La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner por el uso de aviones presidenciales para llevar muebles al Sur
La vicepresidenta está procesada por el delito de peculado; lo trasladado era para sus hoteles de El Calafate
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La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner por el delito de peculado por el uso de los aviones presidenciales para el traslado de muebles a los hoteles de la familia Kirchner en la ciudad de El Calafate.
El fallo fue firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens -autor de un voto muy duro- después de que la Cámara Federal de Casación Penal les anulara un fallo previo y les ordenara volver a pronunciarse.
Los testimonios acumulados en esta causa describen cómo se hizo el envío de muebles a El Calafate para los hoteles de la familia presidencial. Originalmente, Cristina Kirchner estaba acusada de haberse hecho llevar muebles para sus hoteles y también diarios, pero los jueces de la Cámara Federal solo mantuvieron el procesamiento por los muebles, con el argumento de que el envío de diarios estaba relacionado con el ejercicio de sus funciones como presidenta.
Llorens, en el voto más fuerte contra Cristina Kirchner, recordó que él ya había sostenido que “la utilización de la flota aérea presidencial para recorrer los 2.500 km aproximados que nos separan de Río Gallegos o El Calafate, con el único propósito de acercarles los periódicos del día a los expresidentes en los fines de semana que allí se encontraban, no estaban eximidos de un reproche ético, en tanto evidenciaron un quiebre permanente de la prudencia, la mesura y la austeridad como guías indiscutibles del comportamiento que deben asumir aquellos a quienes les es confiado el ejercicio de la función pública, y cuyos orígenes pueden reconocerse en nuestra gesta revolucionaria, reveladora de un enérgico repudio por la ambición, la avaricia, la ostentación, el refinamiento, la extravagancia y el lujo por parte de aquellos que tienen a su cargo el manejo de la cosa pública”.
Destacó que aunque pudiera no ser delito la parte de la causa relativa a los traslados de los periódicos, no fueron hechos “inocuos” sino que se inscribieron dentro “de un esquema de corrupción estatal, instaurado entre los años 2003 y 2015 con distintas manifestaciones”.
Ese esquema, según Llorens, tuvo consecuencias “perniciosas y estructurales” y no se puede “descartar la continuidad de la ejecución de esos hechos delictivos”. Por eso, de acuerdo con el criterio de este juez, la vicepresidenta podría querer eludir a la Justicia. Con ese fundamento, Llorens pidió evaluar la posibilidad de someterla a un juicio político para “tornar efectivo su encarcelamiento provisional”.
Bruglia, autor del segundo voto del fallo, dijo que “mientras ejerció el cargo de Presidenta de la Nación, Cristina Fernández utilizó en provecho propio un servicio pagado por la administración pública” porque usó “un avión que tenía a su disposición para ser utilizado exclusivamente para el desempeño de su función pública”
Bruglia dijo, no obstante, que hay algunas pruebas que serían útiles para conocer más sobre los hechos bajo investigación. “Entre otras diligencias, resultaría adecuado adoptar medidas tendientes a averiguar quiénes eran las personas encargadas de efectivizar la descarga de la aeronave en los aeropuertos de El Calafate y Río Gallegos y, una vez identificadas, convocarlas a prestar declaración testimonial”.
Nulidad y nuevo fallo
Los jueces de Casación Alejandro Slokar y Carlos Mahiques entendieron, en mayo de este año, que correspondía anular la anterior confirmación del procesamiento dispuesta por la Cámara Federal. Consideraron que el juez que investigó el caso, el fallecido Claudio Bonadio, actuó cuando no debía hacerlo, sin apartarse de esta causa, violando el principio de juez natural y sin la debida imparcialidad. Con estos argumentos, la mayoría mandó a dictar un nuevo fallo. Hoy, la Cámara Federal volvió a confirmar el procesamiento de Cristina Kirchner. En cambio, decretaron la falta de mérito de Oscar Parrilli, que era secretario general de la Presidencia cuando se cometieron los presuntos delitos.
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