La coparticipación discrimina a la Ciudad, pero la Nación sostiene servicios que no cubre en el resto del país
El Tesoro nacional subsidia a empresas que prestan servicios en el AMBA, como las eléctricas, de agua y cloacas, el transporte o segmentos de la Justicia
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Si bien la coparticipación federal es una fuente importante de ingresos de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), desde hace años se fueron consolidando otras alternativas de transferencias de fondos desde la Nación. CABA es discriminada en la coparticipación -aporta más del 20% de la recaudación nacional y recibe el 1,4% de los fondos- pero no así en el gasto que se ejecuta con fondos nacionales.
Por caso, en la ciudad de Buenos Aires la Nación se hace cargo del financiamiento de servicios que, en el resto del país, están a cargo de los gobiernos locales: transporte, agua, electricidad y justicia laboral. Hasta 2021 se sumaba a ese combo la Prefectura que patrullaba Puerto Madero.
Hace más de dos años -desde setiembre de 2020-, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, espera un fallo de la Corte Suprema que le permita recuperar fondos de la coparticipación que le recortó la Nación primero por decreto y, luego, por ley. Alberto Fernández decretó una quita de 1,4 puntos de la coparticipación a la Ciudad para destinar esos fondos a Axel Kicillof y apagar las protestas de la policía bonaerense, que llegaron hasta la puerta de la quinta de Olivos. En noviembre de 2020, por ley, el kirchnerismo con aliados provinciales le fijaron a la Ciudad un monto fijo destinado a seguridad.
En enero de 2016, a un mes de asumir, el entonces presidente Mauricio Macri, apenas aprobado el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, le aumentó la coparticipación de 1,4% a 3,75%, porcentaje que luego se redujo a 3,5%. Según cálculos de la gestión de Alberto Fernández -en el que coincidieron los gobernadores- ese monto superaba lo necesario para sostener la seguridad transferida. También es cierto que varios funcionarios provinciales entienden que ese número excedía y el actual no alcanza.
Desde Idesa, el economista Jorge Colina estima que -incluyendo planes sociales- la Nación destina alrededor del 20% del presupuesto a CABA: “Parte se explica porque la burocracia que sostiene el Estado nacional está mayoritariamente localizada en la Ciudad; pero la concentración se potencia porque con recursos nacionales se subsidian los servicios públicos que consumen los habitantes de Caba como electricidad, agua, gas, transporte, justicia, parte de la seguridad, servicios que en el interior están a cargo de los niveles locales”.
Para el economista, en un punto, “el Presidente se convierte en el jefe de gobierno porteño”. A su entender, hay que eliminar la coparticipación y devolver a las provincias potestades para cobrar impuestos a fin de que se autofinancien y, en paralelo, crear un fondo de convergencia, para acelerar el desarrollo de las zonas más rezagadas. El reparto debe estar “condicionado” al cumplimiento de determinados parámetros.
El pacto fiscal firmado en 2017 durante el gobierno de Juntos por el Cambio incluía “eliminar subsidios diferenciales para el Área Metropolitana de Buenos Aires en materia energética para el ejercicio de 2019 y en transporte para el ejercicio de 2021”. Con la administración de Fernández ese acuerdo quedó en la nada.
Varios de los negociadores provinciales que intervinieron en el diseño del pacto original recordaron ante LA NACION que los ministros nacionales resistieron el traspaso de AySA a CABA y a Buenos Aires. Esgrimieron como argumento que la empresa tenía créditos internacionales que se ponían en riesgo si cambiaba de órbita.
Las deudas de Edenor y Edesur con Cammesa -de $500.000 millones, concentran la mitad- según lo aprobado en el presupuesto 2023, si no las pagan las empresas las debería cubrir el Tesoro nacional. En el resto del país son los gobiernos locales.
En el caso de AySA, concesionaria de agua potable y tratamiento de desagües cloacales en CABA y 26 partidos del conurbano, su balance tuvo un déficit financiero de casi $80.000 millones. El déficit fue autorizado a comienzos de noviembre por una decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, marido de la titular de AySA, Malena Galmarini. En lo que hace al transporte, el Área Metropolitana de Buenos Aires recibió el 85% del total de los subsidios nacionales, incluyendo colectivos y trenes.
El interior recibe unos $46.000 millones del Fondo Compensador, mientras que la ciudad y la provincia de Buenos Aires cobran transferencias del Tesoro por $300.000 millones al año, si también se tienen en cuenta los trenes, además de los colectivos. En el reparto de subsidios de transporte, al AMBA se destinan $24.700 millones y al interior van $3800 millones.
En abril pasado, la senadora nacional por el peronismo cordobés, Alejandra Vigo, presentó un proyecto de ley para transferir AySA, Edenor y Edesur a la ciudad y la provincia de Buenos Aires. “Queremos que por ley, y no por voluntad del gobierno de turno, se distribuyan los subsidios que surgen del esfuerzo de todos: el interior no puede seguir subsidiando al AMBA”, planteó.
Diecinueve gobernadores firmaron un comunicado de apoyo a la quita de parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Desde el punto de vista legal, la Casa Rosada puede hacer con ese dinero lo que quiera, porque corresponde a la parte de los recursos que le corresponde (no se retrajo de la “torta” de las provincias). Además de girar una parte a Kicillof para que solucionara el conflicto policial, el ministro Eduardo “Wado” de Pedro prometió que se usaría para el combate al narcotráfico en Santa Fe, Misiones y Salta, compromiso que luego no se verificó.
Por Gabriela Origlia
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