La Ciudad recusó al juez Roberto Andrés Gallardo y no irá a la audiencia de mañana en el juzgado

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires recusó hoy al juez Roberto Andrés Gallardo y no irá a la audiencia convocada por el magistrado para mañana para tratar la disputa por la custodia del edificio de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del gobierno porteño, que dijeron que no se presentarán en el juzgado de Gallardo porque, una vez recusado, el juez debe dejar la causa hasta que se resuelva si sigue o no al frente del expediente.

Gallardo le ordenó ayer al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que sacara a su policía de la casa de Cristina Kirchner y levantara todo vallado dispuesto en el lugar. En el mismo fallo, convocó a los ministros de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, a una audiencia presencial para escuchar los argumentos antes de resolver la cuestión de fondo. Lo dispuesto ayer fue una medida cautelar.

En un primer momento, la reunión estaba convocada para las 11; hoy, Gallardo la adelantó a las 9. “Se hace saber que las partes y funcionarios convocados deberán presentarse a las 8.30 horas a efectos de presentar las acreditaciones pertinentes”, dijo el juez.

Además de recusar a Gallardo, fuentes del gobierno porteño informaron que mañana presentarán una apelación contra la medida cautelar dispuesta, en la que el juez le ordenó a Larreta que cesara “en forma inmediata” la “ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora vicepresidenta de la Nación”.

El juez tomó esta decisión “cautelar” -es decir, transitoria- en un expediente abierto por acciones de amparo presentadas por los dirigentes Juan Grabois y Ofelia Fernández, entre otros.

Gallardo sostuvo en su fallo de este lunes que “la custodia de la persona y domicilio de la vicepresidenta” en la ciudad de Buenos Aires “están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales”. Y estableció: “La fuerza federal encargada de la custodia presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso”.

Además, dispuso “comunicar” al ministro D’Alessandro “que la Policía de la Ciudad deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos [el de Cristina Kirchner], en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vicepresidencial”.

D’Alessandro le respondió al juez: “Yo no voy a liberar la zona y a desamparar a los vecinos porque al juez Gallardo se le ocurre que saque a la Policía. Estamos apelando la medida”.

Esta tarde, el gobierno porteño recusó a Gallardo y dijo que lo hacía “atento a la falta de imparcialidad evidenciada en el tratamiento de la causa”. En esa presentación, la Ciudad recordó que la fiscal se había opuesto a la medida cautelar y afirmó: “Como acostumbra suceder en las causas que tramitan ante ese Tribunal, el Magistrado ha decidido suplir la actividad que le compete a los litigantes, confundiendo su rol de director del proceso con el de parte. En definitiva, ha distorsionado notoriamente el trámite del expediente, en detrimento de mi mandante [el gobierno porteño], encontrándose incurso en la causal de falta de imparcialidad”.

El gobierno porteño alegó que el 5 de agosto pasado había denunciado a Gallardo ante el Consejo de la Magistratura y que “la existencia de un proceso pendiente puede provocar un estado emocional que permita sospechar de la imparcialidad del juez al comprometerse la ecuanimidad del fallo”.

Además, sostuvo que “los daños que se invocan en la demanda son meramente hipotéticos y conjeturales” porque “no se verificó menoscabo irrazonable en los derechos invocados como afectados por las partes accionantes”.

Según el gobierno porteño, también excediendo sus atribuciones, “el juez Gallardo se arroga funciones de administrador, ordenado a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires que abandonen sus funciones de seguridad de las calles”. La “animadversión” del juez, según los funcionarios de Larreta, es clara y, por ende, Gallardo debe dejar la causa.

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