La “caja” de la política: los fondos fiduciarios destinaron miles de millones de pesos al pago de consultorías y “servicios profesionales” desde 2016
El fideicomiso que controla Juan Grabois destinó más de $889 millones en 2022, según el relevamiento contable que completó LA NACION en base a pedidos de acceso a la información
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Los fondos fiduciarios destinaron miles de millones de pesos a contratos de consultoría y otro servicios profesionales y técnicos durante los últimos años, según surge del relevamiento de decenas de estados contables de esos fondos que completó LA NACION tras presentar pedidos de acceso a la información pública ante tres áreas distinta del Estado nacional durante los últimos dos meses.
Esos estados contables reflejan que los fondos fiduciarios gestionan dinero de las arcas oficiales en base a reglas propias, distintas a las que rigen para toda la administración pública. Se caracterizan por una opacidad notable, disparidad informativa, prácticas de triangulación y una gratuidad sólo aparente.
Creados en los ‘90 como partidas presupuestarias que debían destinarse a resolver fines específicos –afrontar dramas excepcionales o atender una emergencia de una actividad específica o en una zona acotada del país-, los fondos fiduciarios se convirtieron con el pasar de los años en la gran caja de la política. Hoy mueven entre 8000 y 10.000 millones de dólares al año, lo que representa cerca de 2 puntos del producto bruto interno (PBI).
Las cifras son, sin embargo, estimativas. Los datos consolidados más recientes llegan a septiembre de 2023, y los responsables de muchos de esos fondos retacean información contable y de gestión, incluso a los organismos que los supervisan o que deben controlarlos como la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (Sigen) o la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Esa opacidad lleva a que, por ejemplo, resulte casi imposible determinar quiénes integran sus consejos de administración, cuántos empleados tienen y cuánto cobra, qué obras o tareas concretas desarrollan, qué consultoras, universidades o empresas contrató cada fondo y como se definió cada contratación, o cómo alocaron las partidas y por qué, entre otras variables.
La disputa por el control de esos fondos representó, en ese sentido, un punto de quiebre en la votación en particular del proyecto de ley ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso, que se negó a aprobarle el inciso “h” del artículo 4 del texto. Es decir, le negó la facultad de “transformar, modificar, unificar o eliminar […] fondos fiduciarios públicos”.
Para la Casa Rosada, el rechazo legislativo reflejó cómo la “casta” política se niega a ceder prebendas y “cajas”, mientras que referentes de partidos con representación en el Congreso replicaron que aprobar esa facultad hubiera significado darle a Milei una herramienta para que apriete a aquellas provincias y municipios que no se plieguen a sus deseos.
Pero, ¿qué ocurre dentro de los fondos fiduciarios? La información contable que la Secretaría de Hacienda y el Banco de Desarrollo Argentino (BICE), entre otros, entregaron a LA NACION durante las últimas semanas en base a los pedidos de acceso a la información pública, permite atisbar algunos rasgos de sus operaciones.
Entre esos rasgos se destaca la disparidad informativa. ¿Un ejemplo? Mientras que los responsables del Fondo Federal de Infraestructura Regional llegaron a detallar en 2016 entre sus gastos de capital la compra de una calculadora Olivetti por 2160 pesos, el Fondo Para la Promoción de la Economía del Conocimiento, que gestionó casi $1400 millones durante 2022, sólo consignó de manera genérica que destinó casi $30 millones a “servicios técnicos y profesionales”.
Esa disparidad informativa se repite, incluso, en algunos fondos fiduciarios al comparar años distintos. ¿Un ejemplo? Junto a sus números de 2016, el Fondo de Infraestructura Hídrica presentó un “detalle de transferencias de capital” con tres de carillas de datos sobre 68 obras de todo el país a las que transfirió más de $2020 millones, lo que permite corroborar que las represas Kirchner y Cepernic fueron las que más dinero recibieron del fondo ese año, por más de $904 millones. Pero cuatro años después, ese mismo Fondo se limitó a informar que transfirió $31.056 millones a las provincias, sin detallar las obras o las provincias receptoras.
La documentación analizada permite corroborar, además, que algunos fondos funcionan como poco más que una escala en el recorrido de las partidas, como el fondo del Sistema de Infraestructura de Transporte. Registró ingresos corrientes por $347.910 millones durante 2022 y giró $187.000 millones corrientes (más otros $69.170 millones de capital) a concesionarios, contratistas y petroleras, y otros $57.548 millones a las provincias. Dato adicional: durante los primeros nueve meses de 2023, esas transferencias subieron a $417.398 millones.
Los registros contables muestran, también, que varios fondos son fuertes tomadores y tenedores de deuda, práctica que se acentuó durante la presidencia de Alberto Fernández. Así, el creado para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), por caso, destinó $500.004 millones a la “adquisición de títulos y valores” y casi $29.000 millones a “otros activos financieros” en 2022, año en el que no consta que haya completado transferencia alguna.
Aunque exigua, la rendición de cuentas también ofrece indicios sobre algunas prácticas recurrentes entre quienes gestionan los fondos. Ninguno consigna empleados, o pago de remuneraciones, pero muchos destinan fortunas a los rubros “servicios básicos” y “servicios técnicos y profesionales”. Es decir, consultorías, asesoramientos y otras variantes.
En 2020, por ejemplo, el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal informó gastos corrientes por $1490 millones, de los que destinó $115,2 millones al rubro “servicios técnicos y profesionales”. Y en 2021, los fondos de Servicio Universal y de Desarrollo Productivo (Fondep) consignaron 322,2 millones y 347,9 millones de pesos, respectivamente, en ese rubro.
Los números más altos por “servicios técnicos y profesionales” corresponden, sin embargo, a los fondos de Integración Socio Urbana (FISU) y para el Manejo del Fuego, que durante 2022 destinaron 889 millones y 4933,8 millones, respectivamente, según consta en los estados contables que analizó LA NACION.
¿Qué puede abarcar ese rubro? Entre otras opciones, la contratación de abogados, ingenieros, arquitectos, informáticos, contadores y otros profesionales o técnicos especializados que asesoraron a quienes gestionan los fondos fiduciarios, como también el pago a firmas privadas o universidades para que auditaran o controlaran la ejecución de las partidas.
“Otra variante que suele darse dentro de ese rubro es que un miembro del directorio sea abogado, por ejemplo, y contrate a su estudio jurídico para tareas de asesoramiento para de ese modo cobrar honorarios por vía indirecta”, explicó un ex presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, ante la consulta de LA NACION.
El FISU registra otra particularidad. Un año antes, 2021, había destinado cero pesos al pago de “servicios técnicos y profesionales”, pero terminó por girar $139,5 millones al rubro “servicios básicos” –es decir, de telefonía, gas, electricidad, cable, agua-. Representó el monto más alto para ese rubro entre todos los fondos. Sólo el de Desarrollo Productivo (Fondep), registró en 2020 un monto que puede rivalizar ($92,2 millones), si se lo actualizara por inflación.
Envueltos en una controversia por el FISU, tanto la responsable de ese fondo fiduciario durante los últimos años, Fernanda Miño, como Grabois negaron cualquier irregularidad o “choreo” y sostuvieron que desde el Gobierno buscan ensuciarlos. Por su parte, el nuevo secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, dijo que ordenó una auditoria interna sobre la gestión y ejecución del fondo, que habría llegado a emplear a 600 personas cifra que se habría reducido a 450 durante la etapa más reciente, pero que hasta el momento no tenía conocimiento de irregularidades.
Los datos llamativos, mientras tanto, se acumulan, incluso entre los fondos con partidas más acotadas. El destinado a la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAC) detalló ingresos corrientes por $850 millones, pero giró apenas $80 millones al sector privado durante 2022, período en el que se abocó más a incrementar sus disponibilidades ($627 millones) y otorgar préstamos de largo plazo ($263 millones).
El fondo más pequeño de todos, en tanto, es el de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata. Tuvo ingresos corrientes por $23,9 millones en 2022, cuando destinó una partida de sólo $2,7 millones para ayudar en el “sector privado”. Pero durante ese mismo período gastó 3,3 veces más en el rubro “servicios técnicos y profesionales”: $9,6 millones.
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