Caso Cuadernos: la Cámara de Casación sacó a Angelo Calcaterra del juicio por coimas

La Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, evitó que el empresario de la construcción Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, sea juzgado en el caso de los cuadernos de las coimas, al sostener que su caso debe ser analizado por la justicia federal electoral y no en un juicio oral.

Según los camaristas, los pagos de Calcaterra deben ser interpretados no como sobornos para mantener sus obras, sino como aportes para la campaña electoral que no fueron declarados. La medida se extiende al otro ejecutivo de la empresa Iecsa, Héctor Javier Sánchez Caballero, pero el criterio podría beneficiar también a imputados de otras compañías.

De hecho, los mismos jueces decidieron en otro fallo analizar si corresponde aplicar el mismo criterio sobre otros tres empresarios que admitieron haber hecho aportes de dinero a funcionarios del kirchnerismo. Son Armando Loson, Hugo Dragonetti y Jorge Balán. De prosperar estos pedidos, el juicio por los cuadernos de las coimas podría quedar vaciado de empresarios y solo serían juzgados Cristina Kirchner y sus exfuncionarios.

Desde hace dos años se habla en círculos políticos, empresarios y judiciales de encontrar una solución para los hombres de negocios que admitieron ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio haber efectuado pagos al kirchnerismo en el caso de los cuadernos, según supo LA NACION. Hubo operadores judiciales del macrismo, que pasan los gobiernos y siguen tejiendo redes, que sondearon alternativas, sin éxito, durante la gestión de Cambiemos, y otros que intentaron llegar al gobierno de Javier Milei con esta preocupación.

Se barajó la idea de proponer al tribunal oral una “reparación integral” del daño, de modo de que haciendo un aporte económico se extinguiera la acción penal, pero la idea no prosperó. Era una especie de probation. El actual ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, era entonces abogado de Hugo Eurnekian, sobrino de Eduardo Eurnekian, y sondeó la posibilidad de una solución por el estilo, pero no tuvo buena acogida, dijeron funcionarios judiciales al tanto de esa conversación. Finalmente prosperó su estrategia de defensa, que fue afirmar que el dinero era un aporte de campaña y logró que el caso de su cliente quede en el juzgado de la jueza federal con competencia electoral María Servini.

El argumento general que giraba en las conversaciones de la época era que la causa de los cuadernos atrapaba a los principales empresarios, dueños de las fortunas de la Argentina y de la obra pública, y que eso era un “lujo” que no podía darse el país en ese momento.

En el fallo de este miércoles, los jueces Barroetaveña, Mahiques y Petrone decidieron: “Hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa particular de Ángel Jorge Antonio Calcaterra y de Héctor Javier Sánchez Caballero, casar la decisión recurrida, declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 con competencia electoral para intervenir en los hechos que se imputan en la presente causa a los nombrados”. Derivaron así el caso al juzgado de Servini.

El caso de los cuadernos de las coimas se inició por una investigación del diario LA NACION que reveló la anotaciones de Oscar Centeno, exchofer del Ministerio del Planificación Federal, sobre su paso por despachos oficiales y empresas para llevar y traer sobornos. En algunos casos, sus viajes terminaban en el departamento de Cristina Kirchner, en Recoleta, donde de acuerdo con los testimonios, los bolsos eran recibidos por su secretario, el fallecido Daniel Muñoz. En su momento, la Justicia le detectó al exsecretario de los Kirchner más de 110 propiedades en la Argentina y unos US$70 millones en inmuebles en los Estados Unidos. Si el dinero surgió de esos bolsos, no fue destinado a ninguna campaña.

Cristina Kirchner está acusada de 27 hechos de coimas y como jefa de una asociación ilícita. Junto a ella, los principales acusados son los exfuncionarios De Vido, Baratta, José López y el chofer Centeno, el financista Ernesto Clarens y los empresarios Calcaterra, Carlos Wagner (extitular de la Cámara Argentina de la Construcción) y Néstor Otero (el concesionario de la terminal de micros de Retiro), entre otros.

Algunos de los empresarios declararon como arrepentidos en el caso de los cuadernos y admitieron haber efectuado pagos a los funcionarios del kirchnerismo. Calcaterra declaró el 6 de agosto de 2018 y admitió pagos, pero dijo que Roberto Baratta le exigió dinero para las campañas del kirchnerismo de 2013 y 2015, cuando la empresa Iecsa atravesaba momentos complicados por su situación económica. Admitió que los pagos fueron como se dice en los cuadernos, aunque por montos menores a los que figuran en las anotaciones del exchofer Oscar Centeno.

Iecsa fue adquirida en 2017 por Marcelo Mindlin, junto a su hermano Damián y los ejecutivos de confianza Gustavo Mariani y Ricardo Torres. Una vez formalizada la compra, se desplazó a Sánchez Caballero como CEO de la empresa por las investigaciones que pesaban en su contra. La firma es investigada en la justicia en otro expediente, la causa de Odebrecht, por el pago de coimas por el Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

En el caso de los cuadernos, Calcaterra dijo que los pagos se hicieron en el garaje del Hotel Hilton, sito en Macacha Güemes 307, en Puerto Madero, los días 1° de octubre de 2013, 30 de junio de 2015, 13 de julio de 2015 y 4 de agosto de 2015; y en Manuela Sáenz 323, los días 11, 17, 18 y 25 de septiembre de 2013, el 16 de julio 2013, 1° de agosto de 2013, 22 de octubre de 2013, 28 de mayo de 2015, 18 de agosto de 2015, 14 de septiembre de 2015 y 21 de octubre de 201”. Esas entregas de dinero “eran aporte para las campañas electorales”, afirmó.

Explicó que las sumas de dinero entregadas en el año 2013 se vincularon con el proceso eleccionario llevado adelante ese año, siendo que las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se concretaron el 1° de agosto de 2013 y las elecciones de legisladores el 27 de octubre del mismo año” y que las entregas de dinero del año 2015 “ tuvieron que ver con las Elecciones Primarias del 9 de agosto y las Presidenciales del 25 de octubre del mismo año”.

En la causa se acreditó que una parte de ese dinero recolectado por Baratta y Lazarte fue destinada a la línea política manejada por Juan Manuel Abal Medina, entonces jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, y su secretario Martín Larraburu, quienes colectaban dinero para campañas electorales.

La defensa recordó que ya hubo tres casos de otros empresarios que en 2022 fueron beneficiados por el juez Julián Ercolini con un fallo similar. Manuel Santos Uribelarrea, el mencionado Hugo Eurnekian y Alejandro Ivanissevich declararon que hicieron donaciones para las elecciones que no quedaron registradas y sus casos pasaron a la justicia electoral, donde no fueron sancionados.

En esta causa, la jueza Servini le pidió a los jueces del Tribunal Oral Federal N°7 que se inhiban de hacer el juicio y le manden el tramo que involucra a Calcaterra. Pero los jueces lo rechazaron, con el mismo criterio que sostuvo la fiscal Fabiana León. Contra ese fallo, la defensa del empresario fue a la Cámara de Casación, que en diciembre del año pasado decidió abrir la queja y tramitarla.

Hubo audiencias donde los acusados argumentaron y el fiscal Raúl Pleé se opuso a mandar la causa a la justicia electoral, a sabiendas de que era un camino hacia la impunidad. Calcaterra llegó a la etapa de juicio procesado por cohecho activo, es decir el pago de coimas, reiterado en 16 oportunidades.

Los jueces Mahiques, Barroetaveña y Petrone dijeron que nunca se investigaron los dichos de Calcaterra acerca de que era plata que le pedía Baratta para la campaña, y que hay que valorar que esas afirmaciones fueron espontáneas. Mencionaron que las fechas de pago coinciden con las campañas electorales y que las declaraciones Abal Medina y Larraburu coinciden con las de Calcaterra.

Los jueces, así, decidieron mandar el asunto a la justicia electoral “con el objeto de alcanzar una más rápida y mejor administración de justicia que, a su vez, sea compatible con principios de orden constitucional y convencional”. Diego Barroetaveña fue el autor del voto que sintetiza los argumentos, sus colegas Mahiques y Petrone adhirieron. Barroetaveña firmó el fallo y partió rumbo a los Estados Unidos.

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