La CGT convocó a otro paro general para el 9 de mayo a pesar de haber abierto el diálogo con el Gobierno
Los gremios también definieron una marcha para el 1° de mayo; la decisión de fijar hoy una fecha para la huelga evitó una ruptura en la central obrera; el Gobierno y Moyano, cerca de un acuerdo por la paritaria de camioneros
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LA NACIONNicolás Balinotti
Después de su primer encuentro oficial con el Gobierno, la CGT definió una movilización para el 1 de mayo al Monumento al Trabajo y fijó para el 9 de mayo el segundo paro general contra la gestión de Javier Milei.
En la previa a la reunión de consejo directivo había ganado fuerza la idea de condicionar la huelga hasta esperar una reacción del oficialismo en lo relativo a la homologación de las paritarias y a conocer la letra chica del proyecto de reforma laboral. Sin embargo, se impuso la presión de los sindicatos más duros, por lo que el triunvirato de mando, a cargo de Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, avalaron la medida para evitar una ruptura en la central obrera peronista.
De acuerdo al tono de los discursos en la comisión directiva cegetista, se impuso por mayoría la idea de activar la segunda huelga contra el Gobierno. La primera había sido el 24 de enero, que consistió en un paro de 12 horas con movilización a tan solo 45 días de la llegada de Milei a la Casa Rosada.
En la CGT tenía mayor consenso la postura de “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y del sector de los autodenominados “independientes” [Uocra y los estatales de AySA y UPCN] de postergar la huelga y coordinar solo un acto por el Día del Trabajador como demostración de fuerza. Cuando se convocó al consejo directivo, la semana pasada, la CGT no tenía prevista la reunión de ayer con el Gobierno, en la que los funcionarios de Milei se comprometieron a consensuar con los gremios una reforma laboral light y a homologar las paritarias pendientes, entre ellas, la de los camioneros de Hugo Moyano.
La decisión de avanzar con el llamado a un paro con casi un mes de antelación choca con la estrategia inicial de esperar el desenlace de ley de Bases en el Congreso y la posibilidad de un fallo de la Corte Suprema sobre la validez del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.
Pablo Moyano, que fue relegado por su padre de la negociación salarial de los camioneros y también de la reunión de ayer con el Gobierno, fue uno de los más enérgicos en fijar la fecha de otra medida de fuerza. Se sumaron también los gremios docentes, muy molestos por los recortes que dispuso el Gobierno y que ya tuvo impacto en los salarios de los maestros.
La cúpula de la CGT valoró el primer intercambio con el Gobierno y mantiene la amenaza de paro a pesar de haber abierto el diálogo. La confrontación, de todos modos, queda condicionada a que se resuelvan las homologaciones de las paritarias (la de Moyano está próxima y resta la de la UTA, que es más compleja por los subsidios estatales) y a conocer la letra chica del proyecto de reforma laboral. “Para el paro falta casi un mes, todavía puede pasar cualquier cosa”, dijo un jerárquico de la CGT.
De todos modos, en la CGT son escépticos de que la negociación que se abrió con el Gobierno llegue a buen puerto. También le ven poca influencia al ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los funcionarios que promovió el encuentro de ayer y con quien la CGT habló sobre reforma laboral, paritarias y el DNU.
“Si el proyecto de reforma laboral es el que tiene la UCR en el Senado, hasta los senadores de Unión por la Patria lo apoyarían”, arriesgó otro dirigente de la central obrera ante la consulta de LA NACION. Se trata de la iniciativa de Eduardo Vischi, que plantea tres ejes: un fondo de cese laboral a cambio de las indemnizaciones en las actividades que deseen acordarlo entre las partes; reducción de las multas y en la obligatoriedad de los aportes de la seguridad social de los trabajadores, y extender de tres a seis meses el período de prueba antes del primer contrato. Una señal no tan diferente a la que había planteado Cristina Kirchner en febrero, cuando en un extenso mensaje, esbozó una seria de reformas que jamás impulsó, como una “actualización laboral”, como ella lo denominó.
El acuerdo de Moyano
El acuerdo salarial entre los Moyano y las tres federaciones empresarias del sector, que contemplaba un 45% de aumento por dos meses, sería validado entre mañana y la semana próxima, tal vez con otro esquema en la forma de pago [de marzo a junio], según informaron a LA NACION fuentes oficiales, empresarias y sindicales. Moyano amenazó hoy con un paro sectorial si no le validan la suba. Dijo que solo restan “detalles administrativos”, pero dio como garantizado la suba salarial de 45%. Un ministro así se lo volvió a ratificar esta mañana. De concretarse, el ministro de Economía, Luis Caputo, que se opuso públicamente a este trato podría quedar en una posición incómoda.
“Hay matices en la CGT, pero todos coincidimos en que la actual situación está cayendo sobre los trabajadores y los jubilados. El 45% del ajuste que hizo el ministro de Economía [Luis Caputo] cayó sobre las jubilaciones. No hubo ninguna acción por parte del Gobierno para que nos contenga”, dijo Jorge Sola, referente del Sindicato del Seguro y secretario de Prensa de la CGT, en AM 790.
Sola, que participó ayer de la reunión en la Casa Rosada con los funcionarios de Milei, aseguró que “hubo un compromiso” del Gobierno por homologar las paritarias que se acuerden entre los gremios y los empresarios. “Hubo diferencias porque reclamamos la libertad de poder discutir y que una vez de que se acuerde con la contraparte que se homologue como corresponde. Hubo un compromiso a hacerlo”, planteó Sola sobre uno de los contrapuntos que surgieron del encuentro con los funcionarios.
Al término de la reunión, se dio una charla aparte entre Santiago Caputo, asesor de Milei, Julio Cordero, secretario de Trabajo, y cuatro sindicalistas: Hugo Moyano, Héctor Daer, Carlos Acuña y Sola. El joven colaborador del Presidente, con influencia más allá de lo relativo a la comunicación e imagen oficial, entendió después del intercambio con los sindicalistas que el Estado debía interceder en las paritarias, ya sea para homologar o para informar las expectativas inflacionarias como método de moderación. Una postura totalmente distinta a la expresada recientemente por el otro Caputo, el ministro de Economía. “El pibe entendió que el Estado debe intervenir, es el que mejor pescó las cosas”, dijo un dirigente gremial que participó anoche del encuentro en la Casa Rosada. Moyano, que desplazó a su hijo Pablo de la negociación, aprovechó el momento para resolver la paritaria de camioneros. “Hugo fue porque siempre que hay conflicto asume un rol más pacificador”, explicaron en CGT.
Sola, que fue un viejo aliado de Moyano y ahora en el ajedrez interno juega con el sector de “los Gordos”, valoró la convocatoria del Gobierno a pesar de haberse concretado a cuatro meses de haber asumido. “El Gobierno dio un paso importante: convocar al diálogo a un sector de los representantes de los trabajadores. Ahora al diálogo lo tiene que trasladar a hechos concretos. Santiago Caputo [asesor de Milei] pidió disculpas a la CGT por haber incluido la reforma laboral en el Decreto de Necesidad y Urgencia [70/23]”, señaló. Caputo, en realidad, no pidió disculpas sino que admitió como un error estratégico haber avanzado con el DNU sin haber hecho un intercambio previo. Los sindicalistas lo interpretaron como un reproche a Federico Sturzenegger, el exfuncionario macrista que asesora ahora a los libertarios y que fue el cerebro de la letra chica de la iniciativa.
A pesar de estas señales y el diálogo abierto, la CGT tiene decidido confrontar con Milei.
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