La Cámara de Casación, un tribunal marcado por las internas y los escándalos

La Cámara Federal de Casación, el tribunal penal más importante del país, apenas por debajo de la Corte Suprema de Justicia, nació con un estigma: el que consideró a sus jueces como “unos esperpentos”. Fue hace 30 años, cuando el entonces ministro de Justicia, Carlos León Arslanián calificó así a los jueces que había elegido Carlos Menem y renunció con un portazo.

Este destino persigue al tribunal que confirma o revocar condenas o absoluciones que involucran a funcionarios corruptos, represores, narcos, secuestradores y tratantes de personas. Mucho poder. Los camaristas reinan en el primer piso de los tribunales de Comodoro PY 2002, el único donde gruesas cortinas cubren el vidrio de las puertas que permiten acceder a los despachos. Una mujer policía, en un escritorio, custodia que nadie pase sin ser autorizado. No pasa en ningún otro lado del edificio.

A pesar de tanto esfuerzo por la discreción, en la historia de la Cámara se sucedieron escándalos que trascendieron la siempre recoleta reserva que rodea las decisiones de los tribunales colegiados. Entre ellos se recelan, se desconfían, algunos son más cercanos a otros, pero son pocos son los que se invitan a los cumpleaños. El tribunal está integrado por 13 jueces, que se dividen en cuatro salas de tres y un presidente, que cuando preside no firma sentencias.

De la primera generación de hace 30 años, tres jueces permanecen: el presidente Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y la jueza Liliana Catucci. A Hornos el Gobierno lo denunció por haberse reunido seis veces con Mauricio Macri en la Casa Rosada mientras era presidente. Dicen los diputados que lo denunciaron en el Consejo de la Magistratura y en la Justicia, que las visitas coincidían con fallos contra la ex Presidenta. Hornos explicó que habló con Macri de cárceles, no de causas, y que tienen una relación social. Hornos aspiraba en esa época a ser el procurador de Macri.

A algunos de sus colegas no los conformaron las explicaciones. Alejandro Slokar y Angela Ledesma le pidieron su renuncia como presidente del cuerpo que se debe votar en un plenario. Sólo puede convocar a un plenario (reunión extraordinaria de los 13 jueces) el presidente, es decir Hornos, o sus colegas si juntan 7 votos. Hornos está pensando en convocar a ese plenario esta semana, con la seguridad de que no hay votos como para arrebatarle la presidencia. De ser removido, la ocuparía Slokar, vicepresidente primero y quien pide su cabeza. Hornos viene con otros cuestionamientos que le habían impedido llegar a presidente de la Cámara con anterioridad, cuando enfrentó una causa por violencia de género en la que fue sobreseído. El kirchnerismo busca de mínima que lo sancionen y de máxima su improbable alejamiento como juez.

Eduardo Riggi, otro de los fundadores, es vecino de despacho de Hornos. La más complicada de las denuncias que enfrentó fue porque se lo mencionó en una maniobra mediante la cual se trató de digitar el expediente por la muerte del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, con la supuesta intención de excarcelar a los acusados y evitar la detención del extitular de la Unión Ferroviaria José Pedraza. La Corte confirmó su sobreseimiento. Riggi es frontal, conservador, duro, no favorece el internismo. Es enemigo jurado de los organismos de derechos humanos. Fue funcionario judicial en la dictadura, cesanteado con el gobierno de Héctor Cámpora, retornó como secretario de Corte con los militares y fue nombrado juez por Jorge Rafael Videla en 1978. El kirchnerismo lo denunció porque dicen que trató de proteger a Mauricio Macri al pedir el expediente en que se acusa al ex presidente de extorsionar a Cristóbal López. La denuncia en el Consejo de la Magistratura es de Carlos Beraldi, abogado de Fabián de Sousa, socio de López y letrado de Cristina Kirchner.

Riggi suele conformar mayorías con Liliana Catucci. Ambos absolvieron a Menem, quien los había nombrado, en el caso del contrabando de armas porque no había tenido una respuesta de la justica en un plazo razonable. Menem murió antes de que Corte revisara ese fallo.

Riggi tiene 73 años, le falta para jubilarse. La jueza Catucci cumplirá 75 años este año, el límite constitucional para dejar la magistratura o buscar renovar el acuerdo en el Senado, algo improbable. Catucci es la que conversa y contiene a su colega Juan Carlos Gemignani, cuando estalla enojado. La de Catucci es una posible vacante, que ya cuentan en el Gobierno.

En el 2003 llegó por concurso la jueza Angela Ledesma. Es lo opuesto de Riggi en cuanto a su concepción de la amplitud de derechos. Se la confunde con el kirchnerismo, pero la jueza pensaba en las garantías de ese modo, antes de que Néstor Kirchner existiera. Sus ideas permiten que en ocasiones conforme mayorías con los más kirchneristas de la Casación.

De perfil progresista es titular de la cátedra de Derecho Civil y Comercial en la UBA donde sigue dictando clase. Es la guardiana de las cuestiones de género junto con otra jueza del tribunal, Ana María Figueroa. Conformó mayorías con Alejandro Slokar, ex funcionario del kirchnerismo y con la misma sintonía para pensar el derecho penal.

Con Néstor Kirchner llegó la revolución en la Casación con la salida en 2007 del histórico Alfredo Birsodi, denunciado por cajonear 200 recursos en casos de violaciones a los derechos humanos para proteger a los represores. Una de intervenciones como presidente de la Casación mas recordada fue en 1995 cuando sancionó a media docena de jueces federales que organizaron un festejo navideño, con baile, música, trencito y brindis en los pasillos del tercer piso de Comodoro Py 2002. El entonces juez Rodolfo Canicoba Corral, sorprendido libando, tildó a Bisordi de fascista. Bisordi fue sometido a juicio político y renunció.

A raíz de las vacantes llegaron jueces trasladados de otros tribunales y subrogantes. Hubo discusiones eternas que terminaron con el desplazamiento de Luis Cabral, juez que, con el implícito aval de la Corte, había sido trasladado allí desde un tribunal oral y luego se produjo la salida de los subrogantes colocados en el kirchnerismo: Norberto Frontini, Roberto Boico y Claudio Vazquez. Boico, exabogado de Cristina Kirchner, llegó ahora a la Cámara Federal por concurso.

Para cubrir las vacantes llegó la segunda generación de la Cámara de Casación Penal. Y se reconfiguró el tribunal no solo ideológicamente sino también con jueces más jóvenes. Y se dio una mezcla entre perfiles progresistas y otros no tanto. Unos mas previsibles y otros mas imprevisibles. Llegaron Mariano Borinsky, Alejandro Slokar, Ana María Figueroa y Juan Carlos Gemignani en 2011.

Borinsky venía de ser fiscal y acusar a Menem en el juicio de armas, Slokar había sido funcionario en el Ministerio de Justicia en el krichenrismo y luego fue uno de los fundadores de Justicia legítima. Coautor con Eugenio Zaffaroni de un clásico manual de Derecho Penal, una obra de referencia. Si a Hornos le critican sus visitas a Macri, a Slokar le critican sus encuentros con Amado Boudou, los festejos de cumpleaños de Zaffaroni o las visitas políticas que recibe.

Ana María Figueroa, llegó desde Rosario, no de tribunales sino por su defensa de los Derechos Humanos y Gemignani desembarcó con el aval del radicalismo. Figueroa se alineó con el kirchnerismo y no oculta su sintonía con las críticas de Cristina Kirchner a la Justicia. Es una de las juezas que denunció presiones del macrismo, por radio primero y después en la Justicia y se suma a la idea del lawfare.

Gemignani enseguida chocó con ella. La razón fue porque el juez ordenó un inventario sobre unos monitores que Julio de Vido le entregó a la Casación. La funcionaria a la que le encargó la tarea se negó y Gemignani la mandó a detener. Todo el asunto escaló y terminó con una denuncia contra el juez por violencia de género que le mereció una sanción del Consejo de la Magistratura.

El escándalo se reeditó esta semana cuando Gemignani volvió a desacreditar a sus colegas femeninas al escribir en el chat interno de jueces: “Feliz día delincuentes” en el Día de la Mujer. Se ganó otra denuncia en el Consejo de la Magistratura, que busca abrir otra vacante en la Casación. De mínima se pude ganar una sanción, que se sumaría a la anterior.

En 2016 llegó por traslado Carlos Mahiques, ex ministro de María Eugenia Vidal, juez de la Casación nacional y que revalidó su acuerdo del Senado para la Casación Federal.

Y en 2018 llegó por concurso Guillermo Yacobucci, de indiscutida seriedad académica, aunque resistido por el kirchnerismo. Es tan objetivo que le puede dar la razón hasta a los que no piensan como él.

Integra la tercera generación de la Cámara de Casación, con la que se conformó el tribunal, ya sin vacantes, junto con Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, y Javier Carbajo. Los tres últimos jueces de la vereda del medio, con historia en los tribunales y experiencia en el derecho penal. Sin partidismos, se reconocen como judiciales. Cristina Kirchner colocó a Petrone, a cargo de la última audiencia por el caso del dólar futuro, como la encarnación del Poder Judicial del lawfare.

El término casación tiene su origen en la expresión latina cassare y en la francesa casse que implica romper. Los tribunales de casación lo que hacían en su origen era romper las sentencias que no eran dictadas según la ley. Hoy combinan esas facultades de revisión de sentencias, con las de unificar criterios jurídicos (el útimo plenario fue hace 15 años) y la política juega con ellos o algunos de ellos juegan a la política, mientras disputan sus internas, que en ocasiones, salpican fuera del tribunal.

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