La Cámara Nacional Electoral venía reclamando la boleta única desde hace 17 años

La Cámara Nacional Electoral, el máximo tribunal electoral por debajo de la Corte Suprema de Justicia, le venía pidiendo al Congreso, desde hace 17 años, que reforme la legislación para poner en marcha el sistema de boleta única para hacer más transparente, eficaz y económica la organización de los comicios.

Así se desprende de las decisiones del propio tribunal electoral. El primer antecedentes data de 2007 y no fue una sentencia, sino una publicación de la propia Cámara titulada Datos Sobre el Sistema de Partidos, prologada por el entonces presidente del tribunal Rodolfo E. Munné.

Allí el juez, ya fallecido, advertía: “Ha llegado el momento de mencionar y reflexionar sobre otro de los sistemas de votación, el de boleta única suministrada por el tribunal electoral que se utiliza en nuestro país para los electores privados de libertad y para los argentinos residentes en el exterior”.

Tras este reclamo en un fallo de 2008 (4072) la Cámara ya en pleno escribió: “La multiplicidad de candidatos propuestos y la inmensurable cantidad de boletas oficializadas generaron una serie de contratiempos que deben inexorablemente conllevar un debate sobre los medios instrumentales que el régimen jurídico establece para canalizar la oferta electoral y ejercer el derecho de sufragio”.

El reclamo de los jueces se sucedió en siete fallos entre 2007 y 2013 y en una acordada de 2011. (Fallos CNE 4072/08; 4137/09; 4138/09; 4177/09; 4702/11; 4703/11; 5144/13 y Acordada CNE 87/11). Allí los jueces insistieron en que ante los diferentes problemas generados por el sistema de boleta partidaria, correspondía revisar el sistema.

En una acordada de 2015 los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munné señalaron que en “el proceso electoral de este año, se señaló incluso que la modificación resulta “más notoria e imperiosa” pues, “aunque la definición de muchas cuestiones […] puede hallar solución razonable dentro del marco legal vigente […] difícilmente pueda encontrarse una respuesta ideal […] mientras subsista el sistema actual”.

“El tribunal ha procurado siempre preservar la libre expresión de la voluntad política del elector, en cada categoría de cargos. Ahora bien, pese al tiempo transcurrido, mantiene vigencia la afirmación expresada hace más de 6 años (en 2015), acerca de que “[l]lamentablemente, los poderes políticos no han atendido estos requerimientos”, escribieron aludiendo a la Acordada CNE 77/09).

En este punto, el tribunal -ahora integrado por Dalla Vía, Corcuera y Daniel Bejas- dijo que la modificación del sistema es competencia legislativa, por lo que “corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación evaluar el método más adecuado para que el elector emita su voto; así como también el modo en que dicho método será instrumentado por la justicia electoral, en tutela del derecho de sufragio”.

De paso, advirtieron su postura en contra sobre el voto electrónico, sobre el cual dijeron que había que tener en cuenta lo que sucede en otras partes del mundo “Teniendo en cuenta la experiencia de otros países (Alemania, Austria, Holanda, etc.) que las opciones tecnológicas no pueden implicar una transferencia, ni una dependencia, del poder público respecto de empresas comerciales pues, en términos llanos, la soberanía política no se puede privatizar”.

Por eso en la acordada 100 de 2015 los camaristas decidieron “dirigirse al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo Nacional para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, consideren la formulación de soluciones adecuadas para consolidar la integridad de los procesos electorales, de acuerdo con las circunstancias y razones expresadas en la presente”.

Luego de 2015, cada vez que había algún inconveniente con la oficialización de las boletas, la Cámara aprovechaba para recordar su postura en favor de la boleta única. Y sobre todo lo hizo cuando se dio la controversia en las PASO acerca de los costos de impresión de las boletas de las distintas líneas internas de pequeños partidos políticos, que requerían imprimir un padrón de cada lista con un gasto multimillonario, cuando no se iban a utilizar más que un millar de boletas con suerte.

Los jueces llegaron en 2017 a fallar limitando la posibilidad de que se paguen esa cantidad de boletas. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2020 revocó esa decisión. Dijo que había que interpretar que las agrupaciones políticas debían percibir “el importe correspondiente a una boleta por elector para cada lista de precandidatos que oficialicen para participar en las elecciones primarias” y volvieron al sistema que regía hasta ahora, con la aprobación de la lista única.

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