Cuarentena: la Coalición Cívica calificó de inconstitucional el decreto que prohibió las reuniones sociales en todo el país
LA NACION
El bloque de diputados nacionales por la Coalición Cívica (CC), junto a Elisa Carrió y la junta ejecutiva nacional del partido cuestionaron el decreto 641/2020 del presidente Alberto Fernández –publicado el lunes en el Boletín Oficial–, que prohíbe las reuniones sociales en todo el país, hasta el domingo 16 de agosto.
La fuerza indicó que el decreto "es perverso", "excede el límite de lo razonable" y va en contra del "Estado de Derecho y a la búsqueda de un orden social justo". Además, lo consideraron "inconstitucional" y "de nulidad absoluta", dado que invade el campo penal, "prohibido por nuestra Constitución".
Los referentes de la CC apuntaron contra Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner. "El gobierno de Cristina y Alberto Fernández intenta poner a merced de su gobierno la vida y la intimidad de las personas. Con el dictado del DNU N°641/20 estarían incurriendo en el delito de infames traidores a la patria, previsto en el Artículo 29° de la Constitución Argentina", comienza el comunicado.
Según la acusación de la coalición opositora, como la medida tomada por el Gobierno no discrimina la situación particular de cada provincia o localidad –algunas de las cuales están libres de casos– representa un "abuso del poder inadmisible que viola derechos y libertades individuales previstos en los artículos 18° (inviolabilidad del domicilio) y 19° (libertad individual y acciones privadas) de la Constitución".
"Se trata de un acto perverso que esconde una finalidad: que no haya expresiones y/o manifestaciones públicas ciudadanas ante el avasallamiento de la Justicia, la búsqueda de impunidad, el cierre de comercios y PYMES, el aumento de la pobreza y el incremento de la inseguridad, principalmente en la provincia de Buenos Aires", continúa el documento.
Inconstitucionalidad
En el decreto 641/2020, el Gobierno prohíbe los "eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas", además de los "eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente", al considerar que una parte importante de los contagios se producen en este tipo de encuentros.
La infracción a esa última norma, tal como indica el DNU, "deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal".
Es en este punto que los firmantes aseguran la "inconstitucionalidad" y consecuente "nulidad absoluta" del DNU, ya que abarca cuestiones de materia penal, prohibidas por la Constitución. "Con este decreto están instalando un Estado de Sitio de hecho", advierten.
Por último, los denunciantes reclaman la puesta en marcha de un plan "serio y consistente" para salir de la cuarentena, cuidando "la salud, nuestra economía y los derechos y libertades", y aluden a que tal como "lo están haciendo otros países y ciudades del mundo", hay que aprender a "convivir con el virus".
"La salida de la pandemia es con responsabilidad colectiva e individual, no con un estado autoritario y policíaco", concluye el comunicado.
Otras medidas que incluye el DNU
Además de la prohibición de las reuniones sociales, el DNU vuelve a ratificar la limitación del servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional solo para los casos de actividades esenciales, y sostiene la restricción para el turismo.
Para las zonas alcanzadas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), en tanto, queda prohibido, también, el "dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades".
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