La Cámara Federal busca reactivar la causa por la venta de YPF que tiene paralizada desde hace años el juez Lijo

Ante la paralización de la causa por la venta de YPF, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, la Cámara Federal porteña tomó una decisión que busca reactivar el expediente donde se investiga a Axel Kicillof y a otros funcionarios del kirchnerismo.

Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi reconocieron como querellante en el caso a la ONG Contadores Forenses, de modo de que pueda actuar como acusador particular, más allá del impulso que debería darle el fiscal al caso.

El juez Lijo –candidato de Javier Milei a la Corte Suprema de Justicia– había rechazado el 9 de abril pasado la pretensión de esta ONG de ser parte en la causa. La organización apeló. La primera presentación la hizo el contador Alfredo Popritkin, presidente de la entidad, pero que falleció.

Por eso se presentó Jorge Alfredo Ceballos, con el patrocinio del abogado Sergio Curzi. Así las cosas, los jueces rechazaron la pretensión de la ONG de ser “amicus curiae” (amigo del tribunal), pero sí la admitieron como querellante.

Los camaristas siguieron el mismo criterio que usaron cuando reconocieron esta condición a la ONG Bases Republicanas en la causa de “La ruta del dinero K”, lo que permitió que con estos acusadores particulares el caso avance contra Cristina Kirchner, ya que el fiscal Guillermo Marijuan (acusador público) había planteado le necesidad de sobreseerla.

En esa causa, ahora la ONG va a poder pedir medidas de prueba, cuestionar las decisiones del juez Lijo, recurrirlas y hasta acusar en caso de que el asunto llegue a juicio oral.

“Esta es la continuidad del trabajo de mi viejo en la lucha contra la corrupción. No bajamos las banderas. Todo lo contrario es el mismo espíritu que sigue vigente”, dijo a LA NACION el abogado Andrés Popritkin, continuador del trabajo de su padre fallecido.

El caso es el expediente CFP 3518 del año 2006. Es la causa por el vaciamiento y expropiación de YPF. En la caratula aparecen los delitos de infracción de la Ley 22.415 (Código Aduanero), incumplimiento de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública.

La Cámara Federal dijo que se investiga la presunta ausencia de control estatal sobre la información técnica que están obligadas a proporcionar las empresas petroleras. Esto habría dado lugar a una posible manipulación de datos sobre el nivel de reservas, lo que se habría traducido en una pérdida de importantes volúmenes anuales de gas y petróleo para el país.

Según informó la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el objeto procesal se encuentra ahora enmarcado en la investigación de una posible administración fraudulenta por parte de los directivos de la firma Repsol YPF y representantes del Estado ante el directorio, en virtud de maniobras de vaciamiento mediante descapitalización e incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de funcionarios del Estado.

Entre los denunciantes figuran Elisa Carrió, Mario Alejandro Cafiero, Alejandra Dibo y Carlos Stornelli, y son querellantes YPF SA y la Oficina Anticorrupción.

Carrió informó que hubo sucesivas ampliaciones de prueba, en las que se fueron incorporando acusados: Amado Boudou, Julio De Vido, los hermanos Eskenazi –que ingresaron como accionistas a la compañía de la mano del kirchnerismo–, Axel Kicillof, Carlos Zannini y las compañías Repsol YPF e YPF SA, entre otros. Hasta el momento, ninguno de los denunciados ha sido procesado ni sobreseído.

El expediente que investiga el rol de la familia Eskenazi en la compra de la empresa YPF sobresale como caso paradigmático: según otra ONG, Inecip, hace 16 años que no muestra avances.

“Recién en septiembre del año pasado envió un exhorto a la justicia de España para averiguar si el grupo Eskenazi se había quedado con algún derecho litigioso en la quiebra de sus subsidiarias que poseían el 25 por ciento de las acciones de YPF-Repsol”, se lee en el trabajo de la Inecip, publicado en julio, que catalogó a Lijo como el juez con el “peor desempeño de Comodoro Py” y el que registra mayores demoras en casos de corrupción.

En cambio, y con otros tiempos, en el juicio por la expropiación de YPF realizada en 2012, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ya condenó a la Argentina a pagar indemnizaciones por US$16.000 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar a los accionistas de la petrolera en el momento de la estatización. Quienes cuestionan al candidato de Milei a la Corte le endilgan no haber avanzado sobre cómo estos accionistas ingresaron a la petrolera durante el kirchnerismo y le pasan la factura –lo mismo que a Kicillof– por los US$16.000 millones que debe pagar el Estado.

Al defender su pliego para juez de la Corte ante la Comisión de Acuerdos del Senado, el juez Lijo aseguró sobre YPF: es “una causa en trámite” y con una “gravedad para la Argentina, demandada en el exterior”.

Y añadió: “Es especialmente delicado que me expida sobre la causa, no por no tener una gran cantidad de información para darles. Hay algunos aspectos que no se han logrado probar todavía y dependen de la colaboración de otros países. Una de las razones por la que está tramitando en el exterior, uno de los argumentos que se utilizaron en la justicia de los Estados Unidos, es la existencia de una causa penal en la Argentina, contrariamente a lo que se sostiene muchas veces públicamente, cometiendo lo que, desde mi punto de vista, es un error jurídico”.

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