La causa Vialidad muestra cómo funcionan las cloacas del país

La corrupción es sistémica y es estructural en la Argentina. Abarca a políticos, empresarios, jueces, fiscales, organismos de (aparente) control, periodistas, fuerzas de seguridad, sindicalistas y muchos más. Y lo que ocurre en los sótanos de la democracia es obsceno, pero pocas veces sale a la luz. Esta semana, la “causa Vialidad” ofreció una de esas ocasiones.

Los fiscales aportaron datos, fechas, cifras y nombres que ayudan a entender cómo funcionó la maquinaria del Estado al servicio de unos pocos durante más de una década hasta alcanzar ribetes tan grotescos como monumentales: Lázaro Báez embolsó más de US$ 2200 millones entre 2003 y 2015 con un puñado de empresas que comenzó a crear o comprar días antes de que Néstor y Cristina Kirchner llegaran a la Presidencia.

Nada mal para un monotributista llegado de Corrientes que se movía por las calles de Río Gallegos en un Ford Falcón destartalado, modelo 1972. El “Negro” vivía en una casa humildísima de la capital santacruceña… hasta que conoció al “Lupo”.

Tan grotesco resultó el favoritismo hacia Báez en la obra pública cuando Néstor Kirchner ingresó a la Casa Rosada, que desde el momento en que se abrían las ofertas hasta que firmaba los contratos de obra pública pasaban, promedio, 29 días (frente a los 210 días promedio que imperó para el resto de las empresas).

Tan grotesco, que las ventanillas del Estado le pagaban a las empresas de Báez a los 60 días del último del mes de la certificación de la obra cuando el resto debía esperar 207 días (plazo promedio, porque a algunos llegaron a demorarle 500 días).

Y tan grotesco fue el favoritismo que cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder en diciembre de 2015, el Estado no le debía un centavo a ninguna de las empresas constructoras de Báez. Fue el único en esas condiciones.

Si los grandes números resultan inasibles, pequeños detalles iluminan mejor. ¿Ejemplo? En un proyecto, la Dirección Nacional de Vialidad le giró a su par santacruceña $238.248.064,42 para financiar la obra pública, días antes de que se abrieran los sobres con las ofertas de las empresas. Y la oferta de Austral Construcciones –que en teoría sólo podía conocer la propia empresa- fue, oh casualidad, $238.248.064,42.

Así, el alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la “causa Vialidad” ofrece una oportunidad casi mágica para atisbar cómo funcionó –y funciona- la matriz de corrupción que carcome al país, como también lo ofrece la investigación por espionaje ilegal durante el macrismo o la causa “Cuadernos de la corrupción” o el capítulo argentino del Lava Jato.

La causa “Vialidad” debe conectarse con otras dos investigaciones en particular. La primera es la causa “Oil Combustibles”, que expuso cómo Cristóbal López y Fabián de Sousa financiaron la expansión del Grupo Indalo con US$ 1000 millones de impuestos del Estado nacional. La segunda, la causa “Hotesur – Los Sauces”, que mostró cómo Báez, López y De Sousa, entre otros beneficiarios del “capitalismo de amigos”, devolvieron millones de dólares a los Kirchner a través de los alquileres de los hoteles e inmuebles de la familia presidencial.

La causa “Vialidad” resulta, además, una rareza. Llegó a la instancia oral gracias al esfuerzo de jueces, fiscales, funcionarios y expertos que afrontaron hasta lo indecible –algún día acaso se sepa lo que ellos y sus familias debieron sobrellevar-, para exponer cómo toda una línea jerárquica de funcionarios públicos cruzó las fronteras de la legalidad para beneficiar con obras y miles de millones al presunto testaferro de la familia presidencial.

Una rareza como lo fue, también, la “causa Cuadernos”, que expuso la maquinaria de negocios con el Estado, bolsos repletos de dólares y de euros, departamentos devenidos en bóvedas y aviones convertidos en transporte de caudales, según confesaron ex funcionarios y empresarios que por un momento decidieron cruzar el Jordán.

Esos protagonistas confesaron lo que confesaron porque el Congreso aprobó la figura del “imputado colaborador” en las investigaciones de corrupción. Curioso, ¿no? Los “arrepentidos” eran ya una realidad en el Derecho Penal argentino en las pesquisas por narcotráfico o secuestros extorsivos, entre otras opciones, pero no regía para los delitos contra la administración pública. ¿Qué pasó? ¿A los legisladores se les había escapado durante años? ¿O fue una omisión deliberada que los protegió durante tanto tiempo?

Similares preguntas surgen naturales ante otras leyes. ¿Acaso es casualidad que la ley que regula la responsabilidad penal empresaria se haya aprobado sin colmillos ni garras? ¿O responde al trabajo de lobby sobre diputados y senadores de unos cuantos operadores que se encargaron de limar cualquier arista incómoda al proyecto de ley?

“Para bailar el tango se necesitan dos”, dice el refrán, y eso nos recuerda el rol de muchos empresarios en la ciénaga de corrupción que nos hunde desde hace ya demasiado tiempo. Basta recordar que el capítulo argentino del Lava Jato nos mostró cómo un presidente de la Cámara Argentina de la Construcción sirvió de director de orquesta para ordenar qué empresa ganaba qué proyecto a cambio de pagarle qué soborno a qué funcionario.

Puede que todos terminen absueltos en el “caso Vialidad”. O impunes en el capítulo argentino del Lava Jato, en la causa por espionaje macrista, en la causa Cuadernos, o en el caso “Hotesur”. Pero aun cuando la impunidad impere y asole en la Argentina, como confirman las estadísticas oficiales hay ocasiones, como las de esta semana, en que podemos ver cómo funcionan las cloacas del país.

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