La Cámara Federal instó al juez Martínez de Giorgi a que defina si hubo coimas en el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento

La Cámara Federal instó hoy por tercera vez al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a que defina si procesa o no a ex uncionarios del kirchnerismo y a empresarios ligados al macrismo sospechados de pagar y recibir coimas para la megamilloanria obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento de US$1500 millones, que se encuentra paralizada. Destacaron que hace dos años llegó al país la información de arrepentidos brasileños que admitieron los sobornos y el caso sigue inmóvil.

Esta es la tercera vez que la Cámara Federal hace este reclamo al juez que debe definir la situación procesal, entre otros del exministro kirchnerista Julio De Vido y del empresario Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, que con su exempresa IECSA, integró el consorcio a cargo de la obra, junto con la brasileña Odebrecht.

El fiscal del caso Franco Picardi viene instando al juez a que de una respuesta sobre las situaciones procesales de los acusados, para quienes reclamó la indagatoria por el pago de coimas.

Odebrecht admitió que pagó coimas en todo el continente para asegurarse la continuidad de sus obras. En la Argentina se planteó un acuerdo con los fiscales brasileños para incorporar esa información brindadas por arrepentidos de Brasil en el Lava Jato a la causa local.

El tribunal, con la firma de los jueces Eduardo Farah y Martín Iruzun, confirmó el rechazo de una nulidad que habían planteado dos acusados con relación a ese convenio, pero los jueces fueron más allá y exigieron a Martínez de Giorgi que avance.

“No ha avanzado con la rapidez y eficacia que fue varias veces encomendada”, le enrostraron y destacaron que Brasil envió la información hace dos años. Dijeron que hay situaciones procesales en codiciones de ser resueltas y aún “no fue renovado el estudio de los casos correspondientes, conforme fuera encomendado”.

“Esta situación impone que el juez, una vez que cuente con los elementos requeridos para completar la instrucción y corroborar determinadas referencias que obran en esta, se expida motivadamente sobre los cargos que pesan sobre los indagados, evaluando cada situación o aporte individual, así como las diferentes hipótesis que se han formulado sobre los hechos (sobornos, fraude al Estado, negociaciones incompatibles, etc.), con arreglo a los lineamientos aquí explicados”, volvieron a escribir los jueces. Y remarcaron “cabe volver a exhortar para que las cuestiones pendientes reciban debida respuesta en tiempo y forma”.

Los jueces copiaron en este fallo, el mismo que habían escrito en su resolución anterior de diciembre pasado en el que también exhortaron al juez, sin éxito, a que avance con el caso. Si bien tienen facultades para tomar una medida mas severa, como apartarlo del caso, por ahora no lo hicieron.

Las demoras registradas en este expediente resultan llamativas en comparación con los avances registrados en las otras dos causas vinculadas al capítulo argentino del Lava Jato. Se centran en las coimas que se pagaron en los proyectos para extender las redes de gasoductos y para construir una planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas. Las dos causas, instruidas por los jueces Daniel Rafecas y Sebastián Casanello junto al fiscal Federico Delgado, ya tienen procesados a sus protagonistas y fueron elevadas a juicio oral.

Los imputados son el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, figura entre los que habrían recibido sobornos, mientras que Angelo Calcaterra y su mano derecha, Javier Sánchez Caballero, aparecen entre los acusados de haber abonado esas coimas, junto con ejecutivos de Odebrecht: Luiz Antonio Mameri, Mauricio Couri Ribeiro, Flavio Bento da Faria y Rodney Rodríguez de Carvalho, entre otros.

Las defensas de esos acusados habían planteado la nulidad de algunas de las decisiones tomadas en primera instancia. En particular, por el uso que se le dio a las pruebas aportadas desde Brasil y que incluyen la “delación premiada” de Mameri, exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, que confesó cómo y a quiénes pagaron coimas para obtener negocios multimillonarios en la Argentina. La Cámara rechazó ahora esas nulidades.

Según Mameri, durante la primera etapa del proyecto, Sánchez Caballero les comunicó a los ejecutivos de Odebrecht en Buenos Aires cuáles eran las pautas para participar del proyecto. Y les informó que habían acordado con funcionarios de Planificación Federal que ganarían la licitación y que por eso deberían afrontar “pagos indebidos” a medida que comenzaran a cobrar las obras.

Aceptadas esas “reglas de juego”, como las calificó ante las autoridades brasileñas y reveló LA NACION en 2017, Mameri admitió que autorizó “pagos indebidos” por US$2,9 millones entre enero de 2011 y enero de 2014, es decir, tras el inicio formal de la ejecución de las obras en 2010 y a medida que el consorcio debía cobrar sus primeros certificados.

Consultado entonces por LA NACION, Sánchez Caballero rechazó la confesión de Mameri. “No lo conozco a ese señor”, replicó, para luego negar de manera enfática cualquier rol delictual. “Yo fui completamente ajeno a cualquier tipo de acción vinculada a eso”, remarcó.

Tras la muerte de Néstor Kirchner, sin embargo, Mameri detalló que cambiaron los intermediarios. Jorge “Corcho” Rodríguez se presentó ante el director de Infraestructura de Odebrecht en la Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho, como “interlocutor” de Roberto Baratta, el funcionario de máxima confianza de De Vido.

Según Mameri, el “Corcho” Rodríguez le explicó a su equipo en Buenos Aires que debía pagar “una contrapartida” por cada factura pendiente de cobro. Era, los conminó, la única forma de que el ministerio priorizara su deuda. Así que Mameri autorizó las coimas, otra vez, y el consorcio cobró los millones. Esa segunda etapa de “pagos indebidos” también fueron a través de la División de Operaciones Estructuradas, cuyo jefe máximo, Hilberto Mascarenhas da Silva -otro delator premiado-, se encargó de los detalles.

Por ese motivo, la Cámara volvió a la carga, como ya lo hizo en agosto de 2019 y en diciembre de 2022, y urgió a Martínez de Giorgi para que defina la situación procesal de los acusados, tanto por el presunto pago y cobro de sobornos, como por otros posibles delitos que van del presunto fraude al Estado a las negociaciones incompatibles con la función pública.

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