La CGT y los Moyano cargan con el ajuste

Héctor Daer cruzó mensajes por chat y llamadas con Santiago Cafiero y Claudio Moroni a la mañana siguiente del comunicado con el que la CGT advirtió su preocupación por el recorte de fondos a los programas sociales y laborales. "No hablamos de medidas de fuerza", les aclaró el jefe cegetista a los funcionarios. El mensaje fue trasladado más tarde a Olivos: la sangre no llegará al río, le transmitieron al Presidente. Es decir, no habrá un paro ni una movilización de protesta de los gremios aliados. La fugaz amenaza fue apenas un espejismo de rebeldía en medio de un contexto de crisis y ajuste.

En la coalición oficialista se está haciendo costumbre plantear por escrito las diferencias. Hace algunas semanas fue la carta abierta de Cristina Kirchner, que marcó un quiebre en su relación con Alberto Fernández. El martes surgió de manera inesperada el malestar de la CGT por la indiferencia oficial ante sus demandas. Unas horas más tarde, casi en paralelo, Juan Carlos Alderete, uno de los integrantes del triunvirato piquetero, el tándem estratégico de movimientos sociales, expresó también su rechazo al plan oficial de movilidad jubilatoria, lo que anticipa su voto negativo al proyecto a pesar de ocupar una banca de diputado por el Frente de Todos. Faltaría nomás que Hugo Moyano se decida a abrir la boca para referirse al curso económico en lugar de insistir en sus críticas a Mauricio Macri y victimizarse por ser blanco de un presunto espionaje ilegal.

Moyano elude referirse a la gestión del Gobierno y deja estratégicamente que al desgaste lo absorban Daer y "los Gordos", sus rivales en el ajedrez sindical. El 17 de octubre pasado, cuando Moyano rompió meses de silencio en medios afines, evitó menciones al dólar paralelo, que había superado por entonces los $190. Tampoco habló de inflación ni de las exigencias que plantearía el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la negociación de la deuda. El jefe camionero mucho menos saldría ahora a defender el ajuste en los planes sociales o una reforma en el cálculo de las jubilaciones, que en su entorno observan con desconfianza porque la fórmula no está atada a la suba de la inflación, según averiguó LA NACION.

Facundo Moyano no sabe aún cómo votar el proyecto previsional, más allá de la arenga de Fernanda Raverta, que la promocionó casi como la fórmula de la felicidad. ¿Está el hijo de Moyano otra vez entre dos lealtades, como cuando hace ocho años su padre paralizaba el país que presidía Cristina Kirchner por los alcances del impuesto a las ganancias?

La misma disyuntiva que incomoda a los Moyano comenzó a hacer ruido en la CGT. Así y todo, con la excusa de evocar el regreso de Juan Perón al país tras su exilio, el moyanismo prepara para el martes próximo una caravana por el Día de la Militancia. Se podrá interpretar como otra muestra de apoyo a Alberto Fernández, afirman los organizadores, algunos de ellos dirigentes que aspiran a competir por el poder de la CGT en 2021. Se mezcla aquí la interna sindical con la coyuntura política y económica. El argumento perfecto al que apeló el Gobierno para relativizar el cuestionamiento por escrito que hizo el martes pasado la central obrera.

La metáfora del avión en emergencia

Héctor Daer metaforizó esta semana la situación del país como si se tratara de un avión en emergencia. Argumentó que no es momento de quitar abruptamentela ayuda social del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hasta no acordar con los movimientos sociales ni dar de baja el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) porque peligrarían miles de empleos. También advirtió sobre los riesgos de no extender los decretos que blindan el empleo, como el pago de la doble indemnización para las salidas sin causas. Sobre estos tres ejes debatió el miércoles el gabinete económico, aunque sin la presencia de Martín Guzmán, blanco principal de las críticas sindicales por imponer "su PowerPoint" y no tener en cuenta el impacto social.

Es probable, sin embargo, que el Gobierno extienda la medida que encarece el costo de los despidos hasta el primer trimestre de 2021. Se evalúa, incluso, prorrogar la prohibición de despedir más allá del 31 de enero, según admitieron a LA NACION fuentes gubernamentales y sindicales. La CGT expuso sus inquietudes en su charla con la misión del FMI, a fines de mayo. Lo reiteró ahora, aunque con una sentencia más alarmante: "Si se levanta la prohibición de despidos, será un desastre".

Siguiendo la alegoría de Daer, la CGT le pedirá al Gobierno "que el aterrizaje sea con todos". ¿Qué quiere decir? Que los planes sociales, la ATP y el blindaje al empleo se mantengan sin cambios hasta por lo menos la puesta en marcha del plan de vacunación masiva contra el coronavirus. Como el Presidente, los gremios distinguen en la vacuna la salida de la crisis y el principio de un camino de bonanza.

Paritarias por debajo de la inflación, suspensiones con recortes de sueldos y obras sociales en rojo fueron el epítome de una reunión de la CGT caliente, que sirvió de catarsis para varios sindicalistas. El malestar que brotó en el primer encuentro de consejo directivo en ocho meses reflejó la presión que comienza a sentirse en las bases. Se explica así la inusual reacción combativa del estatal Andrés Rodríguez, que admitió haber firmado un acuerdo salarial por debajo de la inflación en UPCN, además de arrastrar desde junio su malestar por el pago escalonado del medio aguinaldo y la demora en el pase a planta permanente de empleados con más de cinco años de antigüedad.

Con las medidas sanitarias más flexibilizadas, empiezan ahora a salir a la superficie conflictos que estaban adormecidos por los protocolos fabriles y en los que la izquierda trotskista desconoce los acuerdos con recortes que selló la CGT con la Unión Industrial, y que habilitó el Ministerio de Trabajo de la Nación. Pasó en una planta bonaerense de Dánica y sucede ahora en la metalurgia Gri Calviño.

Pero hay más casos, e incluso de mayor envergadura. La compañía láctea Danone, que revisa su plan de negocios en el país, empujó a Pablo Moyano y Cristian Oliva, de Atilra, a unirse para advertir que peligran unos 5000 puestos de trabajo. Es otra postal de un fin de año en pandemia, en la que la CGT y los Moyano intentan con gestos despegarse del ajuste que impulsa el Gobierno.

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