La causa D’Onofrio se juega entre acusaciones recargadas, funcionarios polémicos y estrategias de defensa
Los denunciantes piden que el caso de las fotomultas y la VTV se investigue como asociación ilícita y no como fraude; la verificación vehicular está a cargo de un exabogado del Gordo Valor; el ministro y Pombo designaron defensores
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LA NACIONJavier Fuego Simondet
La investigación por la presunta trama de gestores que anulaban fotomultas a cambio del pago de un porcentaje del monto de la infracción y por una denuncia de irregularidades en las contrataciones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que involucra al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, acumula movimientos. Entre ellos, pedidos para agravar la acusación contra el funcionario y el resto de los apuntados, causas paralelas, designaciones de defensores y estrategias para intentar refutar la hipótesis en el caso de la VTV, un área en la que tallan actores investigados por la Justicia y funcionarios de polémico pasado.
El 13 de diciembre, Leandro Camani, presidente de Secutrans (la empresa que provee los equipos para detectar las infracciones y el sistema para procesarlas), que impulsa la denuncia contra D’Onofrio, presentó un escrito en la causa que investiga el fiscal platense Álvaro Garganta en el que señaló que los investigados conforman una “banda de criminales” y reclamó que la carátula del caso cambie de “fraude en perjuicio de la administración pública” a “asociación ilícita”. La modificación implicaría penas mayores en una hipotética condena: el fraude se sanciona con dos a seis años; la asociación ilícita, con tres a diez.
Para justificar el pedido de agravar el delito investigado, Camani recordó el mecanismo de los gestores denunciados, y que se analiza también la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA (propiedad de Sebastián Desio, a quien se identifica como cercano a D’Onofrio), que cobra 8,5% más IVA de cada VTV realizada a cambio de brindar servicios tecnológicos a las concesionarias, con contratos celebrados antes de que las firmas resultaran adjudicadas con las áreas de explotación del servicio. Pero le sumó un tercer elemento: un edificio en Calle 6, La Plata, que utiliza el ministerio y estaría vinculado a Desio.
Secutrans planteó que la propiedad de Calle 6 fue adquirida, en agosto de este año, por una sociedad que tiene el mismo domicilio que una inmobiliaria que sería de Desio, y que esa sociedad tiene socios “insolventes”, entre ellos, una mujer que sería empleada doméstica de una cuñada de Desio.
En su pedido de cambio de calificación legal, Camani (representado por la abogada Camila Moris), argumentó que están dados los elementos de una asociación ilícita: una asociación destinada a cometer delitos, con un acuerdo que permanece, estructura, actuación coordinada y más de tres integrantes.
La defensa de Desio, a cargo del abogado Marcelo Peña, planteó en la causa que sigue Garganta que el proceso con el que Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA se hizo del servicio por el que cobra el 8,5% más IVA de cada verificación fue transparente, y aportó un video de la licitación para intentar corroborarlo. La VTV en la categoría más económica de automóviles (hasta los 2500 kilos de peso) cuesta $53.819,26 y aumentará a $60.000 desde febrero del año que viene.
Al frente de la VTV está Héctor Lufrano Tamasi. Lo designaron director provincial de ese sector en junio de 2022. Lufrano Tamasi tuvo un paso por el gobierno provincial en 1999, cuando fue secretario de Seguridad por un mes: renunció en septiembre de ese año tras conocerse que había sido abogado de Luis “El Gordo” Valor, famoso líder de la denominada “superbanda” que asaltaba camiones de caudales en los años noventa.
Por debajo de Lufrano Tamasi en la estructura de la VTV, como director de Fiscalización y Control, figura Facundo Asencio, también investigado junto a D’Onofrio. En otra denuncia de Secutrans (por presunto lavado de dinero, que se investiga en simultáneo en el juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay), se especificó que Asencio es el exesposo de Agustina Cuadra, hija de Claudia Pombo, ladera política del ministro en Pilar. Cuadra y Pombo también integran el lote de acusados.
En el planteo de la empresa denunciante, Asencio es identificado como titular de una camioneta Audi Q8; Cuadra, por su parte, es señalada como titular de una Toyota SW4. En la denuncia, se vincula a ambos vehículos con D’Onofrio y se especifica que el funcionario tiene declarada como propia una camioneta Jeep Cherokee Overland.
En la causa por presunto lavado de dinero, D’Onofrio designó como abogados a Ramiro y Juan Isidro Pérez Duhalde. En tanto, Pombo nombró como abogados a Hernán Jáuregui Lorda y a Ignacio Roncati.
También figuran como denunciados Roxana Elma Pombo (hermana de Claudia, concejala y funcionaria del ministerio de D’Onofrio), Mario Quattrochi (juez de faltas) y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo).
En la denuncia que Secutrans presentó en el juzgado de Charvay se afirma también que Pombo sería propietaria de dos casas en un barrio cerrado de Pilar, de ocho vehículos, y que habría constituido sociedades en España junto a Quatrocchi.
El juez Charvay pidió levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil sobre D’Onofrio y los otros seis acusados. Según pudo saber LA NACION, los reportes solicitados generarán posteriores peritajes que demorarán los tiempos de la investigación.
En paralelo a los dos expedientes principales, existen denuncias de Secutrans por el esquema de “gestores” de las fotomultas en los tribunales de San Martín (el juez es Carlos Mariano González, del Juzgado de Garantías Nº2, y la fiscal es Verónica Andrea Pérez, de la fiscalía 8) y de Morón (con el juez Jorge Rodríguez, del Juzgado de Garantías Nº5 y el fiscal Mario Alberto Ferrario, de la fiscalía 3). Al menos en el caso de San Martín, se alega que existe un perjuicio contra el municipio y se pide investigar “asociación ilícita”. En ese expediente, el viernes declaró el denunciante, y se analiza si el caso tiene relación con el que se sigue en La Plata, indicaron fuentes judiciales.
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