La Ciudad se presenta ante la Corte Suprema para denunciar el incumplimiento del Gobierno

La Ciudad de Buenos Aires prepara un escrito para denunciar este lunes ante la Corte Suprema el incumplimiento del Estado Nacional de la sentencia que ordenó entregarle de manera automática y diaria el 2.95 % de los fondos coparticipables que la Nación le había quitado en la pandemia. La Ciudad entiende que desde el miércoles pasado, en que fue notificado el fallo, la Nación lleva dos días de incumplimiento de la orden judicial.

El camino elegido es denunciar a la Corte Suprema el incumplimiento del Banco Nación, que debe activar los giros, sin pedidos por ahora de embargos. Y, por lo tanto, sin apurar a la Corte Suprema, que tiene sus tiempos.

Al mismo tiempo, los abogados del gobierno porteño trabajan también en la redacción de una denuncia penal que podría alcanzar al directorio del Banco Nación, responsable según la sentencia de hacer el depósito diario y automático, el ministerio de Economía y la jefatura de Gabinete de Ministros.

Esta segunda presentación, que es otra vía para emplazar al Gobierno nacional, se encauzaría por los juzgados federales de primera instancia donde ya hay al menos dos denuncias penales contra el presidente Alberto Fernández, una de la Coalición Cívica y otra de Republicanos Unidos, por la desobediencia a la Corte Suprema y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. El lunes se sumará una tercera de Patricia Bullrich.

La Ciudad había adelantado que además iba a pedir el embargo de las cuentas para cobrarse lo que el Estado Nacional no le paga, que son unos 1100 millones de pesos diarios. Sin embargo, por ahora, prefirió dejar de lado esta opción. “Queremos notificar a la Corte el incumplimiento de la sentencia que hoy ya es de dos días y que la Corte se tome el tiempo necesario para actuar; no vamos a pedir por ahora el embargo”, dijo a LA NACION un alto funcionario porteño versado en temas legales.

Otra fuente de la Ciudad confirmó que la estrategia y dijo que todo está por el momento bajo análisis y que están esperando el transcurso del acontecimiento. “Una cosa es decir que no van a incumplir y otra es ver que hacen, veremos”, dijo este funcionario.

El ejemplo que tienen por delante en la Ciudad es el caso de la provincia de San Luis, donde la Corte falló contra el gobierno de Mauricio Macri para que le devuelvan los impuestos, pero la ejecución de la sentencia duró cuatro años, con diversas propuestas que hizo la Nación para cumplir con la sentencia.

En tanto, desde el lado de la Nación los abogados del Estado están trabajando en el recurso de “revocatoria in extremis” que anunció el presidente Alberto Fernández que se iba a presentar para que la propia Corte de vuelta su decisión. Si bien el recurso no está previsto en los códigos procesales, constitucionalistas consultados dijeron que la jurisprudencia lo fue contemplando, aunque para error materiales y cuestiones formales, no de fondo como esta.

El plazo para presentarlo sería de tres días hábiles. Si se considera que la sentencia fue notificada el miércoles pasado, el plazo se vencería en las dos primeras horas del horario judicial del miércoles, ya que el viernes fue asueto.

Con respecto a la recusación que dijo el Presidente que iba a presentar contra la Corte, el especialista no solo sostiene que es extemporánea, sino que hay precedentes del máximo tribunal para sostener su rechazo.

Más allá de esta actividad en las dos partes del proceso, la Corte Suprema podría recibir estos escritos y analizar si corresponde dar traslado a la contraparte del recurso, lo que llevaría los plazos más allá de esta semana que se inicia y que termina el jueves, ya que el viernes es asueto.

Por eso, cualquier decisión que se tome en este caso de la coparticipación federal va a ser analizar en febrero al concluir la feria judicial. La apertura de la feria para tratar algún asunto es muy excepcional y solo por cuestiones humanitarias. El último antecedente que se recuerda ocurrió hace 21 años, con el caso de Silvia Tanus. La Corte Suprema autorizó, el 11 de enero de 2001, en un fallo sin antecedentes a inducir el parto de una mujer que llevaba en su vientre un bebé de siete meses con anencefalia, sin posibilidades de sobrevida.

Así las cosas, a pesar del vértigo político que tomó el caso, tras el anuncio de Alberto Fernández de que el fallo era “incumplible”, la causa va a enfriarse en los tribunales, al menos durante el mes que duren las vacaciones de verano.

Este asunto también le resulta conveniente al gobierno porteño que prometió aprobar una ley en la Legislatura de la Ciudad para reducir los impuestos si la Nación paga la coparticipación. La semana pasada intentó aprobar la ley, pero se cayó la sesión por falta de apoyo opositor. Ahora en período de sesiones extraordinarias, necesitan 40 votos para aprobar la ley, pero tras el verano en sesiones ordinarias, les basta con 31 votos, y el bloque oficialista reúne 32, con lo que podría pasar sin problemas, dijo a La Nacion un funcionario del área económica del gobierno porteño.

“Vamos a seguir trabajando en la Legislatura para sacar dictamen y que no sean necesarias las 40 personas, sino que 31 ya se pueda aprobar. Los 31 votos los que tiene le oficialismo, por lo que es una cuestión de tiempo para que eso suceda. Es un compromiso tomado y va a suceder”, dijo el ministro de Economía de la Ciudad, Martín Mura. a la CNN.

El análisis que hace la Cuidad es que el gobierno nacional se apuró al decir que el fallo era incumplible. Bastaba con anunciar los recursos de revocatoria y la recusación y luego negociar la ejecución de la sentencia, señalan. Creen que la redacción del comunicado done señalan que el fallo es “incumplible” fue alentado por el ala más indignada de los gobernadores peronistas y por el kirchnerismo.

Otro asunto es el aspecto político de la decisión de la Corte. Los gobernadores los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; del Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y de Tucumán, Osvaldo Jaldo firmaron el comunicado con Alberto Fernández, pero no todos están en la misma sintonía.

Alguno de los gobernadores están analizando pedir intervenir en el expediente como terceros afectados, dado que entienden que los fondos que se ordena les den a la Ciudad, se los sacan a ellos. La Corte dijo que esto no es así porque los fondos coparticipables se deben detraer de los que percibe la Nación y no las provincias.

Algunos gobernadores están entusiasmados y sus asesores legales buscan bajar sus ánimos belicosos, pero otros están incómodos con al embestida contra el máximo tribunal porque tienen sus propios problemas en la Corte y no quieren malquistar a los jueces que deben decidir sobre sus casos. Por eso es que enfriar el asunto podría ser beneficioso para todos.

En la intimidad, Alberto Fernández, en cambio está convencido de la certeza de su decisión del viernes pasado y del escrito que suscribió. A sus interlocutores del fin de semana que lo llamaron para desearle feliz Navidad los sorprendió con una clase de derecho constitucional sobre lo correcto de su decisión. En su entorno trabajan en tanto en los recursos, a sabiendas de que más allá del estrépito político inmediato el caso terminará por perder estridencia y terminará aplacado por el sopor del verano judicial.

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