La Cámara Federal ordenó la indagatoria de Mario Firmenich por la voladura del comedor de la Policía Federal
El tribunal declaró imprescriptible y una violación de los derechos humanos el ataque más sangriento que involucró a la agrupación Montoneros; sucedió en 1976 y la causa estaba cerrada
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LA NACIONHernán Cappiello
La Cámara Federal indicó que el exlíder de Montoneros Mario Firmenich debe ser llamado a prestar declaración indagatoria como responsable de la voladura del comedor de Coordinación Federal de la Policía Federal en 1976, que dejó 24 muertos, al declarar que ese delito es imprescriptible por tratarse de una grave violación de los derchos humanos. Cuestionó, además, la falta de esclarecimiento del hecho.
Así lo resolvió la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
“La brutal represión ilegal que desplegó la dictadura militar que usurpó el poder a partir de marzo de 1976 fue el episodio más oscuro, cruel y aberrante de la historia argentina. No hubo porción de la historia argentina previa a ese período que se le compare. Pero, aun así, su barbarie no absuelve ni exculpa a quienes planearon el atentado [la agrupación Montoneros], a las distintas células encargada de su logística y realización -los integrantes del denominado “Pelotón de Combate Sergio Puigros”-; ni a los que lo ejecutaron materialmente. Las atrocidades de unos, no neutralizan los crímenes de los otros”, escribió el juez Llorens.
La bomba que un infiltrado de los Montoneros colocó en una silla, cubierta por un sobretodo, en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, a las 13 horas del 2 de julio de 1976 y estalló 20 minutos más tarde, mató a tres oficiales de la Policía Federal, 20 suboficiales y una mujer civil, que había ido a visitar a una amiga. Ese fue el trágico saldo del atentado más sangriento que se produjo en la Argentina en la violenta década del 70.
El responsable fue identificado como José María Salgado, de 21 años, que había cumplido el servicio militar en la Policía, mientras mantenía una activa militancia en la organización armada, que ya actuaba en la clandestinidad.
El comedor de la dependencia policial, ubicado en Moreno 1431, a una cuadra del Departamento Central de Policía, era frecuentado en su mayoría por personal civil y suboficiales de baja graduación, incluidas varias mujeres que pertenecían al área administrativa. Así lo había informado el propio Salgado a sus superiores en la organización guerrillera, pese a lo cual la conducción nacional del movimiento armado, con Mario Firmenich a la cabeza, decidió por votación seguir adelante con el plan.
Salgado se preparó y ensayó para el ataque. Durante los días previos ingresó varias veces a la dependencia policial con un paquete y comprobó que nadie lo revisaba. El día programado llevó un maletín con la carga explosiva de 9 kilos de TNT y bolillas de acero –una bomba de tipo vietnamita-, preparada en laboratorios de dos unidades básicas de La Plata. Lo dejó en la silla, con el detonante de tiempo activado, y abandonó el lugar. Tras el atentado, siguió combatiendo en Montoneros y hoy su nombre luce en el Parque de la Memoria, el monumento con el que el gobierno de la Ciudad recuerda a las víctimas de la represión militar.
La cúpula de Montoneros había seleccionado meticulosamente ese sitio para comunicar a las fuerzas de seguridad, dice la sentencia.
Ese mismo día, momentos después de la explosión, un comunicado de la organización se atribuía el hecho, anunciando: “A nuestro pueblo: En la mañana del día de la fecha, el pelotón de combate “Sergio Puigrós” del Ejército Montonero, aprovechando una falla en el dispositivo de vigilancia y control de la Superintendencia de Seguridad Federal (ex Coordinación Federal), colocó en su sede central un artefacto explosivo. Cumplida su misión, los compañeros se retiraron sin novedades y, posteriormente, tal como estaba planificado, el artefacto detonó a las 13.20 en el comedor de esa dependencia. Los medios de información del Ejército Montonero estiman en 85 el número de bajas causadas al enemigo, de los cuales 25 son muertos. No se descarta el que esta cifra pueda llegar a ser superior. Los daños causados al edificio son importantes, estimándose que la capacidad operativa de este centro represivo quedó seriamente afectada por un lapso de tres meses. Este hecho de guerra demuestra —como lo demostraron en su momento, las ejecuciones de los torturadores Villar y Cardozo— que no puede haber lugar seguro para los que responden a la resistencia de los trabajadores con el secuestro, el asesinato y la tortura. Viva la patria. Hasta la victoria final. MONTONEROS” .
El fallo señala que no hubo investigación posterior del hecho. “Los casi treinta años transcurridos desde que acaecieron los hechos hicieron que la primera respuesta judicial pronunciada fuera la extinción de la acción penal y así nadie se encargó -nunca- de tratar de descubrir quiénes fueron los responsables del atentado, y mucho menos, de juzgar sus conductas por ese acto. El silencio fue entonces absoluto. Nada, nunca, jamás, permitió oír el eco de las muertes y las heridas. La monopolización del discurso colectivo permitió, entonces, acallar la real dimensión del hecho”, señala el fallo judicial.
Menciona la Cámara que “la ofensiva desplegada procuró ser ahogada con el más profundo silencio, optando por acudir al despliegue de un plan de represión brutal e ilegal, sin lugar en los tribunales con claro apartamiento de las víctimas, como si estas nunca hubieran existido”.
Rodolfo Walsh fue señalado como uno de los posibles responsables de la planificación y puesta en marcha de la operación que derivó en el atentado, pero se declaró la extinción de la causa a su respecto con su muerte. “Ni las víctimas directas ni sus familiares fueron oídos en el proceso. Su voz fue acallada al mismo compás en que se fue derrumbando su derecho a conocer la verdad sobre lo acontecido. Hubo un tiempo en que quizá se entendió que el silencio era el mejor remedio frente al mal vivenciado”, escribió Llorens.
Lorens señaló que “los horrores de la dictadura se llevaron, por lejos, el primer lugar en la competencia de atrocidades y barbarie. Pero una vez que ese resplandor pudo ser apaciguado, los contornos se definieron, dejando ver que también había otras crueldades para analizar”, en referencia a que la condena y castigo al terrorismo de Estado dio paso a la persecución de los actos de las agrupaciones terroristas.
Y remarcó que “no se trata de diseñar una justificación simétrica entre los condenados de ayer por gravísimos delitos de lesa humanidad, e imputados de hoy en esta causa, sino de entender que los crímenes de la dictadura no absuelven los crímenes de quienes sentaron el terror desde otros ámbitos”.
En su voto, Llorens propuso revocar el sobreseimiento de Mario Eduardo Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Victoria Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares, pero quedó en minoría. De todas maneras, todos volverán a ser investigados.
Sus colegas Bruglia y Bertuizzi coincidieron con sus argumentos y sus expresiones con Llorens. Mencionaron que en este caso “es la total ausencia de una labor investigativa seria, así como una inacción absoluta por parte del Estado en su deber de esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad de los autores”.
“Tanto las víctimas directas como los familiares de los fallecidos fueron totalmente ignorados en el proceso. Su intervención fue silenciada al mismo tiempo que no se avanzaba en la investigación judicial del hecho, así se fue lesionando gradual y gravemente su derecho a conocer la verdad sobre lo acontecido”, dijeron los camaristas.
Finalmente, el tribunal resolvió declarar el hecho como una “grave violación de los derechos humanos” y, por eso, revocar la extinción de la acción penal y la prescripción dispuesta.
Asimismo tuvieron por querellantes a la Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, a Eduardo Emilio Kalinec y a Alicia de León. Y ordenaron realizar todas las medidas de prueba que, pese al tiempo transcurrido, permitan dilucidar lo que aconteció el 2 de julio de 1976 y establecer quiénes fueron sus responsables, directos e indirectos dentro de la estructura de mando de Montoneros. Se buscará determinar quién ideó, planeó y autorizó el ataque.
La Cámara ordenó que se tome testimonio de inmediato a quienes resulten víctimas en este proceso y además dispuso “considerando la pública y notoria posición de mando de Mario Eduardo Firmenich” dentro de Montoneros “prever su citación” a prestar declaración indagatoria.
La reapertura de la causa que tramitó en el juzgado de María Servini fue impulsada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, junto a otras entidades civiles.
Por Hernán Cappiello
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