La causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Macri podría ser declarada parcialmente nula

La causa en que se investiga a la cúpula de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri por espiar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a dirigentes de Cambiemos, a sindicalistas, jueces y periodistas se encamina a ser declarada nula, al menos parcialmente, con la convicción de que si bien los 42 casos de espionaje ilegal existieron, no fueron parte de un plan sistemático del Estado, sino una iniciativa de espías cuentapropistas que respondían a algunos encumbrados funcionarios de inteligencia.

Esta es la hipótesis principal en la que trabajan los jueces de la Cámara Federal que revisan los procesamientos dictados sobre 38 personas, entre las que figuran los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a agentes del organismo de inteligencia –desde funcionarios encumbrados a otros sin jerarquía– y del Servicio Penitenciario Federal. Así lo dijeron a LA NACION fuentes ligadas al expediente.

Los primeros borradores en los que están trabajando los jueces ya llevan más de un mes y son anteriores al resultado de las PASO, en las que fue derrotado el Frente de Todos y se impuso Juntos por el Cambio en la mayoría de las provincias.

Los jueces que están trabajando en esta resolución son Eduardo Farah, que votaría por confirmar los procesamientos, y Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que se inclinarían por declarar parcialmente nula causa y mandar a seguir investigando las maniobras. La intención no sería demorar la resolución del caso, indicaron las fuentes.

Estos procesamientos fueron dictados por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge (quien tomó el caso luego de que el juez Federico Villena fuera apartado del caso), en una investigación que impulsaron los fiscales Cecilia Incardona –bien posicionada en el concurso para integrar la misma Cámara Federal que ahora revisa su investigación– y Santiago Eyherabide.

La inteligencia ilegal no solo se ciñó a opositores como Cristina Kirchner, sino que incluyó a personas ligadas a Cambiemos, como Florencia Macri –hermana del expresidente– y su pareja; el diputado Waldo Wolff; el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; el exvicejefe Diego Santilli; el entonces presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el exdiputado Nicolás Massot, entre otros. También fue espiado y seguido en su casa el periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.

Una de las razones por las que se analiza si corresponde la nulidad del caso es procesal, es decir, si los procesamientos fueron dictados por un juez competente o no. Este fue un asunto que se debatió en esta causa: si debía ser analizada por la Justicia federal de Lomas de Zamora o por los tribunales federales porteños de Comodoro Py 2002. De hecho, cuando el caso quedó radicado en Comodoro Py, Cristina Kirchner criticó a los jueces de la Casación que así lo resolvieron y, como víctima y parte en la causa, le pidió a la Corte que el expediente regrese a Lomas de Zamora.

A este cuestionamiento se sumaron otros, vinculados con la fundamentación de los procesamientos y la responsabilidad de los jefes de inteligencia de Cambiemos sobre estas maniobras. Hay una convicción en los jueces que intervienen en el caso de que no se está ante un plan del Estado para poner bajo vigilancia a propios y ajenos para una utilización política. Creen, en cambio, que la causa es una evidencia del descontrol del área de inteligencia durante el gobierno de Macri y del hecho de que un sector tan sensible haya caído en manos de personas sin un conocimiento específico, como Gustavo Arribas, amigo del expresidente y hombre de su máxima confianza, pero vinculado hasta entonces con la representación de futbolistas

No es el caso de Majdalani, quien sí tenía experiencia en los organismos de inteligencia y que aparece mencionada en los mensajes de Whatsapp de los espías procesados como la persona a quien reportaban sus novedades.

De todos modos, entre los jueces prima la idea de que existió una falta de profesionalismo que hizo que la agencia de inteligencia se pusiera al servicio de cualquier negocio ligado con la política, una organización de agentes sin control que salieron a extorsionar a personas a las que vigilaban, sin control del poder político, al que debían reportar.

En paralelo a este asunto que está en la Cámara Federal, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que es quien tiene el caso, analiza un incidente de nulidad sobre el comienzo de esta investigación. Se trató de la declaración de un narco, Sergio Rodríguez, apodado “Verdura”, que le dijo al juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena -inicialmente a cargo de esta causa- que Facundo Melo, un abogado supuestamente ligado a la AFI, le ofreció protección para su negocio si llevaba un supuesto explosivo a la casa de un exfuncionario de la AFI, José Luis Vila, supuestamente para asustarlo.

Villena le secuestró el celular a Melo y de allí surgió toda la evidencia que conectó a los agentes operativos que hacían los seguimientos a los políticos y periodistas.

Pero ahora se investiga si el origen de esta investigación fue regular, y se analizan las imágenes de las cámaras que captaron al hombre que coloca el supuesto explosivo para asustar a Vila y ver si se corresponderían o no con “Verdura”. Para el fiscal Franco Picardi, que tiene que dictaminar, en principio no es una cuestión de nulidad, sino que se trataría de una cuestión de valoración de la prueba porque los resultados periciales dicen que no se puede determinar quién es la persona de la imagen.

Con este dictamen en el que trabaja la fiscalía, el juez Martínez de Giorgi deberá decidir si declara o no nulo el caso desde el comienzo.

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