La Casación rechazó que la Corte intervenga en el planteo de Cristina Kirchner contra los fiscales y jueces del caso Vialidad
La Sala IV del tribunal había determinado que no correspondía la recusación por los partidos de fútbol en la quinta de Macri y porque un magistrado se reunió con Patricia Bulrich; la defensa de la vicepresidenta insistió para ir al máximo tribunal, pero le dijeron que no; solo le resta presentarse en queja
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LA NACIONHernán Cappiello
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Kirchner para apartar al fiscal Diego Luciani y a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, que la juzgan por el caso de Vialidad.
Ahora, Cristina Kirchner si quiere que la Corte revise esa decisión debe presentar un recurso de queja ante el máximo tribunal. El fallo fue firmado por los jueces de la Sala IV Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.
La defensa había recusado a Luciani y Giménez Uriburu por temor de parcialidad y objetividad porque integraron el equipo de fútbol Liverpool, que jugó hasta 2017 un torneo en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri. A Gorini lo recusaron porque tuvo reuniones con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a Mola por visitas a la Casa Rosada durante la presidencia de Macri. Los pedidos fueron rechazados por el Tribunal Oral y la defensa apeló. Ahora Casación confirmó el rechazo y mantuvo a los jueces y a los fiscales.
El Tribunal Oral rechazó las recusación y la Sala IV de la Casación confirmó esa resolución en octubre pasado. La vicepresidenta insistió en su planteo y solicitó que el caso sea elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario. Esta pretensión fue ahora fue rechazada.
El juicio por la obra pública está en la etapa final y cada vez más cerca del veredicto. La Fiscalía acusó a Cristina Kirchner de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; pidió que sea condena a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La misma pena solicitó para Lázaro Báez y diez años para Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, y diez para José López, exsecretario de Obras Pública, entre los principales acusados.
Por Hernán Cappiello
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