La CGT y el Gobierno negocian renovar el acuerdo antidespidos

Presionada por los gremios disidentes, la CGT abrió una negociación urgente con el Gobierno para intentar renovar el pacto antidespidos, que dejó de tener vigencia el 31 de marzo último. Desde esta fecha, los empleadores ya no están obligados a comunicar las cesantías en el Ministerio de Producción y Trabajo con 10 días hábiles de anticipación, como fijaba el decreto presidencial de noviembre de 2018.

Los gremios dialoguistas buscan extender los plazos y reforzar la letra chica del decreto, ya que detectaron dificultades en su implementación y verificaron que no logró frenar las cesantías. De hecho, durante los meses que la normativa estuvo vigente, el empleo mantuvo su caída. Según la última medición oficial del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en febrero hubo 252.500 trabajadores menos que en el mismo mes de 2018. Un estudio privado, focalizado únicamente en el primer trimestre de 2019, muestra estadísticas aún más irrefutables: se perdieron 19.882 puestos en el ámbito privado, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En la conducción de la CGT reconocen que están urgidos a exhibir un acuerdo concreto con el Gobierno para contrarrestar la presión de los gremios disidentes que pararon el martes pasado. "Queremos reactivar el plan antidespidos y tratar de impulsar medidas anticíclicas. Apostamos a mantener la gobernabilidad en medio de un desconcierto macroeconómico", dijo a LA NACION una fuente inobjetable de la cúpula cegetista.

Desde el Gobierno, no confirmaron ni desmintieron las tratativas con los gremios dialoguistas. Sica ratificó solamente que habla "todos los días" con la CGT. Participa también activamente del acercamiento con los gremios el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, quien el mismo día del paro firmó acuerdos de capacitación laboral con Gerardo Martínez, líder de la Uocra y uno de los que se oponen internamente a una nueva huelga general contra Macri.

En paralelo a un eventual acuerdo para contener los despidos, los gremios dialoguistas avanzan con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en atajos para dinamizar las paritarias. Dos de las alternativas que están en evaluación son habilitar acuerdos "cortos", trimestrales o semestrales, en lugar de pactos de largo plazo, y convalidar pagos no remunerativos, algo que está restringido por un decreto presidencial. La tercera opción, a la que Sica se opone, es dar luz verde a la cláusula de ajuste salarial automático por inflación. "Si damos cláusula gatillo estamos en riesgo: ¿qué pasa si la inflación se dispara?", dijo un jerárquico de la UIA.

Como una réplica al paro, Sica sellará hoy el acuerdo de la Uocra, que contempla un resarcimiento de 10% por 2018 y un aumento escalonado de 15% hasta agosto que se ajustará por la inflación. Es una suerte de paritaria permanente. También habrá avances con los bancarios, uno de los gremios que impulsaron la huelga del martes pasado. Podría anunciarse una mejora de $10.000 hasta cerrar el porcentaje de aumento definitivo.

El paro de los gremios liderados por Hugo Moyano despertó un fuerte debate interno en la CGT. Puertas adentro, se discute la hoja de ruta a seguir y surgen cada vez más voces que piden endurecer su postura ante Macri. No está previsto por ahora convocar al consejo directivo, aunque la mesa chica, integrada por "los Gordos", los autodenominados "independientes" y el barrionuevismo, se reunirá recién la semana próxima. Los gremios del transporte, en tanto, presionarán para convocar directamente a un plenario general y abrir la discusión. La intención de este sector es desnudar las diferencias. "Hay necesidad de hacer un paro general por parte de la CGT, no podemos ir atrás de la CTA", dijo el ferroviario Omar Maturano. Otro dirigente de la central obrera opinó distinto y dijo que "con un paro nada va a cambiar". Es la misma interpretación que tiene por ahora el binomio Carlos Acuña-Héctor Daer, los referentes cegetistas. Ninguno de ellos está convencido de activar una huelga. Esgrimen varias razones. Una es que descartan que después de la protesta Macri modifique su plan económico. Frenan también el ímpetu sindical los descuentos salariales por la jornada de paro y la necesidad de algún sector gremial de reflotar la negociación legislativa por el proyecto de blanqueo laboral. Pero hay otros argumentos más tangibles, relativos a la caja sindical. El Gobierno habilitó el reparto de $13.000 millones para las obras sociales y está dispuesto a negociar los integrantes de la Agencia de Tecnología Médica, un ente que les servirá a los gremios para reducir los amparos judiciales a la cobertura de servicios médicos no contemplados por el Programa Médico Obligatorio (PMO).

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