La Corte abre la disputa por su presidencia, en medio del debate por los pliegos de Lijo y García-Mansilla

En la Corte Suprema dicen que no están preocupados por el debate en el Senado sobre las postulaciones del juez Ariel Lijo y el jurista Manuel García-Mansilla para integrar el tribunal. Ni en la oficina de Ricardo Lorenzetti, el juez que convenció al presidente Javier Milei de la conveniencia de la candidatura de Lijo, ni entre los otros jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. A pesar de que nadie dice estar pendiente de lo que ocurre en el Senado, a pocas cuadras, en el Palacio de Justicia, ya se prepara la elección del presidente de la Corte. El mandato de Rosatti vencerá a fin de septiembre, por lo que en la segunda quincena de este mes o antes, se elegirá al titular del máximo tribunal.

Hoy son suficientes tres votos para que sea Rosatti o Rosenkrantz, ya que Lorenzetti no cuenta con el favor de sus colegas, con quienes mantiene un enfrentamiento enconado desde que perdió la presidencia y que se agravó el último año con sonoras disidencias por asuntos de gestión, por la obra social del Poder Judicial, por la pérdida de poder sobre la administración del tribunal y por expresiones de Rosatti durante la campaña electoral de 2023.

Cerca de Lorenzetti la idea es que el futuro presidente sea interino, pues da por descontado que en caso de que Lijo y García-Mansilla lleguen a la Corte cambiarán las mayorías en el tribunal y su postura no será tan solitaria como hasta ahora. “Se puede prorrogar el mandato de Rosatti hasta que vengan los demás y después se elegirá”, dicen cerca de Lorenzetti.

En el resto de la Corte desafían: “Si hay cambios en la Corte, será presidente el que consiga una mayoría”. Eso si se aprueban los pliegos de Lijo y entra ahora, y si ocurre lo mismo con García-Mansilla, que podría recién ingresar el 1 de enero del año próximo, tras la jubilación de Maqueda a los 75 años.

Las energías están puestas además en cerrar el presupuesto del Poder Judicial 2025, ya que hoy trabajan con el de 2023, prorrogado y sin ajustes. Otro tema de enfrentamiento y negociación con el Poder Ejecutivo.

Tres de los cuatro jueces de la Corte compartieron dos días enteros en San Juan, donde se realizó el XXIV Encuentro Nacional de Jueces de Cámara de Tribunales Orales Federales de la Argentina. Expuso Rosatti, que dijo que el Gobierno no los consulta lo suficiente y luego compartió panel con Rosenkrantz.

Más tarde habló Lorenzetti sobre el estrés al que está sometido al Poder Judicial por la falta de cobertura de las vacantes. Por la noche hubo una cena formal, donde compartieron la mesa Lorenzetti y Rosenkrantz con el resto de los magistrados, incluido el presidente de la Cámara de Casación Mariano Borinsky y el de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso.

Juran algunos de los presentes que en la mesa no se tocó el tema de Lijo y García-Mansilla. Tal vez no fue el tema general de la mesa, pero sí motivó comentarios entre comensales que cuchicheaban codo a codo sobre las alternativas de las audiencias públicas.

Lorenzetti está convencido de que el pliego de ambos candidatos va a pasar el Senado. Como ocurrió con Rosatti y Rosenkrantz cuando asumió Mauricio Macri, en 2015, que llevó un tiempo pero fueron aprobados. Incluso su optimismo va mas allá, pues cerca de Lorenzetti creen que el Gobierno no va a tener que ampliar la Corte para conseguir los votos.

Otro cantar

Por lo pronto, en el Senado otro parece ser el escenario. El Gobierno mantiene su idea: van los dos o ninguno (Lijo y García-Mansilla), quiere que le firmen los pliegos en la comisión de Acuerdos (necesita nueve votos) y entonces está dispuesto a poner sobre la mesa la negociación por la Corte ampliada, el Procurador o incluso parte de los 143 pliegos de jueces nacionales y federales -cuyas ternas ya aprobó el Consejo de la Magistratura- y que descansan en el Poder Ejecutivo. Son la mitad de las vacantes. Así cree que conseguirá los dos tercios en el recinto.

En la oposición por el contrario no están dispuestos a firmar los pliegos en comisión si no hay un acuerdo más amplio antes. Quieren cobrar por adelantado los beneficios de la negociación y no quedarse con una promesa para después. Están frenadas las posiciones, como en el “chicken game”, donde dos autos lanzados en velocidad aceleran en sentido opuesto y nadie está dispuesto a frenar para evitar el choque. Lo peor que puede pasar para el Gobierno es retirar los pliegos y asumir la derrota política. Para la oposición, el costo es casi nulo, aunque se privan de poder incidir ahora en la integración de la Corte.

Lejos de Lorenzetti, en la Corte miran el escenario desde afuera con la misma declamada falta de preocupación. Aunque son menos optimistas acerca de que los pliegos puedan ser aprobados. Al contrario, la lectura es que el Gobierno avanzó como si ya tuviera cerrados todos los acuerdos hasta que tras las audiencias públicas se dio cuenta de que no tenía “nada de nada”.

Anabel Fernández Sagasti, la senadora más cercana a Cristina Kirchner, lo dijo claramente en Futurock cuando aludió a que hay un proyecto con media sanción del Senado votado en septiembre del 2022 que establece que los integrantes de la Corte serán 15 jueces o juezas (y no 25 como figuraba en el dictamen de mayoría). Los actuales miembros de la Corte continúan en sus cargos por lo que, si la medida se aprueba en Diputados, se nombrarían los restantes hasta completar los 15 puestos.

Cristina Kirchner congeló la discusión. Hace ocho meses la expresidenta había quedado jaqueada por la derrota electoral, y hoy se erige en la dirigente que concentra el poder que el Gobierno no supo conseguir en el Congreso mediante la política. Milei conserva un apoyo que llega al 50 por ciento en las encuestas, pero le cuesta construir poder como para conseguir sus objetivos en el Congreso.

Hoy Cristina Kirchner tiene ese poder, al igual que lo demostró la semana que pasó Mauricio Macri. Cuando el expresidente se enteró que desde la nueva SIDE estaban espiando en la justicia las causas judiciales en su contra, se paró de manos y su tropa votó en contra del DNU que ampliaba a 100 millones de dólares los gastos reservados para la inteligencia.

Macri, que ya fue cuestionado por ser afecto a esa información cuando fue gobierno, advirtió que el mileísmo hacía lo mismo que el kirchnerismo, al buscar valerse de la Justicia para la persecución penal, y estalló. Fue una manera de frenar a Santiago Caputo, el asesor de Javier Milei que controla la SIDE y que está enfrentado con Macri.

El mismo Caputo que fue quien le ofreció a García-Mansilla ser juez de la Corte, junto con Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia y su delegado en el ministerio, que la semana pasada juntó millas como nunca en su transitar entre los despachos de la Casa Rosada, el Senado y el Ministerio de Justicia en busca de los votos en fuga.

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