La Coalición Cívica pide que aparten del caso YPF al subprocurador por supuestos vínculos con la familia Eskenazi

En medio del conflicto por la estatización de YPF, y cuando la Argentina debería pagar 16 mil millones de dólares por un mal procedimiento realizado durante el kirchnerismo, los diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC)-Ari Juan Manuel López y Paula Oliveto, aliados de Elisa Carrió, pidieron a la Oficina Anticorrupción (OA) que aparte al subprocurador del Tesoro, Andrés de la Cruz, para que se abstenga de intervenir en el juicio que avanza en Estados Unidos. Basaron su presentación en una nota de LA NACION escrita por el periodista Carlos Pagni y alegaron que, según los trascendidos, este hombre habría sido abogado de la familia Eskenazi, que podría beneficiarse del resultado de esa instancia judicial. La notificación también llegó a YPF.

Ambos legisladores giraron presentaciones al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y al presidente de YPF, Horacio Marín, para pedir el corrimiento de De la Cruz, que fue designado por la gestión de Javier Milei el pasado 26 de diciembre a través del decreto 80/2023, firmado por el Presidente y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El abogado es el número dos de la Procuración del Tesoro, que asume la representación y la defensa del gobierno nacional en juicios como el de YPF y que está a cargo de Rodolfo Barra.

“De la Cruz habría sido abogado de la familia Eskenazi por lo que advertimos la existencia de un conflicto de intereses que perjudicaría notoriamente la defensa de nuestro país. Uno de los funcionarios a cargo de la defensa del Estado argentino mantendría una estrecha relación con quienes vendieron sus derechos a los actuales demandantes del Estado argentino y que tendrían un notorio interés en el litigio que llevan adelante contra la Argentina”, indicaron López y Oliveto en su nota.

Asimismo, se anclaron en la ley de ética pública y marcaron a Melik, de la Oficina Anticorrupción: “Es importante que el subprocurador se abstenga de intervenir en el mencionado juicio puesto que, habida cuenta del notorio conflicto de intereses existente, podría privilegiar su interés particular por sobre el interés público. Si se abstuviera de intervenir, se evitarían opacidades o sospechas que podrían mellar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas o en la transparencia de los controles del Estado”.

Los diputados nacionales dijeron también que la presencia de de La Cruz podría atentar contra una buena defensa del país en esta causa y que eso implicaría un “hecho de extrema gravedad institucional”; asimismo señalaron que podría acarrear la confirmación de una condena multimillonaria. “Es nuestro deseo que el Estado argentino esté bien representado, puesto que está en juego el presupuesto público, es decir, dinero que le pertenece a todos los habitantes”, agregaron los laderos de Carrió.

Caso YPF

En la causa el Estado argentino se enfrenta al fondo Burford Capital, que compró los derechos de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, de propiedad de Eskenazi. Este fondo reclama una indemnización millonaria por la estatización que se hizo en 2012, durante la segunda gestión de Cristina Kirchner y con el actual gobernador Axel Kicillof como cara visible, en ese entonces bajo el rol de viceministro de Economía.

En septiembre la jueza estadounidense Loretta Preska consideró adecuado el esquema de compensación propuesto por Burford Capital, que pide unos 16 mil millones de dólares, ya que entendió que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se hizo la estatización y así perjudicó a los accionistas minoritarios. En tanto, el 22 de febrero próximo la Argentina tiene que presentar ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska.

“Conforme surge de información publicada en diversos medios periodísticos, el fondo Burford Capital habría efectuado un acuerdo con la familia Eskenazi en el que estos últimos se beneficiarían con el 30% del monto del litigio, si es que obtuvieran alguna indemnización al respecto. Por lo tanto, hay severas y fundadas sospechas que detrás del fondo Burford estarían los Eskenazi. En este contexto, cabe recordar que la defensa del Estado argentino en el juicio es llevada a cabo por la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo subprocurador es De la Cruz, quien estaría a cargo de los litigios internacionales. He aquí entonces donde radica el fundamento de nuestra presentación”, argumentaron López y Oliveto en su carta.

Ayer, Pagni publicó su nota La irrupción de un ‘Centrão’ criollo donde señaló: “En la Procuración del Tesoro fue designado como subprocurador el abogado Andrés de la Cruz. Se especula con que estará a cargo de los litigios internacionales. ¿Por qué es escandaloso? Porque De la Cruz fue abogado de la familia Eskenazi, que está asociada a la demanda de 16 mil millones dólares del fondo Burford por la estatización de YPF, que es el principal caso internacional que enfrenta la Argentina. Todas las versiones sostienen que De la Cruz llegó allí por recomendación del ministro Luis Caputo. Movimientos subterráneos que deberían ser aclarados por una facción política que se identifica con las ‘Fuerzas del Cielo’”. Esto motivó las dos presentaciones que hicieron los diputados de la CC-Ari.

Las presentaciones de López y Oliveto

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