La Cámara de Casación le puso fecha a la audiencia en la que analizará si reabre el caso Hotesur-Los Sauces

La Cámara Federal de Casación Penal fijó fecha para la audiencia en la que comenzará a analizar los sobreseimientos dictados el año pasado a Cristina Kirchner, sus hijos y el resto de los involucrados en el caso Hotesur-Los Sauces por lavado de dinero.

La Sala I del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, llevará adelante una “audiencia ordenatoria” el 4 de octubre; después, el 10 y el 22 del mes siguiente , escuchará los argumentos del fiscal Mario Villar, quien se opone al cierre del caso e interpuso un recurso . Ayer, los jueces rechazaron apartar de la causa a la jueza del Tribunal Oral Federal 5 Adriana Paliotti, quien votó en contra del sobreseimiento el año pasado y fue recusada por la defensa de Cristina Kirchner.

Esta tarde, en su alegato del juicio por la causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani se refirió a los sobreseimientos de Hotesur-Los Sauces. Dijo que el fallo que favoreció a Cristina Kirchner se trató de “una extraña y llamativa decisión” que no está firme y que podrá revisarse “gracias al rol del Ministerio Público”; es decir, de los fiscales. Luciani dejó claro que él no compartía los argumentos de los sobreseimientos y elogió a dos fiscales que impidieron que el cierre adquiriera carácter de definitivo: Diego Velasco y Villar.

Lavado de dinero

Según los fallos judiciales que dieron por acreditados los hechos en primera instancia, en la causa Hotesur se demostró la existencia un entramado diseñado para blanquear las ganancias que obtuvo Lázaro Báez a través de la adjudicación irregular de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Toda causa de lavado de dinero requiere un “delito precedente”; en este caso, es la presunta estafa a las arcas públicas que se investiga en la causa Vialidad, en plena etapa de alegatos.

Cuando firmaron los sobreseimientos, los jueces del TOF 5 Adrián Grünberg y Daniel Obligado dijeron que no se configuró el delito de lavado de dinero porque los fondos que según la fiscalía se habrían lavado nunca fueron dinero negro: provenían de contratos con el Estado. Este había sido uno de los principales argumentos de la defensa de Cristina Kirchner. Además, los jueces dijeron que cuando comenzaron a cometerse los hechos investigados, en 2008, regía una ley que no penaba el autolavado y que esa es la norma que debe aplicarse en toda la causa por ser la más benigna. El autolavado fue considerado delito recién en 2011.

La jueza Palliotti, en cambio, dijo que la prueba recabada y los hechos debían ser confrontados en un debate oral y público. “El único ámbito para discutir la totalidad de los planteos formulados por los defensores resulta ser, inexorablemente, el debate oral, público, contradictorio y continuo”, dijo la jueza, que ayer fue ratificada al frente de la causa y seguirá integrando el Tribunal en caso de que el juicio oral tenga que llevarse adelante.

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