La Cámara Federal de Bahía Blanca apartó al juez que debe investigar al “clan Elías” por dudas sobre su imparcialidad

La Cámara Federal de Bahía Blanca apartó al juez federal Walter López da Silva de la investigación sobre el empresario Gustavo Elías tras concluir que existe una “duda razonable” sobre su imparcialidad. ¿Por qué? Porque cajoneó la pesquisa durante meses, la remitió a Buenos Aires cuando no debía y colocó a la vista de los acusados las medidas de prueba que la Fiscalía había pedido contra ellos, con allanamientos y escuchas telefónicas incluidas.

Con el voto único de Roberto Amabile -por tratarse originariamente de una cuestión de competencia- la Cámara Federal remarcó que el 10 de mayo de 2023, el fiscal Gabriel González Da Silva planteó que el expediente debía remitirse a Buenos Aires, pero pidió que antes se ordenaran de manera urgente allanamientos, intervenciones telefónicas y otras medidas de prueba que debían mantenerse bajo total reserva para que dieran resultados.

Eso, sin embargo, no ocurrió. Recién trece meses y nueve días después, el 19 de junio de este año, el juez López da Silva ordenó la reserva del dictamen de la Fiscalía para, sólo tres semanas después, declararse incompetente, ordenar su remisión a Buenos Aires e incorporar una copia de ese dictamen al sistema informático, “quedando a la vista de todas las partes”, remarcó la Cámara al apartarlo. “A punto tal que la defensa en oportunidad de recurrir ante esta Alzada, en ejercicio de sus derechos, argumentó sobre todas y cada una de las medidas de investigación propuestas por el Ministerio Público Fiscal”.

Para la Cámara, la consecuencia lógica de la actuación del juez es evidente: “Si existía alguna posibilidad de éxito en tales diligencias, luego de haber demorado más de un año en su providencia, al haberle dado publicidad, a pesar del secreto de sumario peticionado por el Señor Fiscal, la misma se torna prácticamente nula. Frustrando, en todo o en parte, cualquier posibilidad de corroborar los extremos señalados en el dictamen fiscal aludido”.

En su dictamen de 2023, el fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Gabriel González Da Silva, había considerado que existen indicios y pruebas suficientes para sospechar que Gustavo Fabián Elías desarrolló un emporio junto a Gustavo Manuel Damiani y Maximiliano Di Federico que se cimentó en un entramado de facturas truchas, sociedades fantasma, prestanombres y operaciones simuladas o inconsistentes que le permitieron multiplicar su patrimonio de manera injustificada.

La trama delictiva completa, según reconstruyó la Fiscalía con el apoyo de expertos de tres organismos públicos distintos, habría abarcado cerca de 40 personas, muchas de las cuales son parientes entre sí o mantienen vínculos societarios cruzados a través de 80 empresas y firmas distintas. Y todo eso bajo la sospecha de que el grupo Elías actúa o actuó como testaferro de terceros, que podrían ser el líder camionero Hugo Moyano y su familia.

Jugador de peso en el puerto de Buenos Aires, donde administró un negocio millonario de seguros y estacionamientos para containers, Elías es dueño hoy de un holding que incluye medios de comunicación, como La Nueva (Bahía Blanca). En 2007, constituyó Ivetra SA junto a Daniel Llermanos, histórico abogado de Moyano.

Citaciones, escuchas y allanamientos

Apoyado en las evidencias recolectadas desde 2015, el fiscal González Da Silva solicitó citaciones a indagatoria, allanamientos, escuchas telefónicas y otras medidas, aunque estimó que la pesquisa debería desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, donde el grupo Elías concentraría sus operaciones y donde se habrían cometido la mayor parte de los delitos.

Recién trece meses después de recibir el dictamen fiscal, el juez López da Silva se declaró incompetente. Pero aludió en su resolución a “la transferencia de bienes entre compañías de las que son parte las mismas personas [que integran el grupo Elías], depósitos millonarios no declarados y/o blanqueados sin origen comercial identificado, el uso de facturas apócrifas por varias de las sociedades imputadas, celebración de contratos millonarios no coincidentes con los perfiles económicos de los involucrados y de otros cuya retribución no está ajustada a la prestación de un servicio específico, sino que actúan simplemente como justificación de transferencias de activos entre sociedades, adquisición de bienes y servicios ajenos al objeto social, entre tantos otros indicadores”.

“A ello se adiciona –abundó el juez López da Silva– que, conforme a la prueba incorporada a la causa, diversas sociedades investigadas presentan inconsistencias como no tener servicios activos de telecomunicaciones, lo que sugiere que serían creaciones ficticias al efecto de justificar ingresos y facilitar el lavado de activos”.

Consultados entonces por LA NACION, desde el “grupo Elías” desestimaron la investigación por “inconsistente”, tras remarcar también que debería ser declarada “nula” desde el inicio. “Todo esto comenzó con una denuncia anónima, lo cual ya es un disparate que no puede tener andamiaje alguno”, afirmó el abogado Llermanos.

El letrado lamentó que, “a pesar del carácter anónimo de la denuncia, se le dio intervención a la AFIP, que realizó una inspección integral que duró muchos meses, pero que finalizó sin que el Juzgado encontrara ningún motivo para imputar o indagar a Gustavo Elías ni a ninguna otra persona. La causa está más para el archivo que para una declaración de incompetencia”.

Apelada la resolución, la Cámara Federal rechazó los fundamentos del fiscal, revocó la resolución del juez, al que apartó, y concluyó que la investigación debe continuar en Bahía Blanca. “No puede perderse de vista que, desde el inicio de la causa, la investigación se ha radicado y desarrollado en esta jurisdicción, con motivo de ser el lugar de principal asiento de negocios y el centro de vida de los sujetos investigados”, remarcó el camarista Amabile. “Siendo irrelevante, para contrarrestar dicha situación, las valoraciones señaladas por el juez de grado respecto de cuestiones meramente formales, como el lugar en el que se encuentran fijados determinados domicilios fiscales o el origen de las líneas telefónicas de algunas personas físicas y jurídicas investigadas”.

Amabile evitó, sin embargo, llevar el contrapunto con el magistrado de primera instancia hasta el punto de no retorno. Decidió que no se extraigan testimonios para radicar una denuncia penal contra el juez López da Silva, ni tampoco que se remitan copias al Consejo de la Magistratura para que evalúen su proceder.

La investigación penal, en tanto, que comenzó a finales de 2015 con una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), pasará ahora a las manos de otro juez de primera instancia, pero, según estimó la propia Cámara Federal de Bahía Blanca, herida de muerte.

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