La Cámpora, guardiana de la caja alimentaria durante el gobierno de Fernández, rodeada por la investigación
Durante el gobierno del Frente de Todos, una funcionaria camporista manejó los fondos para la Tarjeta Alimentar y los comedores; por ahora no está denunciada su administración
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LA NACION
Las investigaciones que corren en paralelo a la crisis del Ministerio de Capital Humano rozan de cerca a La Cámpora, aunque por ahora no comprometen a la organización. Grupos con los que compartió la administración del Ministerio de Desarrollo Social entre 2019 y 2023, como el Movimiento Evita, están bajo investigación judicial por presuntas extorsiones para participar en marchas. El camporismo tuvo bajo su control los fondos para asistencia alimentaria durante el gobierno de Alberto Fernández.
La dirigente camporista Laura Alonso fue titular de la Secretaría de Inclusión Social, en cuya órbita estaban la Tarjeta Alimentar y también dinero para los comedores.
La Tarjeta Alimentar es un programa que el gobierno del presidente Javier Milei mantiene, y al que apuesta como herramienta para la contención social en medio del ajuste del gasto que implementa desde su asunción. De hecho, ha aumentado su monto de forma periódica. El último incremento que otorgó dejó el monto que cobran las familias con un solo hijo en $52.250; en $81.936, para quienes tienen dos hijos, y en $108.062, en el caso de tener tres hijos o más.
Según publicó Clarín, la secretaría que estuvo a cargo de Alonso manejó alrededor de US$10.000 millones entre 2020 y 2023 para la política alimentaria y otras áreas vinculadas.
El presupuesto que controló la funcionaria camporista incluyó unos $6.000 millones para “políticas alimentarias”, partidas que están bajo análisis judicial por la denuncia del Gobierno por la presunta existencia de comedores truchos.
Según pudo saber LA NACION, Alonso no está mencionada en las causas que se abrieron en medio del escándalo dentro del Ministerio de Capital Humano, que están a cargo de los jueces Sebastián Casanello y Ariel Lijo.
Alonso era la cara principal de La Cámpora dentro del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, que durante el gobierno del Frente de Todos tuvo como titulares a Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
La cartera de Desarrollo Social fue una sede más de una antigua disputa dentro del peronismo, entre la organización que conduce Máximo Kirchner y el Movimiento Evita, cuyo principal referente es Emilio Pérsico (quien fue secretario de Economía Social).
Ambos grupos midieron su poder en la cartera de Desarrollo Social (La Cámpora, desde la política alimentaria; el Evita, desde el control de los planes sociales, como el Potenciar Trabajo, el principal que puso en marcha el kirchnerismo en el gobierno de Fernández).
En la trama de la asistencia alimentaria, que se destapó a partir de la demora en la entrega de mercadería acopiada en los galpones ministeriales de Villa Martelli y Tafí Viejo, quedaron salpicados comedores y asociaciones vinculadas al Movimiento Evita.
Tal como informó LA NACION la semana pasada, en el juzgado federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, tramitan 44 denuncias por presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales para que concurrieran a distintas marchas piqueteras. La mayor parte de ellas son sobre integrantes del Movimiento Evita en el distrito de La Matanza.
La Corriente Clasista y Combativa, la organización 8 de Octubre, Barrios de Pie, el MTR, Libres del Sur y la agrupación Ramón Carrillo, entre otras, también figuran en los expedientes por presuntas extorsiones que tramitan en el juzgado federal de Quilmes.
Las denuncias que se judicializaron se iniciaron por llamados anónimos a la línea 134, que habilitó el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para asentar aprietes o extorsiones para participar de marchas, o de movilizaciones como la del primer paro general contra el gobierno de Milei.
LA NACION
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