La causa contra Alberto Fernández por el festejo en Olivos está en manos del fiscal, que tiene la llave para decidir su futuro

Sebastián Casanello, juez de la causa por la violación de la cuarentena en la quinta de Olivos, envió el pedido de sobreseimiento que presentó ayer el Presidente a la fiscalía de Ramiro González, que tendrá ahora un rol clave para definir el futuro de Alberto Fernández en este expediente.

En primer lugar, González deberá dictaminar sobre la “excepción de falta de acción” que presentó el Presidente, que dijo que no hay delito por investigar; alegó, sobre todo, que su conducta no provocó contagios ni un “riesgo concreto” de propagar la pandemia de coronavirus. En la fiscalía prevén contestar este planteo dentro de un plazo de tres días hábiles. Tras el dictamen del fiscal, la decisión final será de Casanello.

Previendo que esta excepción sea rechazada, el Presidente ofreció un camino alternativo para conseguir el sobreseimiento: “reparar” el daño causado -que según él no existió- con un monto de dinero, previo acuerdo con el fiscal. Fernández propuso donar al Instituto Malbrán el equivalente a la mitad de su salario de presidente, “durante cuatro meses en forma consecutiva”. Fuentes oficiales informaron que su sueldo es de 315.259 pesos en mano.

De llegar a esta instancia, González podría acceder sin más a la oferta del Presidente, pero en Comodoro Py no descartan que lo convoque a una audiencia y que, incluso, busque negociar una propuesta mejor. “Difícilmente se arregle así”, dijo una fuente del caso a LA NACION. Un acuerdo sellado con el fiscal tiene enormes chances de convertirse en el cierre final de la causa respecto de Fernández.

Si bien Casanello deberá homologar ese eventual pacto, su intervención solo tendrá por objeto revisar si el acuerdo está previsto por la ley y si está debidamente argumentado, advierten en los tribunales. Con el nuevo Código Procesal, el fiscal tiene un rol determinante en este tipo de soluciones alternativas para las causas penales.

González contra Dalbón

En paralelo con este expediente, González planea impulsar una causa donde se presentará como damnificado. Va a demandar por daños y perjuicios a Gregorio Dalbón, que lo acusó de “coimero”, dijeron fuentes cercanas al fiscal.

Dalbón fue abogado de Alberto Fernández -lo representó, por ejemplo, en una denuncia contra Patricia Bullrich- y sigue asesorando al Presidente. La semana pasada anunció que estaba trabajando en la estrategia de defensa para esta causa y adelantó que irían por el camino de la “reparación”. Finalmente, el Presidente firmó en soledad su pedido de sobreseimiento. Fue después de que se difundieran las declaraciones de Dalbón contra el fiscal y el juez de esta causa.

“El fiscal González es coimero y Casanello me importa un huevo. González puede hacer lo que quiera, pero es un coimero, y sabe que yo lo sé. Yo se quiénes son los operadores que le llevan y le traen la plata”, dijo Dalbón la semana pasada a AM 530. “Yo se que la colectividad judía lo coimeó”, agregó. En la fiscalía de González dicen no haber tenido jamás una causa vinculada con la colectividad judía.

El criterio de González

Quienes defienden a Fernández destacan que en una causa anterior el fiscal hizo una interpretación que, de trasladarla a este caso, podría favorecer al Presidente. González desestimó una denuncia contra Facundo Moyano, señalado por haberse reunido con cinco personas en su departamento en plena cuarentena, y argumentó que como no había pruebas de que alguno estuviera contagiado, no existió peligro en el caso concreto y el hecho “no afectó gravemente el interés público”. González dijo entonces que la conducta era penalmente “insignificante”. Lo mismo espera Fernández que diga ahora.

Una fuente que conoce bien a González dijo, no obstante, que para el fiscal el delito que se le imputa al Presidente “es un delito de peligro abstracto, que no requiere un daño concreto”. Y que si bien es cierto que rechazó por insignificancia el 95% de las denuncias de violación a la cuarentena, las cerró sin llegar a imputar a nadie.

“Ojo que [González] ´cerró la causa de Moyano pero también mandó a juicio a un tipo porque estaba violando la cuarentena en una fiesta”, advirtió una fuente con acceso a la fiscalía. Ese caso fue diferente porque el denunciado quiso escaparse y se enfrentó con la policía, pero el delito por el que fue a juicio -advierten- es el mismo que se le imputa a Fernández. Se trata del previsto en el artículo 205 del Código Penal, que establece: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

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