La Corte les dio 30 días a Horacio Rodríguez Larreta y Wado De Pedro para llegar a un acuerdo por la Coparticipación

No hubo acuerdo. El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, protagonizaron hoy, en la Corte Suprema, una audiencia de conciliación que fracasó, sobre la pelea por los fondos coparticipables.

El máximo tribunal les ordenó al Estado Nacional y a la ciudad de Buenos Aires que conformen ahora una mesa de diálogo para intentar acercar posiciones. Les dio 30 días hábiles para llegar a un acuerdo y deben informar semanalmente cómo avanza la negociación, que estará en manos de los equipos técnicos de la Ciudad y de la Nación.

En la reunión de la Corte estuvieron, además de Larreta y De Pedro, el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel; el Procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa; el ministro porteño Marcelo D’ Alessandro, un funcionario del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, y por la Nación, el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, y dos abogados del Ministerio de Economía. Las partes expusieron sus fundamentos durante dos horas y media sin lograr ponerse de acuerdo.

Cuando los convocó a la reunión, la Corte explicó que llamaba a la audiencia en los términos del Código Procesal Civil y Comercial, que señala que aún sin que las partes lo pidan, los tribunales podrán “ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa”.

La Corte tiene en sus manos dos procesos que tramita juntos. En uno de ellos se pidió un recurso de amparo contra un decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández que dispuso una quita de fondos coparticipables a la Ciudad del orden del 1,18 por ciento para pagar un aumento a la policía bonaerense. El segundo caso es una demanda de la Ciudad contra la Nación en la que pide declarar inconstitucional una ley que aumentó la quita de fondos dispuesta en el decreto anterior.

Según cálculos porteños, la ciudad perderá solo este año por la quita de coparticipación que realizó el Gobierno Nacional en 2020 unos 122.000 millones de pesos, equivalentes al 11% del presupuesto o, lo que es igual, al salario completo de un año de todos los docentes, lo que se paga por recoger los residuos durante un año y medio o los sueldos de todo el personal de salud durante ese período.

En septiembre de 2020, cuando se dispuso la reducción de fondos, la ciudad dejo de recibir 15.000 millones de pesos. A lo largo de todo 2021 no recibió 85.000 millones de pesos. La proyección completa para 2022 es de 122.000 millones, dijeron a LA NACION fuentes del gobierno porteño. Los funcionarios del gobierno de la Ciudad que siguen el caso estiman que la resolución no será rápida, aunque consideraron que la audiencia fue positiva.

“Siempre que se generan estos ámbitos, y más en los estrados del tribunal superior de un país, como es la Corte, es auspicioso. Cada uno tiene su posicionamiento que está marcado en el expediente, pero se buscarán los puntos para tejer los puentes necesarios y lograr una conciliación”, dijo a LA NACION una fuente del gobierno porteño que participó del encuentro. Describió que los ministros de la Corte estaban muy interiorizados con el expediente y que les formularon “preguntas interesantes” a las partes

Después de la audiencia, Miguel, D’Alessandro y Astarloa se reunieron con Rodríguez Larreta para sacar conclusiones del intercambio con los funcionarios nacionales y analizar los pasos a seguir. Rodríguez Larreta también tuvo un momento de diálogo con De Pedro cuando finalizó la audiencia, convocado por Rosatti.

“Nosotros venimos a reafirmar la postura del Gobierno nacional respecto del tema en discusión. Hay una ley sancionada en el Congreso por mayoría que resuelve de una manera muy justa el financiamiento, y perfecciona el traspaso de la función de seguridad a la Ciudad de Buenos Aires”, dijo De Pedro a los medios a la salida de la audiencia, a la que consideró como “un espacio muy bueno”.

Si los representantes de la Ciudad y la Nación no se ponen de acuerdo, la Corte dictará una sentencia para zanjar el conflicto. Lo primero que tiene para resolver el tribunal es la medida cautelar promovida por el gobierno porteño.

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