La CGT presiona por la caja e impulsa una reforma del sistema de salud
Le planteó al Gobierno una ley o un decreto para que el Estado se haga cargo del aporte de los monotributistas y exige un plus adicional de 15% a las prepagas para financiar el sistema; también reclama una deuda millonaria
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LA NACIONNicolás Balinotti
La CGT rompió hoy su letargo con la primera reunión de consejo directivo en 2022. El debate interno tuvos dos ejes centrales: el aval gremial al adelantamiento de las paritarias por el salto de la inflación y el planteo al Presidente de avanzar con una reforma del sistema de salud que permita el financiamiento de las obras sociales sindicales.
Hubo un trámite burocrático y sin sobresaltos para lo salarial, pero no fue así para lo relativo a las prestaciones médicas. Los gremios están dispuesto a tensionar con el Gobierno por una deuda que alcanzaría los $40.000 millones, aunque el desafío principal será forzar una ley o un decreto para lograr que los monotributistas sociales aporten el mismo monto que un trabajador y para que las prepagas paguen un adicional de 15% para el Fondo Solidario de Reistribución (FSR), que se financia con el aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios.
Las obras sociales sindicales tienen la obligación de afiliar a los monotributistas, quienes abonan $1800 mensuales por el servicio mientras que un trabajador registrado promedio aporta $5000, aproximadamente, según los cálculos que hicieron en la central obrera. La CGT le reclama al Estado el pago de esa diferencia entre unos y otros. Los monotributistas son un 25% del universo de afiliados de la Obra Social de Empleados de Comercio (Osecac), la más grande del país. También absorben muchos monotributistas Unión Personal y la obra social de la Uocra. En el sistema hay unos 520.000, según registros de la Superintendencia de Servicios de la Salud. Se evalúa una salida intermedia que engordaría la recaudación y la cantidad de afiliados: una normativa que obligue a los monotributistas a incorporar a su grupo familiar a la prestadora médica sindical. “El trabajador termina subsidiando al monotributista”, cuestionó un dirigente cegetista.
El otro paso que quieren dar los gremios es contra las prepagas. A partir de 2021, cada nuevo trabajador registrado deberá permanecer como mínimo un año en la obra social de su actividad antes de disponer de la transferencia de los aportes a otra entidad de salud. Fue una resolución de Alberto Fernández como gesto a la CGT y un golpe a las prepagas, habilitadas desde los últimos tiempos de Menem a cerrar acuerdos comerciales subterráneos con obras sociales casi inexistentes para triangular afiliados. “Las prepagas se acostumbraron a las maniobras espurias”, denunció Héctor Daer, uno de los tres jefes de la central obrera. Ahora se busca que las prepagas aporten un 15% adicional sobre los pagos de bolsillo para financiar el sistema. No tendría impacto en la cuota mensual, pero sí en las finanzas de las empresas médicas. La CGT pide que sea por ley o decreto de necesidad y urgencia.
Entre otra de las demandas principales, la CGT resolvió volver a la carga por la cobertura económica de las prestaciones de educación y transporte para discapacitados. Pide que sean afrontadas por el Ministerio de Salud en vez del FSR. La apuesta es centralizar todo en la Agencia de Discapacidad, que depende del Estado. El año pasado, Alberto Fernández le había prometido a Daer $11.000 millones específicamente para estos rubros, pero solo se habrán abonado $7000 millones, según fuentes gremiales. Las negociaciones se realizan a dos bandas: por un lado una comitiva sindical encabezada con Daer que negocia con el Presidente, y por el otro una delegación más técnica, liderado por José Luis Lingeri, que dialoga con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y con la Superintendencia de Servicios de la Salud.
Más subsidios y medidas de alivio fiscal
En paralelo, la CGT gestiona la reconversión del Plan Médico Obligatorio (PMO) en una canasta básica de servicios en salud, lo que reduciría costos y obligaciones de las obras sociales, además de insistir en que el Estado subsidie los medicamentos de alto costo. Y presiona para que las prestadoras médicas sindicales sean beneficiadas con medidas de alivio fiscal e incentivos económicos. Son seis puntos:
- Suspender los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares a prestadores;
- Reducir en un 95% los aportes y contribuciones
- Establecer alícuotas diferenciales para el impuesto al cheque
- Habilitar a computar contra IVA que generen o adeuden el IVA que les hubiese sido facturado por locaciones y/o prestaciones de servicios exentos.
- Reconversión del REPRO II a un esquema de incentivos sanitarios para prestadores privados. Esto implica transferencia a cuenta de futuras paritarias de un monto fijo sobre el sueldo de los trabajadores de salud conveniados. ($ 1800 millones mensuales)
- Gestionar incrementos en las prestaciones financiadas por el PAMI y las obras sociales provinciales.o Se suspenden los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares a prestadores
Sin romper su alineamiento con el Gobierno, la CGT reactivó su debate interno en alerta por el financiamiento de la caja de la salud. Al reclamo histórico por la deuda que se acumula en el FSR, que alcanzaría unos $40.000 millones según precisó Lingeri, se le suma ahora la presión por un cambio en el sistema de financiamiento, que implicaría cambios con los monotributistas y mayor carga para las prepagas.
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