La candidata a jefa de fiscales sorteó sin sobresaltos el primer filtro del Congreso

Sin mayores dificultades, Inés Weinberg de Roca , postulada por Mauricio Macri a la Procuración General, sorteó ayer la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Frente a los legisladores, la actual titular del Tribunal Superior de Justicia porteño insistió en su vocación por la defensa de los derechos humanos -desestimó algunas objeciones presentadas en su contra-, negó tener vinculación con el jefe de Estado y sostuvo que, de ser nombrada, no aumentará la estructura del Ministerio Público.

"La prioridad en la persecución penal estará orientada a dar continuidad a los juicios por delitos de lesa humanidad", enfatizó Weinberg de Roca, quien incluyó en el orden de prioridades la investigación de los delitos contra la administración pública, el lavado de dinero, la evasión tributaria, el narcotráfico y la trata de personas.

Ante una consulta de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), la candidata sostuvo que "fueron sacadas de contexto" unas declaraciones suyas de 2008, cuando ejercía como magistrada del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí había afirmado que "tenía la sensación" de que en Ruanda se impartía justicia "desde un solo lado" y comparó esta situación con lo que sucede en nuestro país. "En la Argentina también hubo justicia para un solo lado, y eso no está bien", había dicho, lo que le valió objeciones de organismos de derechos humanos.

Frente a los legisladores, Weinberg explicó que en esa entrevista se refería a los grupos paramilitares que actuaron en los crímenes de Ruanda, y puntualizó que en ese contexto le preguntaron si había habido juicios contra paramilitares en la Argentina, ante lo cual ella dijo haberse referido a juicios contra integrantes de la Triple A, que por entonces -en 2008- no habían sido juzgados.

"Hay que seguir con la política de derechos humanos, en la que es remarcable el avance producido durante todos estos años", puntualizó, y dio por cerrada la cuestión.

Tras su presentación ante la Comisión de Acuerdos, Weinberg deberá esperar a que los senadores den a conocer su veredicto. Aún no hay fecha, pero el presidente de la comisión, Rodolfo Urtubey (PJ), adelantó que el 22 de este mes ese cuerpo debatirá el asunto.

"Después de una larga exposición, tenía un conocimiento estructural de la materia", enfatizó Urtubey, al referirse al desempeño de la candidata. "El tema idoneidad se ha acreditado", sostuvo.

La postulante a jefa de los fiscales aclaró que con el presidente Macri tiene "una relación netamente laboral", tras conocerlo en 2009 a su regreso de Ruanda. Y sobre Juliana Awada dijo: "No la conozco, no la he tratado, la he saludado".

Respecto del proyecto de legalización del aborto, en debate en el Senado, Weinberg se excusó de dar una opinión. "Es un debate que sigo con mucho interés. Pero debo ser cuidadosa, no es prudente emitir ahora mi opinión, porque de darme el acuerdo deberé aplicar la ley que ustedes sancionen, cualquiera sea el resultado", añadió.

En cuanto al proyecto sobre extinción de dominio, también en debate en el Senado, remarcó que la iniciativa que tuvo media sanción de la Cámara de Diputados "tiene muchas deficiencias", y elogió el texto elaborado por el Senado que, a su juicio, "tiene en cuenta las jurisdicciones locales". Agregó que quien debería ser la cabeza de la acción "es el procurador general de la Nación" y que le "cuesta entender por qué debería estar en cabeza del procurador del Tesoro".

Otra de las preguntas giró en torno del fallo Pisoni, de marzo de 2015, en el que el tribunal que preside revocó, por mayoría y con su firma, una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que había impedido al gobierno porteño la compra de pistolas Taser. "No me saquen de contexto", enfatizó la candidata, quien dijo ser firmemente defensora de la división de poderes. Al justificar su fallo, sostuvo que "no le corresponde al Poder Judicial inmiscuirse en las esferas de otros poderes" respecto de qué armas debe utilizar la fuerza.

Finalmente, enfatizó que cinco años es demasiado tiempo hasta la instrumentación plena del sistema penal acusatorio, que arrancará este año en Salta. Se mostró de acuerdo con el traspaso de la Justicia nacional a la Capital, norma que aún está demorada en el Congreso.

Y sostuvo que "es absolutamente insostenible" que los jueces no paguen el impuesto a las ganancias y que "debería haber un límite temporal" para la duración de "cargos superiores".

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