La Coalición Cívica denunció penalmente a Malena Galmarini y al empresario Mauricio Filiberti por un contrato millonario para la provisión de cloro
El partido liderado por Elisa Carrió pidió que la Justicia investigue un presunto fraude a la administración pública; la licitación está pendiente de definición
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LA NACION
La Coalición Cívica (CC) presentó una denuncia penal contra Malena Galmarini, presidenta de AySA, y contra Mauricio Filiberti, dueño de Transclor SA. Filiberti es uno de los empresarios amigos del candidato a presidente y actual ministro de Economía, Sergio Massa, marido de Galmarini. La CC pidió que se los investigara por una contratación supuestamente plagada de irregularidades y los acusó de los delitos de fraude a la administración pública y violación de los deberes de funcionario.
La denuncia la hicieron en los tribunales de Comodoro Py el auditor de la ciudad de Buenos Aires Juan Calandri, la diputada nacional Mariana Zuvic y el legislador porteño Hernán Reyes; todos dirigentes del partido que lidera Elisa Carrió. Le tocó, por sorteo, al juez federal Sebastián Ramos. Alcanza además a otras autoridades de AySA, como el gremialista José Luis Lingeri, representante del 10% de las acciones de la empresa que fueron asignadas a los extrabajadores de Obras Sanitarias de la Nación.
La licitación que cuestionan se encuentra en proceso de definición. Filiberti se presentó en junio de este año como único oferente. Si se la adjudica, cobrará más de 127 millones de dólares a cambio de explotar, mantener y abastecer de policloruro de aluminio (PAC) una planta de AySA hasta 2028.
Según la CC, se elaboró un pliego a la medida de la empresa de Filiberti y se le hizo perder millones al Estado. “Malena Galmarini podría haber reclamado la prórroga del acuerdo marco vigente por dos años más, lo que mantendría el precio de provisión del PAC en una cifra muy inferior en dólares (entre 390 y 430 dólares la tonelada), lo que le permitiría al Estado ahorrar, en dólares, entre un 15% y un 25%. En cambio, AySA anunció la firma de un nuevo contrato por el que se pagarían 504 dólares por tonelada. Galmarini se propuso asegurarle a Filiberti el negocio por cuatro años más, es decir, durante el mandato del próximo presidente”, sostuvo la CC.
Ante la consulta de LA NACION, en AySA dijeron que no conocen esta nueva denuncia, pero que la Justicia ya investiga esa licitación y que ellos entregaron el expediente entero a los tribunales y aportaron toda la información requerida por la jueza María Eugenia Capuchetti, que es quien instruye esa causa. Sostuvieron que esa información que le dieron a la jueza acredita que no hubo nada irregular.
Los dirigentes del partido de Carrió presentaron, también, una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante; solicitaron que se apliquen penas y multas, y que se ordenen medidas procompetitivas. “Transclor S.A. incumple la Ley de Defensa de la Competencia debido a que permanece en una posición de dominio basada en tres factores principales: el acceso a insumos clave, la economía de escala y la integración vertical”, afirmaron Calandri, Zuvic y Reyes.
“Desde hace veinte años, la empresa Transclor es la que opera la planta de Bernal que pertenece a AySA y produce el PAC, insumo que le vende a la propia AySA, entre otros clientes. El otorgamiento de esta concesión manipulada y parcial, que objetamos y denunciamos desde la CC, le permite a Transclor elaborar el insumo a un costo mucho más barato que sus competidores, dado que lo produce en la planta que pertenece a AySA y que tiene bajo su control. Sin embargo, se lo vende a la propia AySA a un precio excesivo, sin descontar todos los beneficios que la empresa recibe”, denunciaron los dirigentes de la CC, que responsabilizaron a Massa: “Es el garante de la continuidad de un sistema de corrupción kirchnerista que venimos denunciando hace años, y de un sistema de capitalismo de amigos que quiere profundizar”.
Según la Coalición Cívica, para fijar el precio de la tonelada de PAC en 504 dólares, AySA contrató a una consultora, quien realizó un análisis de la composición del costo, de cuyo estudio “se desprenden elementos incoherentes, incompletos o sesgados” que habrían afectado el establecimiento del precio. “En la denuncia mencionamos más de una decena de inconsistencias, como subestimar cantidades en el costeo, parcialidad en el precio de los insumos, utilizar cotizaciones de precios de insumos cuando el precio está en el pico más alto o no calcular el gasto energético cubierto por AySA”, informó la CC.
Un negocio de años
Los negocios de Transclor con el Estado empezaron hace por lo menos 15 años, según la denuncia. “Como una de las principales proveedoras de AySA, Transclor SA ha sido seleccionada algunas veces por licitación, pero principalmente por medio de Convenios y de Acuerdos Marco, siendo el proveedor exclusivo en la actualidad de PAC”, afirman los denunciantes, que le reprochan al Gobierno que “no se impulsó una política de ampliación de potenciales oferentes de manera que asegure una administración de los recursos con economía, eficiencia y eficacia, procurando pagar menos por el coagulante”. Eso, pese a que -advierten- directores de AySA han sostenido que es necesario “incentivar y facilitar la generación” de nuevos proveedores. “Sin embargo, se ha hecho todo lo contrario: la empresa del Estado creó las condiciones para que Transclor SA sea el único proveedor”, dice la denuncia penal.
Según la denuncia, las supuestas irregularidades incrementan las tarifas que pagan los usuarios. “El daño proporcionado por la conducta -dice la denuncia- deviene en tarifas técnicas más elevadas que son pagadas directamente por los usuarios con la tarifa domiciliaria e indirectamente por la totalidad de los argentinos a través de los subsidios otorgados por el Estado Nacional”.
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