La Corte Suprema busca estabilidad interna para amortiguar y dejar atrás las críticas de Cristina Kirchner
LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia amortiguó las furibundas críticas que recibió de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a las que se sumó luego el presidente Alberto Fernández. Los ministros del máximo tribunal exhibieron una actitud en la que aparentan restarles importancia, aun cuando saben que esas palabras afiladas pueden convertirse en pedidos de juicio político así como reformas en el funcionamiento del máximo tribunal.
Entienden, además, que los cuestionamientos pueden leerse como una medida preventiva ante las decisiones que debe tomar la Corte en causas de corrupción contra la vicepresidenta.
Cristina Kirchner publicó una carta en los que apuntó uno a uno a los miembros de la Corte, incluida Helena Highton de Nolasco, propuesta por Alberto Fernández. La vicepresidenta los responsabilizó por lo que considera la aplicación del lawfare y destacó que no son elegidos en elecciones populares.
Cristina Kirchner desafió así la arquitectura constitucional que regula el funcionamiento del Poder Judicial, donde está garantizada la inamovilidad de los jueces, que son elegidos de manera vitalicia y removidos por causales de mal desempeño. Esta idea de la elección popular de los jueces ya la impulsó en 2013, con una reforma judicial que la Corte frenó por inconstitucional.
Alberto Fernández se sumó a los cuestionamientos, aunque con moderación, al afirmar que el Poder Judicial funciona de manera deficiente. "Yo tengo exactamente la misma mirada que Cristina frente a la Justicia, ella lo plantea con más virulencia, lo personaliza más", dijo durante una entrevista con C5N.
Tras la publicación de la carta de la vicepresidenta, los jueces de la Corte se reunieron este jueves en el Zoom donde analizan todas las semanas las sentencias en condiciones de ser firmadas. Allí conversaron sobre el contenido de las críticas de la vicepresidenta, aunque no trascendió en qué tono. Lo cierto es que, al cabo de la reunión, prefirieron el silencio, al menos en público. "No hubo comentarios posteriores sobre el tema", dijo un funcionario de la Corte.
Las críticas de las vicepresidentas llegan a una Corte que está dividida y donde los jueces se miran con desconfianza. Carlos Rosenkrantz, el presidente, es blanco de críticas internas, pero cualquier decisión administrativa o pronunciamiento requiere de la voluntad de al menos tres jueces para que la firmen. Los jueces no hablan más allá de lo operativo para el funcionamiento del tribunal y no están en condiciones de tomar ninguna posición común.
Las críticas de la vicepresidenta de esta semana abrieron un sendero para que los jueces encontraran una causa común. "No hay respuesta por ahora, hay que esperar a ver cómo evoluciona y cuán profunda es la crisis", dijo otro funcionario judicial que mencionó que a Alberto Fernández no le queda más remedio que suscribir los dichos de su vicepresidenta.
Los jueces de la Corte tienen por delante dos o tres acuerdos para firmar sentencias de acá a fin de año y no hay en carpeta ningún caso de alto voltaje político que pueda leerse como una respuesta al Gobierno. Tienen previsto una reunión el 17 de diciembre, otra el 22 y podría haber una tercera, el 29 de diciembre, aunque no es seguro. Sin contar con que desde la implementación de la firma digital pueden reunirse cuando tengan la voluntad conjunta de hacerlo, de manera remota, y firmar lo que sea necesario.
De todos modos, la reacción en la Corte tras las expresiones de Cristina Kirchner fue considerarlas un síntoma de preocupación por lo que puede resolver el máximo tribunal ante los recursos pendientes por el caso de Vialidad, juicio oral que está en marcha. "Es una expresión de impotencia", señalan. Aunque en una Corte como esta, donde cada uno es un voto y una opinión personal, sin construcción en bloque, hay que tomar estas expresiones como una opinión individual y no necesariamente generalizada.
El Consejo y el Instituto
Por lo pronto, el kirchnerismo amenazó con iniciar juicio político a los jueces supremos y plantear reformas legislativas que amplíen el tribunal o cambien su funcionamiento. Alberto Fernández recibió el jueves de manos de un comité de juristas que lo asesora los tres tomos de un informe en el que sugieren plantear una ley de funcionamiento de la Corte.
Al recibir este documento, Fernández se mostró particularmente interesado en la propuesta de crear un tribunal intermedio, por debajo de la Corte, que pueda fallar en la mayoría de los casos de arbitrariedad. Dijo del dictamen: "Es un trabajo muy útil, magnífico, un disparador que nos hace falta, un punto de partida". ¿Para qué? No lo aclaró, aunque en el Gobierno está la idea de trabajar en proyectos de ley sobre la base de estas recomendaciones para tratar en el Congreso tras el receso de verano.
No pasó inadvertido que, en las mil páginas, donde se volcaron opiniones plurales de 11 especialistas en derecho, incluido Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, no hay ninguna referencia al lawfare. El comité asesor no reconoce en el dictamen la existencia del lawfare en la Argentina.
Los voceros del Instituto Patria que lanzaron las amenazas de juicio político a la Corte fueron el senador Oscar Parrilli y el diputado Leopoldo Moreau. "Todo esto hay que modificarlo rápidamente. Hay que apelar al mecanismo de ampliación de la Corte y, en paralelo, también apelar al juicio político", dijo Moreau. Parrilli recordó que Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político a Lorenzetti en la Cámara de Diputados. "Diputados tiene que poner en marcha y hacer la acusación y, eventualmente, el Senado es la sala juzgadora. Es una deuda de nuestra gestión y está muy bien que la vicepresidenta haya puesto en palabras lo que todos sabemos".
En septiembre pasado, la diputada kirchnerista Vanesa Siley había presentado en el Congreso un pedido de juicio político contra Rosenkrantz. Le cuestionó su intervención en casos de lesa humanidad y criticó su rol como presidente del tribunal. El juez contestó con una carta en la que rebatió los cuestionamientos y dijo: "Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno". En la misma nota aseguró que persiste "una campaña de desprestigio". Ahora parece que esa descripción queda corta.
Este pedido de Siley y el que Carrió promovió contra Lorenzetti, que pierde estado parlamentario en marzo, son los únicos en vigor. Algunos funcionarios sostienen que a los jueces no les preocupan las amenazas de juicio político y que las explicaciones que han dado fueron suficientes como para que no queden dudas de su actuación.
Apuestan a que la estabilidad interna sea suficiente como para transitar los próximos meses de cara a los que saben que es una embestida en crecimiento.
Por Hernán Cappiello
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