La Coalición Cívica pide investigar la renuncia de la vicepresidenta de la UIF en la causa por supuesto encubrimiento a Cristina Kirchner
Los diputados López y Zuvic solicitaron que Luna Montes explique los motivos de su dimisión, que se produjo un día antes de la audiencia en la que el organismo antilavado no pidió penas para la vicepresidenta
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Días después de que la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución de Cristina Kirchner en el juicio por la causa Vialidad, diputados de la Coalición Cívica denunciaron por encubrimiento agravado a las autoridades del organismo antilavado, Juan Carlos Otero y Luna Montes. Este lunes, los opositores pidieron sumar como prueba la renuncia presentada por Montes -y mantenida bajo reserva durante 20 días-, que fue revelada por LA NACION.
“En el alegato que comenzó en el día de la fecha del Fiscal Luciani se ha pronunciado en durísimos términos respecto al actuar de la UIF al momento de alegar y lo calificó de temerario e incluso señaló una tergiversación de las pruebas para arribar a un pedido improcedente”, detallan los diputados Juan Manuel López y Mariana Zuvic, para señalar luego la nota de LA NACION que relató que la renuncia de Luna Montes presentada un día antes del alegato exculpatorio de la UIF.
“Si la renuncia se hizo con anterioridad al alegato cuestionado por divergencias sobre el contenido del alegato, la Dra. Luna Montes deberá ser convocada a dar explicaciones como testigo y no como imputada en la investigación”, advierten López y Zuvic en el escrito.
En la denuncia original, los diputados de la Coalición Cívica acusaron a Otero y Montes del delito de encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público e incumplimiento de la obligación de promover la represión. Señalaron las decisiones mediante las cuales el organismo, en su carácter de querellante, omitió impulsar la acción penal contra la vicepresidenta o incluso directamente se pronunció a su favor: el pedido dejar caer la acusación a Cristina y sus hijos en las causas Hotesur y Los Sauces, el pedido para absolverla en el juicio donde se la acusa de favorecer a Lázaro Báez con obra pública, y otras decisiones tales como no haber apelado la reducción de la condena de Amado Boudou en el caso Ciccone, por ejemplo, o el no haber apelado el sobreseimiento de Paolo Rocca en la causa cuadernos.
Enmarcaron estas decisiones dentro de un supuesto plan de impunidad de la vicepresidenta, sus hijos y los funcionarios que participaron de sus gobiernos y dijeron que el organismo “obró de un modo impune”.
Este fin de semana, LA NACION reveló que la mañana que la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó su alegato en el caso Vialidad y, en contra de lo que había hecho hasta entonces, pidió la absolución de Cristina Kirchner, dentro del organismo acababa de estallar una crisis que se preservó hasta hoy en el mayor de los secretos.
El día anterior al alegato, el domingo 10 de julio, Montes presentó su renuncia. Dejó escrito que lo hacía por razones personales, pero fuentes que conocen la interna dijeron a LA NACION que estaba claro que el motivo era otro: no estaba de acuerdo con el alegato. Evidentemente su visión de lo que había que hacer no fue la que se impuso y sabiendo lo que pasaría horas después, decidió irse.
La renuncia, presentada formalmente hace 20 días, se mantuvo en reserva. No surge del Boletín Oficial que haya sido aceptada. LA NACION consultó a las autoridades de la UIF, pero no obtuvo respuesta. También intentó sin éxito hablar con Montes.
Montes tiene 34 años y es una funcionaria especialista en lavado de dinero, que antes de la UIF había trabajado seis años en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), una fiscalía especializada del Ministerio Público Fiscal, donde tenía cargo de prosecretaria. En rigor, sigue perteneciendo al Ministerio Público, pero en uso de licencia.
A Montes no se le conoce militancia política, según coincidieron fuentes consultadas por LA NACION que la trataron en la gestión, tanto del oficialismo como del macrismo. Fue designada como número dos de la UIF en marzo pasado. Fue un cambio a un cargo de enorme sensibilidad política. Firmaron el decreto 109/2022, de su nombramiento, el presidente Alberto Fernández y Martín Guzmán, por el Ministerio de Economía, dentro de cuya órbita está la UIF. El presidente del organismo es Juan Carlos Otero, un funcionario de carrera a quien se le adjudican vínculos con Máximo Kirchner. Según fuentes que conocieron la relación entre ellos, Montes y Otero trabajaron sin mayores conflictos hasta el alegato del caso Vialidad.
El lunes 11 de julio, después de años de impulsar la causa contra Cristina Kirchner y sus exfuncionarios, a la UIF le tocó el momento de decirle al tribunal qué penas pediría. Sostuvo entonces que no había pruebas ni del supuesto fraude ni de la asociación ilícita, los delitos que se le imputaron a la vicepresidenta, y advirtió además que en 2017 la UIF debió haber abandonado el rol de acusadora en este caso. En 2017, pleno gobierno de Mauricio Macri, el organismo había avanzado muy fuerte contra la expresidenta.
Los abogados que alegaron el 11 de julio en representación de la UIF fueron Leandro Ventura y Alejandro Irachet. Lo hicieron siguiendo instrucciones de Otero, explicitaron.
También pidieron la absolución del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del exsecretario de Obras Públicas José López, del exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti y de los exsubsecretarios de Obras Públicas Carlos Santiago Kirchner y Abel Fatala. Solo solicitaron penas de un año para funcionarios provinciales, pero en el mismo alegato advirtieron que es probable que esos hechos estén prescriptos.
“Autónomo y autárquico”
La UIF fue creada en el año 2000 como un organismo “autónomo y autárquico” y su misión principal es el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El año próximo, la Argentina será evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para medir el nivel de efectividad de su régimen contra el lavado y la financiación del terrorismo. Durante los meses que lleva como vicepresidenta de la UIF, Montes “trabajó mucho” en este tema, dijeron fuentes que compartieron esa tarea con ella.
Este año se está haciendo evaluación nacional de riesgo –la que hace el propio país, con asesoramiento internacional-. Ya se presentó la de lavado de activos y se está cerrando la de financiamiento de terrorismo, informó una fuente que trabaja en el tema. Intervienen distintos organismos; entre ellos, la UIF, la Procelac, la AFI, la Dajudeco y la AFIP. De las últimas reuniones, Montes ya no participó.
LA NACION
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