La Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó a una audiencia por la independencia judicial en Argentina

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó para el 18 de marzo a una audiencia para tratar las situación de la independencia judicial en la Argentina donde escuchará las denuncias de fiscales provinciales que investigan las corrupción y el juego clandestino, perseguidos por el poder, las presiones sobre el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para forzar y la marcha para exigir la renuncia de los jueces de la Corte.

La petición de la audiencia fue realizada por al Asociación Argentina de Fiscales (AAF) y la Asociación de de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo internacional autónomo, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

Hay 15 minutos para los planteos que se realizan en esta audiencia temática y son respondidos por el Estado en 15 minutos. Eventualmente la Comisión podría incluir las quejas en su informe anual sobre violaciones a los Derechos Humanos. Solo darle visibilidad al caso. Hasta ahí llega la intervención de la CIDH ante esta petición. Diferente es si en el futuro algunos de los asuntos que se expongan -agotada la vía judicial en la Argentina- se convierte en un caso para que lo trate un tribunal internacional.

Los fiscales plantearán los casos de la suspendida fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, suspendida cuando coordinaba la acusación de un grupo de fiscales en un juicio oral que se le sigue al exgobernador Sergio Urribarri y mientras motorizaba además una megacausa bautizada contratos, donde se investiga un desfalco de mas de 53 millones de dólares, con falsos contratos de empleados de la Legislatura. Goyeneche estará presente en la audiencia que se realizará por Zoom.

Los planteos también abarcarán los casos de los fiscales que estaban a cargo de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos de Rosario, Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja. Los fiscales investigaron un caso de manejo de subsidios por parte de legisladores en épocas electorales; el desvío de fondos públicos por parte de un senador mientras se desempeñaba como intendente y una investigación por enriquecimiento ilícito de un senador. A su vez, tienen a su cargo un caso sobre estafas inmobiliarias y lavado de dinero, que involucra a empresarios y figuras reconocidas de Rosario. Fueron acusados de coaccionar a un preso para que acuse a un policía, en un intento de desacreditarlos, dicen los denunciantes.

Otro tema de la audiencia es el caso de los fiscales Luis Antonio Schiappa Pietra y Matías Edery en Santa Fe que vincularon a un senador provincial con el juego clandestino. Pidieron en diciembre de 2020 su desafuero ante el Senado de la provincia, para imputarlo por corrupción, pero el Senado rechazó el pedido de desafuero, lo que impidió la imputación. Fueron investigados, denunciados, atacados, recusados en un intento de presionarlos.

Se tratará también en la CIDH el caso del Fiscal Jefe de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia de Neuquén, Fernando Guillermo Rubio, que quiso investigar al Consejo Deliberante local, pidió su allanamiento y terminó enfrentando un juicio político en un intento de evitar la investigación, presionarlo y destituirlo.

Otro asunto que se planteará es el de un fiscal de Concordia José Arias, perseguido y denunciado por investigar al intendente de Puerto Yeruá por fraude.

Los peticionantes de la audiencia dijeron que estas acciones se dan en el contexto de las presiones sobre el procurador Eduardo Casal para que renuncie y la marcha, “pueblada”, dice el escrito, para solicitar la renuncia de los jueces de la Corte, apoyada por el Gobierno.

“Los ataques a la independencia del Ministerio Público en las provincias se ven complementados desde la acción a nivel del estado federal. Así, cabe mencionar los intentos llevados adelante desde el gobierno nacional para lograr la destitución (o la renuncia) de la cabeza del Ministerio Público, el Procurador General de la Nación (interino), Dr. Eduardo Ezequiel Casal” o “las permanentes críticas que, desde diversos ámbitos del gobierno nacional, se realizan contra jueces y fiscales que intervienen en casos de corrupción con el objetivo de lograr amedrentarlos y que cesen con los juicios”.

“En este sentido, resulta necesario señalar la convocatoria realizada para el 1 de febrero desde personas allegadas al gobierno nacional (y apoyada entre otros por el Ministro de Justicia de la Nación) para realizar una “pueblada” con el objetivo de presionar y disciplinar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dice el pedido de las asociaciones.

Este punto sobre Casal fue motivo de desavenencias entre las organizaciones de fiscales. De hecho, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que reúne a los fiscales federales, no apoyó esta iniciativa teniendo en cuenta que la situación del Procurador interino no es la que hace un año atrás. Asimismo, la exposición internacional de Casal en esta audiencia también generó desagrado en la Procuración.

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