La CIDH llevó a la Corte Interamericana un planteo contra la destitución de Eduardo Moliné O’Connor, removido de la Corte hace 20 años

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana un caso por presuntas irregularidades en la remoción del exjuez de la Corte Suprema argentina Eduardo Moliné O’Connor, que fue destituido hace más de 20 años. Según la CIDH, ni el juicio político ni la suspensión del magistrado tuvieron una “justificación legal clara”.

En junio pasado, la CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), había emitido un informe favorable al planteo de Moliné O’Connor (que falleció en 2014) y sus abogados, y en un tono crítico con el proceso que se llevó adelante en su contra. Le recomendó entonces al país reparar integralmente las “violaciones de derechos” cometidas y adecuar la legislación interna haciendo las modificaciones que se requirieran para hacer que los procesos sancionatorios contra los operadores de Justicia cumplan los estándares necesarios.

En aquel momento, la CIDH le dio al Estado Argentino dos meses para que informara las medidas adoptadas tendientes a cumplir con las recomendaciones. Ayer, el organismo de la OEA emitió un comunicado de prensa titulado: “La CIDH presenta ante la Corte IDH caso de Argentina por destitución de Juez de la Corte Suprema de Justicia”.

Según la CIDH, la remoción “no estuvo debidamente fundamentada, ya que se basó en la decisión de Moliné O’Connor en el caso ‘Meller S.A.’, sin que se presentara ningún argumento que explicara por qué dicha decisión constituía una falta grave”. De acuerdo con la Comisión, el proceso de juicio político “no respetó las garantías básicas de un juicio justo, especialmente en cuanto a la imparcialidad de las autoridades que participaron en la decisión” y Moliné O’Connor no tuvo acceso a una “revisión judicial adecuada de las decisiones en su contra”.

“Con base en lo anterior, la Comisión determinó que el Estado argentino es responsable por la violación del principio de independencia judicial, el derecho a contar con una autoridad imparcial, el derecho a una motivación adecuada, al plazo razonable, el principio de legalidad, el derecho a la participación política y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1, 9, 23 y 25.1 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Eduardo Moliné O´Connor”, informó la CIDH.

Moliné O’Connor fue vicepresidente de la Corte durante el gobierno de Carlos Menem, que lo designó en 1990, cuando logró que el Congreso aprobara la ampliación del máximo tribunal, de cinco a nueve jueces. Formó parte de la llamada “mayoría automática” que solía fallar en favor de Menem. En 2003 fue destituido, tras un juicio político impulsado por el gobierno de Néstor Kirchner. En junio de 2004, una Corte Suprema integrada por conjueces confirmó su remoción. Moliné O’Connor decidió entonces presentar una demanda contra la Argentina ante la CIDH.

Moliné O’Connor fue destituido por el Senado el 3 de diciembre de 2003 por dos cargos relacionados con la causa Meller (vinculada a una negociación millonaria con las guías telefónicas): haber “legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento” y haber “abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del artículo 14 de la ley 48″. Votaron por removerlo 45 senadores de los 64 que estaban presentes: 36 del mayoritario bloque justicialista, tres de la UCR, dos del Frente Cívico Jujeño, uno del Frente Cívico de Catamarca, uno del Frepaso, uno del Frente Grande y uno del Partido Liberal de Corrientes.

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