencia de la Prefectura, como figura en su legajo. El suboficial usó un arma con silenciador y municiones de punta hueca; material clasificado por la ley como de “uso prohibido”. El robo se produjo de noche y el prefecto abusó de la confianza que le tenían los guardias del barrio cerrado, por ser agente de la fuerza federal y exmiembro de la seguridad del lugar.
El robo a Massa ocurrió el 20 de julio de 2013, pero recién fue revelado el 4 de agosto por el periodista Horacio Verbitsky en Página 12. El Gobierno acusó a Massa de esconder el hecho para no perjudicar su campaña, basada en la seguridad. Pero el boomerang volvió con fuerza cuando se supo que Díaz Gorgonio integraba la “sala de situación” del Ministerio de Seguridad.
Una de las pruebas contra el efectivo de la Prefectura fue la grabación de una cámara de seguridad de la casa de Massa en la que el acusado dispara con un arma con silenciador contra el dispositivo para borrar sus rastros.
Néstor Jaunarena, testigo del allanamiento en la casa de Díaz Gorgonio, denunció que se había encontrado más dinero que el monto que Massa denunció que le robaron y que había recibido amenazas. Ante el tribunal, Jaunarena reconoció que sus dichos habían sido “patrocinados” por el fiscal Washington Palacios que tuvo el caso y un abogado, Tomás Pérez Bodría, exconcejal kirchnerista de Pilar.
A raíz de los dichos de este testigo se abrió un proceso contra el fiscal Palacios que derivó en el juicio político y en su destitución.
En la época del robo, Massa era intendente de Tigre y enfrentaba el kirchnerismo como candidato a diputado nacional, tras haber conformado el Frente Renovador junto a unos 20 intendentes bonaerenses. También había cerrado un acuerdo con Mauricio Macri, por lo que había candidatos de Pro en las listas. El robo a la casa de Massa se dio en la previa a la campaña electoral por las elecciones legislativas en las que el Frente Renovador terminó derrotando al Frente para la Victoria.
Díaz Gorgonio en ese momento integraba la “sala de situación” del Ministerio de Seguridad de la Nación. El ministro de Seguridad era Arturo Puricelli y el que mandaba en el ministerio era el secretario de Seguridad, Sergio Berni.
Según consta en la causa, esa “sala” -desactivada por el ministerio al revelarse el robo- estaba integrada por miembros de las cuatro fuerzas de seguridad federales, que informaban al Gobierno sobre protestas sociales y políticas y sus autores. La Casa Rosada negó enfáticamente que el prefecto fuera un “espía”.
Al momento de los hechos, Massa había vinculado el robo con un acto de espionaje y de atemorización de parte del kirchnerismo durante la campaña electoral.
Por Hernán Cappiello
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