La Cámara de Casación pidió las causas por violencia de género iniciadas contra el juez Hornos

La Cámara Federal de Casación Penal se reunió este lunes de urgencia para debatir la situación de uno de sus integrantes, el juez Gustavo Hornos, quien fue denunciado por una expareja suya por una situación de violencia de género.

Los presidentes de las salas de la Cámara Casación resolvieron pedirle a los jueces que investigan el caso contra Hornos que les envíen todos los antecedentes de la denuncia y sus actuaciones. El próximo jueves se reunirán en un plenario para decidir si informan del asunto al Consejo de la Magistratura, pues ellos no pueden sancionar, sino que es ese organismo el que decide sobre esos asuntos.

Los jueces resolvieron solicitar los expedientes de la denuncia de una joven expareja del juez y manifestaron que lo hacían por la “preocupación institucional” que generan los “hechos de público conocimiento” relativos al juez Hornos.

Fue determinante en la decisión de los jueces el hecho de que Hornos está “imputado” y en que hubo otras situaciones anteriores vividas en tribunales que los llevaron a querer anticiparse a una seguidilla de denuncias, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

El Consejo de la Magistratura es el organismo que se encarga de remover y nombrar jueces, y es quien tiene la facultad para eventualmente suspender al juez Hornos en sus funciones hasta tanto finalice la investigación.

En tanto, Hornos es uno de los tres magistrados que debe votar acerca de si confirma o anula la sentencia contra el expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión. La expresidenta recusó hoy al juez y pidió que se aparte de la causa por cuestiones de género.

La reunión de este lunes en la Casación se realizó sin la presencia de Hornos y fue convocada por el presidente del tribunal, Mariano Borinsky. Estuvieron presentes Javier Carbajo, por la sala de Hornos; Ángela Ledesma, Diego Barroetaveña y Juan Carlos Gemignani.

Los expediente que pidieron se encuentran en el juzgado civil N°12, a cargo de Paula Marinkovic, y en el juzgado federal interinamente a cargo de Sebastián Ramos. Allí, en la justicia federal penal, la causa está delegada en la fiscalía de Guillermo Marijuan.

Originalmente, el caso estaba en manos del juzgado criminal N°17, a cargo de Alfredo Godoy, pero fue derivado al fuero federal. Ese cambio, más las publicaciones periodísticas sobre el episodio, determinaron la reunión de los presidentes de Sala de la Cámara de Casación, en lo que se denomina un acuerdo de superintendencia.

Hornos estaba en su despacho cuando Carbajo lo fue a ver para decirle que no era conveniente que asistiera y que él iba a representar a la Sala IV en el acuerdo, que se hizo en otra oficina más grande, a pocos metros de allí.

Los camaristas estuvieron reunidos a puertas cerradas menos de una hora. Allí debatieron sus opciones. Como no son ellos los que juzgan a sus pares, sino el Consejo de la Magistratura, decidieron primero informarse y pedir las actuaciones relevantes en cuanto a Hornos.

En la conversación primó la idea de que debían actuar de inmediato para evitar que se amplíe el suceso, dado que existieron en el pasado otros episodios relacionados con empleados de la vocalía del juez que se quejaron de algunas conductas del magistrado y consiguieron su traslado. Incluso, el asunto pasó a mayores cuando le rayaron el auto al juez como un mensaje, a modo de advertencia.

Los jueces recordaron que ya en 1987 hubo una denuncia por violencia doméstica planteada por al exesposa de Hornos, en un caso en el que fue sobreseído.

La recusación de Cristina

Ahora, Cristina Kirchner, que está condenada a seis años de prisión por fraude, planteó la recusación de Hornos. Es que el juez, junto con sus colegas Borinsky y Barroetaveña, deben revisar esa condena.

El fiscal ante la Casación Mario Villar pidió elevar la condena a 12 años de prisión, agregando al delito de asociación ilícita. Hornos estaría de acuerdo con esta idea. Borinsky se inclinaría por mantener la pena de seis años. No se sabe que hará Barroetaveña.

El fallo por la causa Vialidad no se firmó. El voto de Hornos estaría escrito, pero si no se integra con los de sus colegas no conforma una sentencia, por lo que se si es suspendido en sus funciones, otro juez deberá integrar la sala y resolver.

Lo primero que debe suceder ahora en el caso Vialidad es que Borinsky y Barroetaveña decidan si admiten no la recusación de Hornos que planteó Cristina Kirchner. Y lo segundo es que debe definirse el futuro del magistrado en el plenario del jueves próximo y, eventualmente, en el Consejo de la Magistratura.

El abogado Alberto Beraldi, que representa a Cristina Kirchner, ya había intentado sin éxito apartar a Hornos por sus visitas al expresidente Mauricio Macri en la Casa Rosada. Y ahora volvió a la carga, pero mencionando esta denuncia.

“Resulta imprescindible que la injusta condena impuesta a la expresidenta de la Nación sea revisada por magistrados que cuenten con una sólida formación en materia de género y, por sobre todas las cosas, que ofrezcan ante toda la sociedad garantías suficientes en cuanto a que su conducta se ajusta estrictamente a los estándares fijados por la comunidad internacional con relación a los derechos de las mujeres”, dice el escrito de Beraldi.

La acusación contra Hornos

Hornos fue denunciado por una expareja que hizo una exposición ante la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema. A partir de ello, la justicia civil dispuso que no puede acercarse a la mujer a menos de 200 metros y que debe cesar en su “hostigamiento”.

La denunciante es una mujer que mantuvo una relación sentimental con el juez los últimos meses. El magistrado, que tiene nueve hijos, está separado desde hace cuatro años de su mujer. En el nuevo caso hay una causa civil y una penal. Fuentes cercanas al juez indicaron que la denunciante habría mencionado en su presentación que fue víctima de “tocamientos” en la zona genital y que estaba tomando una medicación, con lo que no pudo consentir la relación sexual.

Ante la presentación de la mujer en la Oficina de Violencia Doméstica, la jueza civil Paula Marinkovic dispuso “ordenar por el plazo de 90 días y en carácter de medida precautoria, la prohibición de acercamiento y contacto de Gustavo Marcelo Hornos, en un radio inferior a 200 metros” de la denunciante y del domicilio de ella. La medida incluye el cese de “todo tipo de contacto físico, telefónico, de telefonía celular, de correo electrónico, por vía de terceras personas y/o por cualquier medio que signifique intromisión injustificada con relación a la denunciante”.

Asimismo, señala que debe “cesar en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la denunciante, bajo apercibimiento de remitir las fojas pertinentes de las actuaciones a la justicia penal”.

Según allegados al juez, Hornos fue denunciado por esta expareja luego de que este decidió interrumpir el vínculo y sugerirle que hiciera un tratamiento psiquiátrico. Supuestamente la mujer llamaba a los tribunales permanentemente, incluso haciéndose pasar por Cristina Kirchner, y hostigaba además a hijos del juez en sus cuentas de las redes sociales. La actividad de la mujer es tan evidente que hay cámaras de seguridad que la grabaron en la puerta de los tribunales, dijeron fuentes judiciales.

En el entorno de Hornos mencionaron que en las semanas previas hubo una sugerencia de la denunciante acerca de que “le haga una propuesta” para dejar de llamarlo y que a esa cuestión se sumó un “resentimiento” por haber cortado el vínculo sentimental.

A la hora de declararse incompetente, el juez de instrucción Alfredo Godoy enumeró varios hechos de violencia de género En uno de ellos, posiblemente el 16 de junio, Hornos habría visitado a la denunciante en su casa y estaba cursando un post operatorio por una intervención quirúrgica que tuvo en el útero. Hornos se habría quitado los pantalones y tocado en su vagina, lo que le habría causado una hemorragia.

En otra ocasión, tras un reclamo por celos, le habría dicho “yo soy juez y tengo más poder”. El 18 o 24 de agosto, además, Hornos habría enviado a un amigo suyo a “diciéndole [a la denunciante] que la iban a filmar y la iban a enterrar” si lo denunciaba.

Otro hecho mencionado por el juez Godoy ubica a la pareja, en 2015, en un restaurante. Según la denunciante, estaba tomando Rivotril con vino en la cena, por lo que se sintió mareada y no pudo consentir tener relaciones con el juez, cuando la llevó a su casa.

Asimismo, se mencionó que en otra ocasión el juez le habría exhibido un arma cuando ella demoraba en irse de la casa del magistrado. Otro episodio que menciona Godoy habría ocurrido cuando, después de consultar a una psicóloga por las situaciones que vivía con el magistrado, le habría hecho saber a Hornos que el consejo de la profesional había sido realizar una denuncia. Al decírselo, Hornos la habría amenazado con que iba a tener problemas. Supuestamente le dijo que tenía “un ministro de la Corte que es amigo” y que lo salvaría.

Godoy, a pedido del fiscal, se declaró incompetente y envió el caso a la justicia federal, porque entendió que los hechos denunciados no son “exclusivamente de la esfera de la vida privada” del juez, sino que “comprometerían su desempeño como funcionario de la Cámara Federal de Casación Penal”. En este mismo entendimiento es que sus colegas hoy se reunieron para discutir su caso.

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