La Ciudad alcanzó un acuerdo con el gremio de Pablo Moyano sobre los trabajadores de las grúas porteñas

Con la estatización temporal del servicio de grúas y acarreo, la Ciudad se vio inmersa en un conflicto incipiente con el gremio de los camioneros por la situación laboral de 350 trabajadores. Finalmente, tanto el Gobierno porteño como el sindicato que lidera Pablo Moyano llegaron a un acuerdo. Según estipula la ley, los empleados tendrán una indemnización de hasta 4 millones de pesos.

Según pudo confirmar LA NACION, se determinó que los trabajadores pasen a la órbita de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y que continúen con sus tareas habituales para Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) que, desde el próximo sábado, operará el sistema de grúas en territorio porteño de manera temporal hasta que sea adjudicado a una empresa.

A mediados de agosto, y a través del decreto 284/22, Horacio Rodríguez Larreta decidió poner fin a los contratos de concesión del servicio de las grúas con las empresas Dakota-STO y BRD-SEC, que operaron con contratos vencidos desde 2001. Como la idea del Gobierno porteño es que la operatividad del acarreo siga a cargo de compañías privadas, se inició un proceso de licitación. Hasta tanto sea adjudicada, se estableció el traspaso del personal a AUSA.

La decisión de la Ciudad generó cierta tensión con el gremio de los Camioneros, debido a que dos de las tres personas que viajan en cada grúa durante la jornada laboral están enroladas en ese sindicato. Fue el propio Pablo Moyano quien cuestionó la medida: “Quieren llevar a los trabajadores a otro convenio para sacarles los derechos y cobrar la mitad del sueldo”.

Sin embargo, el decreto oficial y el pliego de licitaciones para el servicio de acarreo indica: “El oferente deberá absorber a su exclusivo cargo y costo, en los términos del convenio 40/89 [el de los camioneros], a la totalidad del personal operativo, en relación de dependencia, que al momento de la licitación se encuentre prestando servicios”.

En las últimas horas, y tras acordar con los representantes gremiales, se resolvió que los empleados sean traspasados temporariamente a Sbase. Desde la Secretaría de Transporte explicaron a LA NACION que ese organismo, si bien también es estatal como AUSA, enmarca a los trabajadores en un convenio similar al que ya poseen en Camioneros, lo que les permitirá conservar sus puestos y condiciones laborales. Para su trabajo diario, en tanto, los empleados estarán bajo la órbita de AUSA, que será la compañía que a partir de este sábado estará a cargo de operar el servicio de grúas y acarreo en forma transitoria.

A su vez, y como parte del acuerdo entre las partes, la Ciudad abonará a los empleados las correspondientes indemnizaciones, que serán de hasta 4 millones de pesos, cifra que variará según la antigüedad de cada hombre y mujer. Este tipo de negociación se realizó bajo lo que se conoce como la “ley Moyano”, por la asiduidad con la que ese gremio la aplica en las negociaciones laborales y a causa de la cual se valida el pago de compensaciones a los trabajadores en cada renegociación de los contratos con la garantía, a su vez, de que conserven sus puestos.

Tal como lo indica el pliego de la licitación, la compañía que tome la nueva concesión absorberá instantáneamente como parte de su planta laboral a los 350 trabajadores que hacían esa tarea en las empresas antecesoras.

Desde la Ciudad argumentaron que se cumplió con lo que la propia ley 4003 indica al respecto de los derechos laborales de los trabajadores: “El Poder Ejecutivo, a través de los pliegos de la licitación y/o de los actos administrativos complementarios deberá resguardar la totalidad de los derechos de todos los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia de las actuales concesionarias de estacionamiento medido, control y sanción de estacionamiento indebido, incluyendo el pago de las indemnizaciones que pudieran corresponder al personal, y mantener en las nuevas concesiones, el contrato – a todos sus efectos – conforme las previsiones de la ley laboral y convenios vigentes [...]”.

A partir del sábado, la Ciudad se hará cargo de las grúas de manera transitoria

La Ciudad se hará cargo a partir de este sábado de operar el servicio de grúas y acarreo en forma transitoria. Se trata de una etapa de transición entre la concesión anterior y el nuevo sistema, cuya licitación ya está en marcha. El próximo 21 de octubre es la apertura de los sobres y hasta el momento 12 empresas ya se presentaron, según pudo saber este diario.

Cómo será la operación del servicio en esta etapa de transición

● Las playas van a contar con personal de la Ciudad en los puestos de toma decisión.

● Los criterios para definir los autos que serán acarreados tendrán que ver fundamentalmente con situaciones que obstaculicen la convivencia vial, por ejemplo la obstaculización de las rampas.

● Se van a mejorar los procesos de comunicación al vecino al momento del acarreo. Por ejemplo: la notificación en calle que se deja en la calzada indicando la playa de destino o la foto que indica la falta al momento de buscar el auto.

Cómo será el nuevo sistema después de la licitación

● Habrá cobertura en toda la Ciudad: actualmente solo hay capacidad de cobertura en micro y macrocentro y algunos barrios puntuales.

● Tres zonas y seis playas de acarreo: el territorio estará dividido en zona oeste, zona norte y zona sur y cada una contará con dos playas de acarreo.

● Servicio para los vecinos: podrán reportar bloqueos de rampas, paradas de colectivos, cocheras, vía WhatsApp (Boti), 147 o redes sociales.

● Sistema más moderno y transparente: este nuevo pliego prevé una dinámica más transparente durante el acarreo. Las grúas tendrán incorporado GPS y sensor de límite de velocidad. La Ciudad será quien recibirá las denuncias de los casos donde el acarreo no se realiza de forma correcta o se generan daños en los vehículos.

● Cambio de la estructura económica: se modificarán las condiciones y obligaciones contractuales actuales y también la estructura financiera; el Gobierno porteño pagará un monto por servicio prestado a las empresas mensualmente.

● Duración: el sistema será licitado por diez años.

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