La Cámara Federal de San Martín ratificó a Sandra Arroyo Salgado al frente de la causa contra Edgardo Kueider, pero le pidió “prudencia”

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó la recusación contra la jueza Sandra Arroyo Salgado que había presentado el exsenador Edgardo Kueider en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y lavado de dinero.

La decisión fue firmada por el juez Juan Pablo Salas, de la Sala I del Tribunal, quién rechazó que Arroyo Salgado hubiera actuado con “falta de parcialidad” en la causa. La solicitud había sido presentada por Juan Martín Cerolini, el abogado de Kueider y de Iara Guinsel Costa, coimputada en la causa.

Tanto Kueider como Guinsel Costa cumplen prisión preventiva domiciliaria en un lujoso departamento de Asunción, mientras atraviesan una investigación de la Justicia por intento de contrabando de divisas. Los dos fueron detenidos cuando intentaron ingresar a Ciudad del Este, desde Brasil, en una camioneta de alta gama con más de 200 mil dólares.

Arroyo Salgado impulsó un pedido de desafuero la mañana en que el Senado se proponía tratar la expulsión de Kueider. Según Cerolini, el abogado de los imputados, la jueza participó de un “operativo destitución”. Para el defensor, hoy un “plan sistemático orquestado por la política, con un rol protagónico por parte de la magistrada interviniente”, a la que acusó de tener una “inquina personal”.

El abogado cuestionó la imparcialidad de la jueza a raíz de declaraciones sobre la investigación que tuvieron lugar un mes atrás, en un programa de LN+.

En respuesta a esto, el camarista Juan Pablo Salas manifestó que Arroyo Salgado “no ha exteriorizado manifestaciones que conlleven a suponer algún grado de enemistad o parcialidad contra el imputado, limitándose a informar el curso de la investigación vigente sin comprometer o adelantar opinión que implique la pérdida de su objetividad o imparcialidad”.

Según el fallo de Salas, el pedido para correr a la jueza respondió al “desacuerdo ante las consecuencias de un trámite realizado por otro órgano independiente del Poder Judicial [el Senado] dentro del ejercicio propio de sus facultades”.

De todos modos, el camarista pidió a la jueza federal “prudencia” en sus declaraciones públicas: “La exposición de la magistrada en la entrevista apuntada, aún cuando no exteriorizó manifestación que implique un prejuzgamiento o pérdida de su imparcialidad ante los hechos materia de investigación, no parece exhibir la cautela que el caso requiere, ni que su investidura aconseja, máxime cuando existen canales disponibles dentro de la estructura institucional del Poder Judicial de la Nación para satisfacer el derecho a la información y su difusión como modo de garantizar la publicidad de los actos de gobierno que provenga de la actividad jurisdiccional en justo equilibrio con otros derechos y garantías constitucionales”.

Arroyo Salgado había pedido la extradición de Kueider y Guinsel Costa el 16 de diciembre pasado con el objetivo de tomarles declaración indagatoria. Frente a esto, la Justicia de Paraguay consideró que dicho exhorto internacional contaba con “defectos de forma y fondo”, y pidió la ampliación y precisión de los argumentos del pedido. La solicitud de aclaraciones por parte de Rolando Duarte, juez paraguayo, fue hecha mediante un oficio tramitado por vía diplomática que llegó ayer al despacho de la jueza federal argentina en San Isidro.

El fiscal general Fernando Domínguez tiene delegada la investigación contra el exsenador y fue quien solicitó que se tramite la extradición frente a la posibilidad de que Paraguay otorgue la excarcelación a Kueider, ya que el delito por el que se lo imputa tiene una pena no mayor a dos años y medio.

Domínguez deberá evaluar si considera necesario responder al oficio mediante la complementación de información para la extradición. Debido a la feria judicial, no se espera que la Justicia argentina se exprese al respecto antes de que finalice el mes de enero.

Dicho oficio criticaba la cita de diferentes tratados internacionales que podrían “contraponerse entre sí” en el pedido de extradición. Además las autoridades paraguayas criticaron que no se hubiera adjuntado la copia de la resolución por la cual la jueza Arroyo Salgado dispuso la acumulación de dos causas en las que Kueider es investigado -la de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y el “caso Securitas”, iniciado en 2020- y alegaron que no se entiende el hecho concreto por el cual se quiere indagar a los imputados.

Finalmente, la Justicia paraguaya dijo que si el objetivo de la extradición es la indagación de los imputados, podría librarse una “rogatoria” para hacerlo de manera virtual, dado que ambos se encuentran sometidos a proceso en Paraguay y cumplen prisión preventiva domiciliaria por contrabando.

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