La Cámara Federal reabrió la causa del vacunatorio VIP y ordenó investigar a los vacunados
El tribunal dejó sin efecto un fallo de la jueza María Eugenia Capuchetti que argumentaba que no todo lo cuestionable es delito; Alberto Fernández la había citado en su defensa del Olivosgate
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LA NACION
La Cámara Federal porteña ordenó reabrir el tramo central de la causa que investigaba el vacunatorio VIP que funcionó en el Hospital Posadas y el Ministerio de Salud, que había sido archivado por la jueza María Eugenia Capuchetti, y dispuso que se investigue la responsabilidad de quienes se vacunaron.
Con las firmas de Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, la Cámara hizo lugar a un planteo del fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, que había cuestionado el fallo de Capuchetti.
En cuanto a los beneficiados con vacunas anticipadas y sobre quienes la jueza decidió no avanzar, el tribunal dijo: “El mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”.
Los camaristas dijeron que “será necesario indagar” qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y “quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”. Y afirmaron: “Sobre estos últimos deberá enfocarse la investigación. Y ello no solo al describir el objeto del proceso, sino también en cuanto a los sujetos pasivamente legitimados pues, como señaló la PIA, es posible leer allí una eventual participación que reclama ser despejada. Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al solo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”.
La Cámara se refiere a que muchos de los vacunados -entre ellos, el presidente Alberto Fernández y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini- fueron anotados como “personal de salud”. Deberá investigarse ahora si ellos mismos se definieron como tales cuando no lo eran.
Para los jueces, hasta tanto la jueza no investigue todo esto “cualquier evaluación será apresurada y, por tanto, imperfecta”. Para seguir adelante, los camaristas le pidieron además a Capuchetti que tenga “en consideración las medidas de prueba sugeridas” por fiscal Rodríguez, que fue quien promovió la reapertura de la causa.
La cita del Presidente
La semana pasada, cuando presentó su pedido de sobreseimiento en la causa por la violación de la cuarentena, Alberto Fernández citó como un argumento para defenderse el fallo de Capuchetti que hoy fue revocado por la Cámara.
El Presidente citó el tramo en el que Capuchetti había escrito: “La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los límites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado principios constitucionales que operan en materia pena”. Capuchetti usó este argumento para archivar su causa; Fernández, para que le cierren la que lo investiga por haber violado la cuarentena que él mismo ordenó.
Hoy, la Cámara tomó distancia del argumento de la jueza. Dijo que era necesario profundizar el análisis y hacer una revisión penal que superara “el mero juzgamiento ético”.
El fallo revocado
El 8 de julio pasado, Capuchetti archivó “por inexistencia de delito” el expediente y sostuvo que no existía un delito penal que castigara a un funcionario público por haber otorgado “tratos especiales”, como los denunciados en esta causa, a quienes de todos modos cumplían con los requisitos para ser considerados dentro de alguno de los grupos prioritarios (por ejemplo, por tener más de 60 años).
Así, Capuchetti cerró el caso respecto de la mayoría de las dosis aplicadas con privilegio y lo dejó abierto solo para investigar al exministro de Salud Ginés González García por las vacunas que recibieron las hijas de Eduardo Duhalde y tres personas más.
El expediente se inició después de que el periodista Horacio Verbitsky confesó al aire, en un programa de radio, que gracias a su amistad con González García había recibido la primera dosis de la Sputnik V. Sus dichos provocaron un aluvión de denuncias en los tribunales federales de Comodoro Py, que se acumularon en el juzgado 5, a cargo de Capuchetti.
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