Ordenan que la causa de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri se investigue en Comodoro Py
LA NACIONHernán Cappiello
La Cámara de Casación resolvió que la causa de espionaje contra políticos-incluida Cristina Kirchner- y periodistas se investigue en los tribunales federales de Comodoro Py y no en los de Lomas de Zamora, como venía sucediendo hasta ahora.
La decisión es de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Mariano Borinsky y Javier Carbajo, por mayoría con la disidencia de su colega Angela Ledesma, que advirtió que esto implica riesgos para la investigación y la línea que venían siguiendo los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide de Lomas de Zamora.
La defensa de Gustavo Arribas, exjefe de la AFI en la era Macri, y de Dario Nieto, secretario del expresidente habían pedido que el caso quedara radicado en la justicia federal de la Capital.
Ahora resta determinar qué juez porteño seguirá con esta investigación donde están procesados Arribas, Silvia Majdalani (ex numero 2 de la AFI) y una veintena de agentes de inteligencia que siguieron, fotografiaron y filmaron a Cristina Kirchner, a Horacio Rodríguez Larreta, entre otros políticos oficicialistas y opositores, y también siguieron los pasos de periodistas, como Hugo Alconada Mon, de La Nacion, entre otros.
La competencia se determinará entre la jueza María Eugenia Capuchetti y Sebastián Ramos, los dos jueces de primera instancia que estuvieron relacionados con el caso.
Los jueces de la Casación resolvieron una pelea que se daba entre la Cámara Federal de La Plata, que había ratificado que el caso quede en el juzgado de Juan Pablo Auge en Lomas de Zamora y la Cámara Federal porteña que había respaldado la competencia de la justicia federal de Comodoro Py.
La investigación abarca dos causas. En una se investiga el espionaje político a políticos afines y opositores, dentro de los cuales había detenidos por corrupción a quienes le escuchaban las conversaciones desde la cárcel; y en la segunda las vigilancias a Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su domicilio.
Borinsky y Carbajo dijeron que tanto el juez Augé de Lomas de Zamora como los jueces de la Cámara Federal porteña, que platearon ante la Casación el conflicto, coincidieron en que la causa no se puede dividir y que debe realizarse una investigación conjunta.
El juez Augé aseguraba que debía ser él quien continúe con la investigación por lo avanzado del proceso y los jueces porteños alegaban que los hechos habían tenido como epicentro la ciudad de Buenos Aires.
Borinsky y Carbajo señalaron que la AFI tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, cuyos jefes durante el macrismo están imputados, y también los domicilios espiados como el de Cristina Kirchner o el Instituto Patria están aquí.
Los jueces Borinsky y Carbajo dijeron que las causas debían continuar tramitando de modo conjunto ya que su escisión traería aparejado un perjuicio para la investigación y una afectación al derecho de defensa en juicio, ya que los abogados deberían defenderse ante dos jueces destinos que podría tomar decisiones distintas e incurrir en sentencias contradictorias.
Respecto de quién es el juez que debe llevar a cabo la investigación dijeron que la competencia por el territorio se establece según el lugar donde se ha llevado a cabo el delito. Y entendieron que eso ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. También convalidaron todo lo actuado hasta ahora y dijeron que no lo altera el cambio de competencia.
Por el contrario, la jueza Ledesma, votó porque el caso quede en Lomas de Zamora. Entendió que la investigación de los fiscales tuvo una estrategia determinada. "Un desplazamiento a esta altura, podría neutralizar tales avances o al menos suspender provisoriamente su curso hasta tanto las nuevas autoridades a cargo estudien el caso y analicen las alternativas de su continuación evaluando posibles cambios; extremo que no resulta del todo improbable teniendo en cuenta el quiebre del principio de unidad de acción del Ministerio Público Fiscal". Esto es así porque los fiscales de Lomas y de La Plata defendieron su competencia y el porteño, la de Comodoro Py.
"Las razones de economía procesal invocadas aconsejan mantener el caso en la jurisdicción donde más se ha avanzado y donde se habrían cometido varios de los hechos investigados, teniendo en cuenta la alegada interjurisdiccionalidad y la necesidad de mantener la causa unificada, criterio sobre el cual parece no existir divergencia", insistió la magistrada.
Dijo - en minoría- que los hechos habrían ocurrido en diversas jurisdicciones; varios de esos hechos –especialmente algunos de magnitud- se habrían cometido en Lomas de Zamora; la figura legal aplicable sería el delito de asociación ilícita, el tribunal que previno es el de Lomas de Zamora y el caso se encuentra avanzado en esa jurisdicción.
Por Hernán Cappiello
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